La rueda marcha al revés en lo que concierne a la autorización de casinos y negocios regulados por la Policía Nacional, tales como night clubes, discotecas, etc. Según la ley, lo primero que deben buscar los propietarios es el permiso de las autoridades policiales, sin embargo, es el único que se busca, luego de conseguir el de la Alcaldía, Gobernación, etc. De esa situación se queja el Subcomisionado Luis Barrantes, Segundo Jefe de Seguridad Pública de la Policía Nacional.

"Si sólo la Policía niega el permiso, entonces queda como la mala de la película", comentó el jefe policial a El Observador Económico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué rol cumple la Policía Nacional en el tema de los casinos?

La Policía Nacional tiene dentro de las facultades que le otorga la Ley 228 de la PN, autorizar el permiso de funcionamiento de todos los negocios donde se venden bebidas alcohólicas y lo que son juegos de azar. Además de su autorización, su regulación.

De acuerdo de la normativa interna de la Policía, se establece que estos lugares deben estar a más allá de 400 metros de distancia de los centros religiosos, colegios. A partir de los años 90, con el cambio de gobierno, la Policía tuvo alguna flexibilidad en ese sentido y se autorizaban ese tipo de negocios de acuerdo a orientaciones de las autoridades superiores de Gobernación.

No se fue tan riguroso con la aplicación de ese decreto presidencial del año 79, por eso proliferaron muchos negocios que no cumplían con esa disposición. Hoy en día el clamor es que se cumpla con esa normativa, sin embargo ya son legítimamente establecidos y lo que se está estableciendo son exclusivamente regulaciones para que no entorpezcan las actividades de las otras instituciones.

Las reglamentaciones para los centros de juegos de azar están referidas a que no puedan entrar menores de edad, medidas de seguridad y de orden que ellos de manera particular deben implementar, además de seguridad en cuanto a infraestructura.

Pero, ¿ustedes tienen voluntad de aplicar las normas?

Nosotros queremos aplicar lo que dicen las normas y decretos, pero más allá de nuestra voluntad deben concurrir otras voluntades, porque cuando uno niega un permiso de esa naturaleza, vienen los interesados y señalan que no estamos permitiendo la libertad de comercio ni la inversión pública o privada.

La Alcaldía, por ejemplo, también debería asumir este mandato legal, que no es solamente de la Policía. Si otras instituciones otorgan el permiso y sólo la Policía lo bloquea, entonces la Policía es la mala. Y es una responsabilidad de todas las instituciones y todas la personas hacer que se cumplan las leyes, aquí nadie puede alegar ignorancia de la ley.

En ese sentido, la ley dice que para que te pueda autorizar la Alcaldía o Turismo, ellos requieren del resultado positivo de la Policía. Sin embargo, eso no procede de esa manera. Es al revés como funcionan la cosa, la gente deja por último la autorización de la Policía y las otras instituciones en materia de orden público no se interesan por cumplir lo que manda la ley.

Aquí seguimos rechazando los permisos que no cumplen los parámetros que establece la ley, pero cuando recurren de amparo no hay nada más que hacer. Se ha visto alguna flexibilidad en cuanto a que si ya se le otorgó permiso a uno porqué no se lo vas a otorgar al otro, si la misma Constitución te dice que todos somos iguales ante la ley.

¿Cuáles son los pasos que debe dar alguien interesado en abrir un negocio regulado por la Policía?

Primero se debe hacer la solicitud a la Policía Nacional, a la especialidad de Seguridad Pública, la cual está en la obligación de verificar si ese local cumple con los requisitos que establece la ley.

Ante nosotros tiene que estar constituida legítimamente la empresa, la persona natural o jurídica, debidamente registrada en el Registro de las Propiedades Inmuebles o de Comercio. Si es persona natural que se encuentre en pleno derecho de sus ejercicios. Cumpliendo con los requisitos, se resuelve positivamente la solución de permiso.

Pero, ¿se insiste en que los casinos son fachadas de negocios ilícitos, como el lavado de dinero?

Aquí nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Nosotros estamos referidos a garantizar el orden público en esos lugares, no podemos tomarnos atribuciones más allá de las que nos señala la ley. Habrá otras instituciones que tengan sus propias misiones y sus propias funciones sobre estos lugares, como (Ministerio de) Finanzas, Alcaldía, Ministerio de Salud.

INTUR dice que trabaja en una normativa de casinos, ¿a quién le corresponderá tomar la sartén por el mango?

Creemos que otorgar permisos debe seguir siendo una responsabilidad de la Policía por cuanto choca con el orden público y las otras instituciones no son tan preocupadas por el orden público. Sin embargo, eso no quiere decir que no vayan a cumplir con los requisitos de las demás instituciones del Estado.

 

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