A fines de la década de los ochenta, el mapa de las telecomunicaciones en Latinoamérica era parejo. Se caracterizaba por la existencia de monopolios estatales, que además de cumplir la función de operadores de servicios, funcionaban como reguladores del mercado.

Este monopolio gubernamental posibilitó en algunos países económicamente desarrollados, la extensión del servicio a amplios sectores de la población; en cambio, en otras regiones, como el caso latinoamericano, debido a sus características políticas, económicas y sociales, vieron frenada la expansión de este servicio público, esencial, sobre todo, en el área rural.

En la última década, este sector —que requiere para su desarrollo y crecimiento de grandes inversiones— se ha convertido en un motor fundamental para el crecimiento de las economías locales de varios países del mundo.

La incapacidad económica-financiera de la mayoría de los gobiernos de la región para invertir en el desarrollo de redes modernas de telecomunicación, así como la necesidad de contar con amplias y modernas infraestructuras en telecomunicaciones; descubrieron un problema que se debía afrontar no sólo en el nivel político, sino también en los niveles social y sindical. Para enfrentar este obstáculo, en un mundo más globalizado, se impuso la privatización de sectores casi sagrados, entre ellos las telecomunicaciones, lo que dio pie a una ola privatizadora a lo largo del globo terráqueo.

Caso latinoamericano

En Latinoamérica, este proceso de privatización y liberalización se ha caracterizado por el creciente “desembarco” de multinacionales europeas y estadounidenses. En el caso de las firmas del Viejo Continente, las que gozan de mayor presencia son: Telefónica de España, France Telecom, de origen francés, y Stet, de Italia.

A su vez, las compañías norteamericanas se han mantenido muy activas en la región, en busca de ese mercado latinoamericano en constante crecimiento, sobre todo en términos de telefonía celular, y de un importante volumen de tráfico de llamadas internacionales, que se produce entre ambas partes del continente.

 

La pionera en este caso fue GTE, que adquirió hace más de 30 años la operadora estatal de la República Dominicana, Codetel. Esta multinacional —GTE— está presente también en Venezuela, donde controla la gestión de CANTV, y desde 1993 ofrece telefonía celular en Argentina, mediante su participación en CTI.

Bell South, por su parte, comenzó su estrategia desde el mercado celular de Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay y Panamá. A partir de enero de 1997, también en Perú, con la adquisición del 58,7% de Tele 2000. El asentamiento de las Bell, que comenzó en torno a la telefonía móvil en Chile y México, ha continuado con su incorporación a otros segmentos de mercado como larga distancia, transmisión de datos o televisión por cable.

Mientras tanto, AT&T, MCI y Sprint han actuado tradicionalmente en la zona como proveedores de servicios de larga distancia internacional. ATT participa de forma directa o a través de su filial, operando redes móviles en Colombia, Ecuador, México, Argentina y Venezuela. A su vez, ATT también tiene una participación en Venezuela en telefonía y una licencia en México.

En tanto, las multinacionales MCI y Sprint, amparadas en sus respectivas alianzas estratégicas, están defendiendo sus intereses como operadores globales en el continente americano. MCI y Sprint disponen de licencias de servicios de larga distancia en México para ofrecer distintos servicios transfronterizos.

La oferta mundial duplicaba el número de compradores y las compañías centroamericanas no eran las más atractivas, por esa razón el proceso de privatización ha durado mucho más tiempo en llevarse a cabo. Una de las razones por las cuales no son tan atractivas es que poseen tasas muy bajas en líneas por habitantes, por lo que eran empresas casi inexplotadas.

Ocho empresas internacionales estaban calificadas para la subasta de la empresa de telefonía en el Salvador: France Telecom (Francia), Bell South, Southwestern, GTE y Motorola (Estados Unidos), Telia (Suecia), Telmex (México) y Telefónica de España. De estas ocho empresas, la última fue la que ganó dicha subasta.

La empresa más grande de América Central, según la revista América Economía, es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que maneja también las telecomunicaciones, la cual sigue en poder del Estado. La privatización de las empresas públicas en Costa Rica resulta un tema extremadamente controversial, aunque ya se tomó la decisión de privatizar la empresa en meses pasados. Recientemente se registraron fuertes disturbios sociales y protestas, en rechazo a la privatización, en el vecino país del sur.

La privatización más exitosa de la región centroamericana ha sido en Panamá, país que logró colocar siete empresas públicas por un monto cercano a los 850 millones de dólares. El precio más alto se logró por la telefónica, vendida a la británica Cable and Wireless, por 652 millones.

Por su parte, Telefónica de España ha tenido gran presencia en las privatizaciones de las Operadoras Públicas en Latinoamérica, inició en 1989 con la entrada en Entel Chile, continuando en 1990 con la participación en CTC y Telefónica Argentina. Además, tiene participación en CANTV y en una compañía de larga distancia (TLD) en Puerto Rico y otras representaciones en Colombia, Perú, Argentina, y una de las más importantes, Brasil.

En total, Telefónica Internacional gestionaba a finales de 1996 alrededor de 10,3 millones de líneas en servicio, contando con 985.000 abonados móviles y más de un millón de abonados de CATV.

 

 

 

©2000 Fundación internacional para el desafío económico global