El "boom" de los hoteles y de los casinos está sobre el tapete del debate público, sobre todo después del pasado 26 de mayo, fecha en que el casino Pharaohs abrió sus puertas al público, con la presencia de diversas personalidades del sector empresarial y gubernamental, entre ellos el Vicepresidente del Instituto Nicaragüense de Turismo, Licenciado Ausberto Narváez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa apertura viene acompañada de varios hechos relevantes. Por una parte, el renacimiento de un local que durante un buen tiempo mantuvo apariencia de abandono y que en cuestión de tres meses y con una inversión de 350,000 dólares recobró vida. Y por otra, una intensa campaña publicitaria y de relaciones públicas.

Sin embargo, lo más sorprendente en este "boom" de casinos y night clubes estriba en que el marco jurídico para regular su funcionamiento es precario, ya que sólo descansan en las normas establecidas por la Ley 228, las cuales sólo establecen los requisitos formales que debe cumplir el propietario para conseguir una licencia de operación.

"El Instituto de Turismo está trabajando al respecto", declaró el Licenciado Ausberto Narváez, Vicepresidente de INTUR, refiriéndose a un proyecto de normativa para casinos, el cual dijo que podría estar preparado en un par de meses. Mientras tanto, ¿quién le pone el cascabel al gato?

Por el momento, la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional es la facultada para otorgar licencias de apertura de casinos y negocios similares. Su actuación se basa en las facultades que le otorga la Ley 228, la cual les autoriza para extender permiso de funcionamiento de todos los juegos donde se venden bebidas alcohólicas y hay juegos de azar.

El Subcomisionado Luis Barrantes, segundo jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional, aseguró que a partir de los años 90, con el cambio de gobierno, las autoridades de Gobernación y de otras instituciones fueron "flexibles" a la hora de examinar el cumplimiento de lo requerido por la ley, entre los que se disponían la prohibición de negocios ligados a juegos o bebidas alcohólicas a menos de 400 metros de distancia de colegios o iglesias.

"No se fue tan riguroso con la aplicación de ese decreto presidencial del año 79, por eso proliferaron muchos negocios que no estaban cumpliendo con ese decreto", dijo el jefe policial.

También explicó que aunque actualmente se trata de volver sobre los pasos y ser fieles cumplidores de la ley, el problema es que los negocios que podrían ser cuestionados, están abiertos legítimamente "y lo que se está estableciendo son exclusivamente regulaciones para que no entorpezcan las actividades de otras instituciones".

Por otra parte, afirmó que cuando han intentado oponerse a otorgar una licencia o permiso, los acusan de violar las libertades económicas de los propietarios. (Ver entrevista )

Por su parte, el Licenciado Narváez , dijo que el INTUR ve con buenos ojos negocios de ese tipo, siempre y cuando cumplan con la ley, con las normas de seguridad pertinentes, y se evite el acceso de los menores de edad, ya que son empresas de gran atractivo turístico para el visitante de negocio o de placer (Ver entrevista ).

Para definir las "reglas del juego", precisamente, anunció que están trabajando en la formulación de normativas referidas a casinos, a fin de reglamentar aún más cuáles son los negocios que se considerarán casinos, cuáles son las normas y requisitos que deberán llenar ante la ley, a fin de gozar de los beneficios fiscales establecidos en la Ley de Incentivos Turísticos, ya que actualmente sólo favorece a los casinos que operan en hoteles con más de 100 habitaciones. Uno de los pocos casos es Barceló Montelimar.

Sin embargo, otro caso en ciernes es el Hotel Hampton Inn, cuyas instalaciones incluye un casino y es considerado por INTUR como uno de los "grandes proyectos turísticos" que iniciarían sus operaciones en el presente año.

Este edificio fue comprado por los Seminoles, una tribu de indígenas norteamericanos con mucha experiencia en este tipo de negocios y que, al parecer, han mostrado interés de invertir en diversas áreas turísticas de nuestro país, entre ellas el Club Náutico Xiloá.

Además, se asegura extraoficialmente que han comprado grandes extensiones de tierras para la siembra de arroz, otro de sus negocios florecientes.

Narváez, por su parte, insistió en las ventajas de la futura normativa de casinos, ya que establecerá qué condiciones deben cumplir los casinos, hacia dónde irán los impuestos recaudados, y otros aspectos de interés.

Puesto que esta normativa estará amparada bajo una ley, aclaró, es de estricto cumplimiento. De tal manera que, "cuando hay un estricto orden, ni siquiera la Iglesia ha reclamado, porque ya son cosas bien controladas", refirió el funcionario de INTUR.

Nicaragua con cultura de casinos

El Casino Pharaohs, según aseguró Jean Paul Cárdenas, su Gerente General, pertenece a inversionistas norteamericanos de la empresa Hopewell Limited. Esta compañía tiene agencias de turismo en otros países del mundo y hasta ahora incursiona en el ramo de los casinos.

