Silvio ConradoEl mayor logro alcanzado en el ámbito económico durante la última década, después de un cambio radical en las circunstancias y entorno político-económico relativos a la década anterior, ha sido sin lugar a dudas el restablecimiento de la estabilidad monetaria y, consecuentemente, del tipo de cambios en el país.

Efectivamente, la inflación se ha logrado reducir a cifras de hasta un dígito; y en términos generales se ha manejado a niveles no tan por encima de tasas internacionales relevantes. El logro de este indiscutible éxito, se ha basado en una política monetaria restrictiva y prudente, iniciada en los primeros años de la década de los 90, juntamente con cambios drásticos en el área fiscal que han reducido el desequilibrio del presupuesto y el tamaño de los gastos, así como un muy significativo flujo de recursos externos provenientes de la comunidad donante y organismos multilaterales.

La importancia de la estabilidad de precios quedó plenamente demostrada en el restablecimiento del crecimiento económico, aún cuando todavía incipiente, y en el significativo flujo de recursos externos e internos dirigidos a la inversión privada. No está demás reiterar lo ya conocido, que la estabilidad de precios es una condición necesaria, si bien no es condición suficiente, para el crecimiento económico sostenido.

A contrario-senso, la inestabilidad de precios (la inflación) se torna en el impuesto más represivo a las clases menos favorecidas, amen de constituirse en el principal obstáculo al crecimiento sostenido y a la eficiente asignación de recursos.

La estabilidad monetaria no ha sido lograda, sin embargo, sin costo alguno para la sociedad. Los economistas consideran que en términos reales este costo no existe, por cuando el verdadero costo es la alternativa, o sea el estancamiento, el desempleo, la asignación ineficiente de recursos y el crecimiento de la pobreza.

La población, sin embargo, resiente las políticas restrictivas y, especialmente, lo que consideran es el sacrificio de oportunidades y de crecimiento como consecuencia del ajuste y de las políticas restrictivas mismas. Esta percepción, a su vez, es alimentada por los pronunciamientos de los gobernantes y los políticos, que prometen resultados significativos en el corto plazo, cuando la realidad ha demostrado en todo el mundo que el restablecimiento del equilibrio y la confianza toman tiempo y sacrificios, antes que se pueda retornar al crecimiento económico sostenido.

Reservas internacionales

En el restablecimiento y en el mantenimiento de la estabilidad monetaria, el fortalecimiento de las reservas internacionales juega un papel clave. En países como Nicaragua, pequeños, altamente dependientes del sector externo, sujetos a los vaivenes de precios en los mercados internacionales de sus principales productos de exportación, así como a factores climatológicos fuera de su control y sin acceso instantáneo al financiamiento internacional contingente y masivo, las reservas internacionales sirven para apuntalar la política económica y para amortiguar cambios inesperados en cualquiera de esos factores.

Por esa razón las autoridades monetarias requieren de autonomía, para ponderar a la luz de fríos datos las acciones a tomar para salvaguardar y fortalecer las reservas internacionales.

En Nicaragua las reservas han alcanzado niveles máximos que podrían ser, a primera vista, considerados aceptables, habiendo las Reservas Brutas superado la cifra de US$500 millones; y las Reservas Internacionales Netas la suma de más de US$350 millones.

Esto ha sido un éxito innegable, en circunstancias difíciles; y es un logro que hay que salvaguardar si se quiere mantener la estabilidad monetaria. Un examen más profundo indica, sin embargo, que las Reservas Internacionales del país, si se hace abstracción de los recursos que ingresaron por la privatización de ENEL, han venido cayendo sistemática y sustancialmente desde mediados del año pasado 1999; y que en los últimos tres meses estos recursos de la venta de la distribución de ENEL ya se han perdido en casi tres cuartas partes, llevando el nivel de las Reservas a cifras que no pueden considerarse adecuadas para las actuales circunstancias y actividad económica del país.

Esto cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que Nicaragua durante el año actual y el próximo año pasará por dos procesos electorales importantes - uno a nivel municipal y el otro a nivel nacional - lo cual normalmente se traduce en una desaceleración de la inversión y en crecimiento de la incertidumbre.

En tales circunstancias no es de esperar un crecimiento económico alto en este año 2000, más aún cuando la economía se ha visto enfrentada a factores adversos en los precios internacionales de importantes productos de exportación y de importación.

