El año 2000 cierra como un “año de turbulencias” para el Sistema Financiero Nacional. Tres entidades bancarias registraron graves problemas y fueron absorbidas por dos bancos: Banco de la Producción y Banco de Finanzas. Nicaragua, al igual que otros países de la región en años anteriores, sufrió los embates de la inestabilidad financiera.

Hasta la década de 1980, las crisis financieras en algunos países de América Latina fueron contenidas por la presencia dominante del estado en la banca y por una política de subsidios a la banca comercial caracterizada por topes de crédito, operaciones de rescate y controles sobre las tasas de interés.

Este mecanismo artificial de contención de la crisis financiera enfrentó un problema de insostenibilidad en el largo plazo, debido a los crecientes déficit del sector público que fueron financiados mediante expansiones monetarias inorgánicas, lo que condujo a agudos procesos de desestabilización macroeconómica.

Las crisis financieras ocurren por diversos orígenes, los cuales pueden ir desde factores micro hasta macroeconómicos. Uno de los primeros casos que se registra en América Latina es el de Chile, en 1982, cuando el efecto contagio transcurre de lo micro a lo macro economía del país. La otra cara de la moneda se presentó en Argentina, en 1995, cuando ante una mayor desconfianza de la moneda y un aumento de la incertidumbre, se producen retiros masivos de depósitos pese a la solvencia generalizada de las instituciones financieras.

También se han registrado crisis financieras, sobre todo en la década de los noventa, en Asia, Rusia, Estados Unidos, México y Brasil.

Como ilustración podríamos señalar el caso de México. En 1994, el gobierno mexicano, después del crack económico, trató de arrestar a un alto banquero acusado por haber obtenido préstamos por 700 millones de dólares de sus bancos para sus empresas —para si mismo, en realidad— lo que causó la bancarrota del Grupo Financiero Unión-Cremi. Se estima que hubieron además alrededor de 250 préstamos fantasmas.

Con la ayuda de amigos en el gobierno logró por cuatro años evadir a las autoridades y vivir libremente manejando su fortuna.

Otro ejemplo claro de cómo se ha perdido la credibilidad en las instituciones del Estado y en la clase política es el caso de Ecuador. La crisis financieras han ido acompañadas de crisis políticas, sociales y económicas. Tras escándalos políticos, de corrupción y la entrega de cuatro mil millones de dólares de la reserva monetaria internacional y de los ahorros del pueblo ecuatoriano a manos de los banqueros en quiebra, se produjo un desequilibrio monetario, fenómeno que justificó la dolarización de la economía a inicios de este año.

Lecciones de las crisis latinoamericanas

Las experiencias de Argentina, México y Chile son el resultado de cómo los insumos financieros requeridos para solucionar las crisis financieras, no han sido suficientes para mantener la liquidez y estabilidad macroeconómica. De tal forma que los efectos de la crisis han comprometido las reservas de libre disponibilidad que respaldan la base monetaria.

El caso argentino

El caso de Argentina, por ejemplo, a pesar de contar con un banco central que “imita cajas de conversión”, su plan de credibilidad se vio afectado tras la crisis. El banco central comenzó a operar como prestamista de última instancia, además de otorgar otros redescuentos y adelantos, para evitar que la crisis se extendiese a todo el sistema financiero. Por otro lado, se redujo el nivel de encaje legal requerido.

Sin embargo la crisis le costó al banco central el equivalente a 1,500 millones de dólares. Adicionalmente, se creó un Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, que era una red privada de seguridad, con aportes de préstamos nacionales y extranjeros de unos 2,000 millones de dólares para amortiguar los problemas de liquidez de muchos bancos.

Estas medidas tampoco fueron suficientes, por lo que tuvo que atacarse la raíz del problema: el déficit fiscal. El gobierno tuvo que aumentar los impuestos para amortiguar su déficit y además endeudarse con el exterior siempre en miras de conservar la convertibilidad de la moneda.

El caso mexicano

Uno de los mecanismos que utilizaron en 1995, la Secretaria de Hacienda mexicana y el Banco Central para resolver la crisis de 1994 (cuando inició la depresión que todavía afecta a México), fue que FOBAPROA (Fondo Bancario Para la Protección del Ahorro), creado en 1990 por el gobierno bajo la Ley de Instituciones de Crédito, debía inyectar liquidez al sector financiero, de esta manera absorber la cartera vencida de bancos y empresas.

FOBAPROA entregó 552 mil millones de pesos para garantizar los préstamos de los bancos. Al tipo de cambio de ese entonces (6 pesos/dólar), eso equivalía a 90 mil millones de dólares. Todo esto como respuesta al colapso de los TESOBONOS mexicanos y a la fuga de 30 mil millones de dólares a bancos estadounidenses y de otros países.

Los bancos deberían haber sido obligados a presentar garantías por los fondos recibidos, sin embargo el dinero fue dado sin las garantías requeridas.

Al final FOBAPROA fue utilizado como subsidio para sectores empresariales con buenas conexiones políticas. Razón por la cual en 1998 el gobierno propone que se acabe con FOBAPROA y que el estado se haga cargo de las deudas. Pagar estas deudas con intereses, va a requerir el 8 por ciento del Producto Interno Bruto de México durante un mínimo de 10 años.

Solución a lo chileno

Las soluciones que se tomaron para enfrentar la crisis chilena de los años ochenta fueron fundamentalmente tres: liquidación de las instituciones insolventes o traspaso de activos y pasivos a instituciones solventes, compra de cartera riesgosa sin recursos líquidos con compromisos de recompra y; compra de cartera riesgosa con recursos líquidos con compromisos de recompra, sujeto a utilidades.

Los resultados indican que el tercer mecanismo fue el más eficiente para sanear la situación de insolvencia de un importante número de instituciones. Las facilidades para capitalizar los bancos y los incentivos para que éstos recuperaran sus créditos riesgosos aceleraron el proceso de recuperación de la banca.

Además, se establecieron los resguardos que debe tomar la autoridad para maximizar la recuperación de los recursos transferidos al sistema financiero. Según estudios realizados se estima que los costos de la crisis en Chile fue alrededor de 35.2 por ciento del PIB.

Los países latinoamericanos consientes de la necesidad de promover la institucionalidad financiera, han conformado un organismo regional de tal forma de promover y desarrollar la coordinación de instituciones financieras. De esta manera se pretende tener acceso a información relevante sobre solvencia líquida de las instituciones financieras internacionales, así como el mejoramiento de la transparencia de la información.

 

 

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