Alejandro Serrano CalderaEl problema fundamental de Nicaragua es político e institucional. Lo es hoy y lo ha sido siempre. Dicho sea esto no para desconocer la gravedad de la situación económica y social, sino para señalar que sin un adecuado sistema jurídico e institucional que de confianza y seguridad, difícilmente puede alcanzarse la estabilidad necesaria. Y , en consecuencia, la solución apropiada a los demás problemas que enfrenta la Nación.

La legalidad y la institucionalidad ciertamente son condiciones para el desarrollo y la consolidación de la democracia. No obstante, esta afirmación debe ser analizada con sumo cuidado para evitar caer en un "institucionalismo " reduccionista y simple y para poder conferir a la evidente necesidad de las leyes y las instituciones, sus posibilidades y sus límites correspondientes.

Si revisamos la historia política nicaragüense de ayer y de hoy, encontramos en ella dos características dominantes: la confrontación y la confabulación, el facto y el pacto. Cuando no estamos enfrentados a guerra civiles, cuartelazos y montoneras, estamos confabulados para ver la mejor manera de manipular la ley y las instituciones en beneficio del poder confiscado a las mayorías, pero compartido ( y con partida) por los grupos hegemónicos de turno.

En el primer caso, cuando la ley es violentada y destrozada, la lucha debe ser por la reivindicación de la legalidad y de su imperio. En el segundo caso, debe lucharse para que la ley coincida con la voluntad general.

En no pocas ocasiones la ley ha sido hecha a la medida de los intereses de los poderes de turno, los que luego han invocado el principio de legalidad y el apego a las instituciones para realizar sus ambiciones y satisfacer sus intereses. Bastaría tener el control sobre los mecanismos de producción de la ley, mayoría parlamentaria, facultad de legislar por decreto en ciertos ámbitos, potestad reglamentaria ... para hacer que la ley haga lo que el poder quiere que haga. De esta manera se invocaría el cumplimiento de la ley y de la institución, a la vez que se realizaría un verdadero fraude al concepto y principio del Estado de Derecho, pues, en nombre de la subordinación del poder a la ley, se estaría realizando la subordinación de la ley al poder.

Pero además de estos riesgos, que en nuestra historia han sido dramáticas realidades, no se debe asumir que las leyes y las instituciones por si solas bastan para encontrar solución a los problemas. Son necesarias pero no suficientes, pues, es imprescindible que ellas respondan a la voluntad general; es decir, a las necesidades y aspiraciones de la sociedad.

La ley debe ser expresión del sentir colectivo , pues si no lo es lo traiciona y en vez de solución se transforma en problema. Pensar que la ley y la institución por si solas son suficientes, es vaciarlas de su contenido esencial, pues toda ley no es otra cosa que la forma de expresar normativa e imperativamente la voluntad colectiva. El Derecho, como dice Luis Recaséns Siches, no es nada mas, aunque también nada menos, que " la forma de las formas sociales".

En su mas recto sentido, el Derecho es la última fase de todo proceso social, histórico y cultural. No basta pues la legalidad, se requiere también la legitimidad. La legalidad la da la participación del órgano competente y el cumplimiento de las formalidades procesales; la legitimidad, el respeto a la opinión pública y a la voluntad general.

La formación de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua exigen que ambas cosas vayan unidas: la legalidad como supeditación del poder a la ley y las instituciones, y la legitimidad como subordinación de ambas a la comunidad y sus necesidades y a la ética y los valores sustentados en la filosofía moral y en las disposiciones normativas que conforman los Derechos Humanos, verdadera plataforma de concertación universal.

Esta doble subordinación, la del poder a la ley y la de la ley a la voluntad general y a la ética y valores universalmente aceptados, exige una nueva cultura política basada en lo que llamaría la conciencia de la legitimidad.

Es absolutamente necesaria esa nueva cultura política y esa nueva educación que contribuya a afianzarla si realmente queremos contribuir a la formación de la democracia y el Estado de Derecho. Si no hay un cambio cualitativo en ese sentido seguiremos en lo mismo con una "democracia de baja intensidad" y un anémico Estado de Derecho, consecuencia de la manipulación de la ley para adaptarla a intereses pocas veces legítimos.

Las elecciones periódicas, que por supuesto deben mantenerse, por necesarias que sean no son suficientes para alentar una transformación verdadera que además es urgente y debe ser integral. Es imperativo, después de las elecciones municipales , y de las presidenciales, si las hay, impulsar un serio proceso de concertación institucional y de legitimidad política, que a través de la educación nos lleve a superar esa conciencia política crepuscular y coyuntural que nos domina y a impulsar una visión estratégica de la política y un Proyecto de Estado-Nación fundado sobre un nuevo contrato social.

 

 

©2000 Fundación internacional para el desafío económico global