Ni tampoco es de esperarse que el año 2001 mejore sustancialmente, dada la estacionalidad de la economía nicaragüense, en que los resultados de un año quedan prácticamente predeterminados por la actividad y los resultados del año anterior. Por ello no se comprenden las proyecciones optimistas de crecimiento que presenta el Gobierno para este año de más de 5%, cuando un crecimiento de la mitad de esa cifra podría considerarse casi un éxito , habida cuenta de los factores negativos a que se enfrentó la economía en el año 2000 y mediados del año 1999.

La importancia de las Reservas Internacionales como amortiguador de cambios drásticos y/o inesperados en las circunstancias económicas del país se puso de relieve tanto por los factores económicos externos adversos mencionados, como por la situación de crisis que se presentó en el sistema financiero por la quiebra de dos bancos y que ha dado lugar a una crisis de confianza en el sistema bancario del país y en el sistema económico en general.

Ambas situaciones se han traducido en pérdidas de Reservas Internacionales, como antes mencionado, acentuándose tal situación en los tres últimos meses por la crisis de los bancos. Es importante señalar, sin embargo, que posiblemente el efecto de la quiebra de los bancos sobre las Reservas Internacionales hubiese sido sustancialmente menor de haberse ajustado el proceso de toma de decisiones, a como debe ser, al área de las autoridades monetarias, sin intervención de factores políticos que dieron lugar a decisiones tomadas un poco a la ligera y sin consideración de todos los elementos técnicos necesarios para una correcta y prudente resolución de estos problemas.

En el año 1999 se modificó la Ley Orgánica del Banco Central a efecto de darle una mayor autonomía, que aunque se quedó corta en la designación de su Presidente y su separación del Ejecutivo, significó un avance en delimitar las funciones de la Autoridad Monetaria y el Poder Ejecutivo.

Igualmente, se buscaba con dicha modificación a la Ley dejar clara la separación de la política monetaria y su objetivo fundamental: la estabilidad monetaria, de la política económica del Gobierno. Este reforzamiento institucional, sin embargo, se ha visto últimamente disminuido por dos casos particulares: uno, en que decisiones que correspondían a la autoridad monetaria fueron adoptadas en otro ámbito a la luz de factores políticos y luego llevadas a la autoridad monetaria para su “resolución”; y otro, en que después de adoptada formalmente una Resolución por el Consejo Directivo del Banco Central, la administración del mismo decidió implementar una decisión completamente diferente.

Este debilitamiento de la institucionalidad del Banco Central sólo puede abonar en detrimento de salvaguardar la situación de las Reservas Internacionales, cuando mas se necesita, por las razones ya mencionadas.

Ley de Garantía de Depósitos

Para finalizar, cabe señalar una vez más la necesidad de separar la política monetaria de consideraciones políticas, fortaleciendo la institucionalidad del Banco Central y el proceso de toma de decisiones en base a elementos técnicos consistentes con la defensa de la estabilidad monetaria.

Recientemente se ha discutido la Ley de Garantía de Depósitos y la constitución del Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE), donde pareciera haberse apresurado su aprobación por razones de orden político y sin tener en cuenta elementos y consideraciones técnicas importantes.

Tal vez, el punto medular de esta iniciativa se encontraba en el límite de cobertura a los depósitos, el cual se fijó en US$20,000, que no es adecuado para los dos propósitos alternativos que podrán atribuirse a dicha Ley. Si el objetivo era proteger a los depositantes pequeños, esto se hubiera logrado con un límite de unos US$5,000, cubriendo la gran mayoría de los depositantes, sin incurrir en los costos muy altos que significa la cifra de US$20,000 y que se traducirá en menores tasas para los depositantes y mayores tasas para los usuarios de crédito.

Por el otro lado, si el objetivo era evitar la salida hacia el exterior del dinero, lo cual está ligado a los depositantes de mayor cuantía, el límite de US$20,000 no logrará ese propósito; y el límite que sería necesario para disminuir al máximo ese riesgo sería tan alto que no seria practicable y mas bien infundiría un mayor grado de desconfianza entre los depositantes más grandes.

A estos depositantes lo que le infunde confianza es la sanidad del sistema financiero, una autoridad supervisora fuerte e independiente y, principalmente, un Banco Central verdaderamente autónomo, independiente del Ejecutivo y que ejecuta una política monetaria prudente, consistente y perseverante, tendiente a salvaguardar la estabilidad monetaria del país.

 

 

©2001 Fundación internacional para el desafío económico global

webmaster