Solamente en el Banco de Crédito Popular el Estado es responsable legalmente del pago de las obligaciones que el banco hubiere contraído con el público(arto.35 de la Ley orgánica del Banco de Crédito Popular), y en el caso del Banco Nacional de Desarrollo la responsabilidad del Estado frente a terceros se limitaba al patrimonio del Banco. Sin embargo, el poder Ejecutivo expresamente facultado por el arto.51 de la ley orgánica de BANADES dispuso garantizar el pago de las obligaciones que este tuviera con sus clientes.

En los casos del BECA, BANCOSUR, INTERBANK y BANCAFE la situación es distinta. El poder Ejecutivo no estaba obligado a garantizar el pago de los depósitos de los cuenta habientes. Es más, el Poder Ejecutivo no estaba facultado legalmente para garantizar dicho pago, porque no existe ninguna ley que faculte al Poder Ejecutivo para trasladar al pueblo nicaragüense tan pesada carga, y si no estaba facultado legalmente para hacerlo no debió haberlo hecho, pues “ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que confiere la Constitución y las Leyes”(arto.130 Cn.).

De muchas formas se podrán justificar las decisiones del Poder Ejecutivo para que el Estado garantice el cumplimiento de las obligaciones contraídas por estos Bancos, pero son justificaciones extra-legales; justificaciones metajurídicas. No existe ninguna ley que faculte expresamente al Poder Ejecutivo para asumir estas responsabilidades.

Tampoco el Banco Central está facultado legalmente para otorgar préstamos a instituciones financieras en bancarrota. Ni aún en el caso de que el Poder Ejecutivo otorgue la garantía del Estado. El artículo 41 de la ley Orgánica del Banco Central prohibe al instituto emisor el otorgamiento de créditos a Bancos que mantengan deficiencias en el cumplimiento del nivel de capital total requerido en relación con sus activos ponderados de riesgo.

Las circunstancias de que el Banco Central sea agente financiero del Estado, no significa que el Banco Central está obligado a violar la disposición prohibitiva señalada en el arto.41 antes citado, ni el poder Ejecutivo está facultado de conformidad con la ley para garantizarle al Banco Central el pago de las sumas de dinero que esta institución desembolse “ilegalmente” a bancos “quebrados” por problemas de iliquidez grave e insuperable e insolvencia manifiesta. Yo pienso que a criterio del poder Ejecutivo y del Banco Central, un criterio equivocado, sus actuaciones en el caso de BECA, BANCOSUR e INTERBANK se produjeron conforme a derecho. ¿Entonces, si sus decisiones fueron acertadas jurídicamente, por qué habrían primeramente procedido de manera distinta en el caso de BANCAFE?. Un principio elemental de seguridad jurídica nos indica que la Administración Pública no puede dar tratamiento distinto a casos iguales. Ante circunstancias iguales, soluciones iguales.

Ahora bien, el Poder Ejecutivo y el Banco Central al negarse a garantizar los depósitos de los clientes del Banco del Café defendieron la tesis de que actuaban conforme a Derecho, pero al agravarse el peligro de un retiro masivo de depósitos principalmente del BANIC, y ante la presión popular que se avecinaba, rectificaron la decisión anterior, aduciendo también que actuaban conforme a Derecho.

Esta situación discrecional y contradictoria le va a significar al gobierno un costo político importante, porque al pueblo, no obstante las discrepancias legales, nunca le “sonó” como correcto el tratamiento que originalmente quiso dársele al problema del Banco del Café, tratamiento distinto al que se le había dado, en circunstancias iguales, al Beca, al Banco del Sur y al Interbank.

 

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