En una entrevista brindada a El Observador Económico, Cárdenas refrió que en Nicaragua existe cultura de casinos desde hace 30 ó 40 años, sin embargo, esto de ninguna manera significa que aquí hayan "profesionales" en la materia, "porque se supone que un jugador profesional vive del juego y nadie hace eso en realidad; los únicos que viven del juego somos nosotros, los que trabajamos en esto".

Y parte de ese profesionalismo es capacitar a los trabajadores utilizando parámetros internacionales, instalar sistemas de videos para seguridad del negocio y del cliente y un sinnúmero de medidas que los propietarios del Pharaohs tomaron en cuenta al iniciar este negocio.

Además, subrayó que en el Pharaohs no se permite la entrada a menores de edad ni que un cliente tome hasta ponerse ebrio. La idea, dijo, es que una persona legalmente habilitada para entrar al casino, de cualquier sexo o edad, sola o acompañada, encuentre ahí un lugar de esparcimiento en un ambiente completamente sano y seguro.

"Aquí no existe nada parecido a drogas, prostitución o algo que tenga que ver con sexo", recalcó. Incluso, refirió que se está gestionando para que la Policía realice inspecciones cuando lo desee, y se está gestionando la adscripción a AMCHAM (Cámara de Comercio Americana en Nicaragua), entre otras organizaciones de prestigio.

DEA sugiere regular esos negocios

Además del Pharaohs, en las últimas semanas han abierto sus puertas otros casinos, entre los que están Nicarao´s Casino. La mayoría de estos establecimientos se han colocado en las inmediaciones de la llamada "Zona rosa" de Managua y cerca de grandes hoteles como el Intercontinental Managua, donde han abierto y cerrado sus puertas infinidad de casinos.

En estos lugares de juegos, indistintamente, se asegura que se observan a empresarios, hombres de negocios extranjeros, ex altos oficiales del Ejército y otros, apostando sumas relativamente pequeñas. En cambio en otros sitios, donde también funcionan night clubes, se observan clientes regulares que juegan suman considerables de dinero, de acuerdo a fuentes consultadas.

En el Informe Anual sobre "El tráfico mundial de Drogas", elaborado por la Drug Enforcement Administration (DEA) y referido a 1999, se insiste -en el caso de Nicaragua y resto de Centroamérica-en la necesidad de aprobar e implementar mayores regulaciones a negocios como casinos, tarjetas de créditos, y casas de cambios, que son utilizados para el lavado de dinero.

En el caso de Nicaragua, esas regulaciones no están contempladas en la Ley de Estupefacientes y Sicotrópicos, que se encuentra vigente, pero que aún no se ha operativizado lo concerniente a la persecución del lavado de dinero, ya que le compete a la Procuraduría General de la República la conformación del equipo multidisciplinario encargado.

Por su parte, el Subcomisionado Barrantes, de Seguridad Pública de la Policía Nacional, dijo que es extremadamente difícil demostrar y probar operaciones ilícitas disfrazadas que se puedan realizar bajo la fachada de casinos, tal como sería el caso de prostitución.

"Lo que se hace es hacer visitas sorpresivas y si el negocio incumple con la ley se le amonesta. Luego se le aplican multas hasta llegar al cierre temporal o definitivo", dijo el jefe policial.

Por su parte, el Licenciado Narváez, del INTUR, declaró que él personalmente vio toda la estructura del casino Pharaohs durante su inauguración, "y me parece que cumple con todos los requisitos que podrían estar establecidos por la ley de casinos... no permiten el acceso a menores ni tampoco hay otro negocio disfrazado".

Asimismo aseguró que aunque la Ley de Incentivos no puede hacer nada en función de los negocios disfrazados ya establecidos, quizá una vez emitidas, las regulaciones los obliguen a tomar una de estas dos decisiones: adoptarlas o salir del mercado.

Y recapituló que aunque INTUR no está facultado para cerrar casinos que no se ajusten a las reglas, el Ministerio de Gobernación sí lo está. Pese a ello, existen algunas dificultades cuando se trata de enterar permisos.

El Subcomisionado Barrantes, al respecto, aseguró que contrariamente a los esfuerzos que actualmente realiza esta institución en pro del orden público, otras instituciones gubernamentales trabajan de manera aislada y de alguna manera obstaculizan el cumplimiento de la ley.

"Queremos aplicar lo que dicen las normas y decretos, pero más allá de nuestra voluntad deben concurrir otras, porque cuando (la Policía) niega un permiso de esa naturaleza conforme a los parámetros, vienen los interesados y señalan que no estamos permitiendo la libertad de comercio y la inversión pública o privada", argumentó.

El jefe policial recalcó que, según la ley, para obtener el visto bueno de instituciones como la Alcaldía o INTUR, primero se debe gestionar la aprobación de la Policía.

"Sin embargo, eso no procede de esa manera. Es al revés cómo funciona la cosa, la gente deja por último la autorización de la Policía y las otras instituciones, en materia de orden público no se interesan por cumplir lo que manda la ley", añadió.

Quizá éste sea uno de los motivos por los cuales el Subcomisionado Barrantes mantiene la categórica postura de que aún cuando se publique la normativa de casinos, la competencia de extender los permisos a dichos negocios, debe permanecer exclusivamente en poder de los uniformados.

 

 

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