AFP siguen "congeladas"

Mayda Isabel Meléndez

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), uno de los compromisos estructurales de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional (FMI), permanecen congeladas, en el limbo, debido a que el Parlamento nicaragüense aún no aprueba el proyecto de Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones.

Para lograrlo, la bancada oficial requiere los votos de la bancada sandinista. El tiempo corre y los plazos se acercan. Según aseguró el Lic. Martín Aguado, Presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), existen seis grupos financieros que han mostrado interés en abrir una AFP en nuestro país.

De acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), hasta septiembre de 2000 se estimaba que los asegurados al INSS sumaban alrededor de 312,166, cifra que representa alrededor del 17 por ciento de la PEA y casi el 20 por ciento del total de ocupados.

Para estudiosos del tema, el hecho de que sólo un 17 por ciento de nuestra Población Económicamente Activa (PEA) se la que cotice al INSS, debería de determinar que como máximo, el gobierno aprobaría la apertura de dos AFP.

Martín Aguado Presidente del INSS

Para el Lic. Aguado, del INSS, no sería nada "prudencial" que llegado el momento, la Superintendencia de Pensiones limitara el número de AFP, por lo que, en todo caso, el mercado mismo debe decidir quiénes sobreviven y quiénes no.

A su juicio, si todos los interesados cumplen con los requisitos establecidos por la ley, deben tener la oportunidad de abrir su empresa administradora.

Darwinismo empresarial

El 11 de abril del año pasado fue publicada en el diario oficial La Gaceta, la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones, conocida comúnmente como Ley 340. En ésta se estipulan una serie de reformas a la ley de seguridad social con el objeto de regular el sistema de ahorro bajo el cual tendrán que regirse los pensionados. Para especialistas en la materia, el modelo adoptado presenta muchas similitudes con el sistema implementado en Chile, en mayo de 1981.

La reforma implica la creación de las AFP porque el sistema está basado en la capitalización individual con administración privada. Esta ley, además, contiene un marco general jurídico de la reforma, define qué son las AFP, determina el capital con que deben iniciar, entre otros.

En tanto, la Ley Orgánica de la Superintendencia regula y determina el funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones.

En caso de aprobarse -llegado el momento-más de tres AFP en Nicaragua, se presume que no sería la excepción del comportamiento que han tenido las administradoras de fondos de pensiones en otros países, es decir, la fusión.

Debido a la lógica con que funciona esta industria, la tendencia es que sea concentrada y la práctica parece dar la razón. Por ejemplo, en 1981, cuando en Chile se implementó este sistema, abrieron 12 AFP. Durante una década el crecimiento fue tal que a inicios de los 90 ya existían 22 empresas administradoras.

No obstante, ya en octubre de 1998 sólo quedaban nueve, de las cuales, las tres más grandes controlaban el 61.9% del mercado y las seis más grandes alcanzaban al 94.7% de ese segmento. Resultado: las empresas pequeñas tienden a desaparecer por no contar con economías en escala y por ende, no tener capacidad para competir.

Algo similar sucedió en El Salvador. Al iniciarse el sistema de capitalización individual, seis AFP iniciaron operaciones. En el camino algunas de ellas decidieron fusionarse y quedaron cuatro. Posteriormente se iniciaron nuevas "conversaciones", de tal manera que los salvadoreños tendrían acceso a la tercera parte de administradoras de las que tenían al implementarse el sistema.

Negocios a escala

El licenciado Aguado explicó que una de las grandes causas por las que las AFP se fusionan es la economía a escala. "En todos los negocios las economías de escala son importantes, los nuestros generalmente son mercados relativamente pequeños y no existe el número de cotizantes necesarios para mantener determinado número de empresas administradoras de fondos de pensiones o determinado número de entidades financieras y se tiende a dar consolidación para aprovechar las economías de escalas", afirmó.

Según el ministro del INSS, los cotizantes no deben temer a la hora de una fusión puesto que, aunque los fondos de pensiones pasarían a manos de la nueva empresa, la fusión sólo se da en los patrimonios de los accionistas. Esto, debido a que el fondo de pensiones y el patrimonio de los accionistas son montos diferentes con contabilidades diferentes.

Algunos inconvenientes

Desde que se dio a conocer la idea de reformar la seguridad social en nuestro país, funcionarios gubernamentales la han defendido a capa y espada. Pero no todo es color de rosa. Por el contrario, existen algunos elementos que no se deben soslayar debido a su importancia.

Por ejemplo, un elemento que no se puede dejar fuera es que el sistema de capitalización implica la necesidad de inversiones a largo plazo. De hecho el artículo 38 de la Ley 340 estipula que una Comisión de Riesgo deberá fijar los límites máximos para la inversión de fondos de pensiones, dentro de los rangos porcentuales del activo del fondo, como por ejemplo títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el Banco Central, además de otros títulos emitidos por el Estado; certificados de depósitos, bonos y otros títulos emitidos o garantizados por instituciones financieras; bonos y certificados de inversión de empresas públicas y privadas, etc.

La ley también incluye instrumentos extranjeros siempre y cuando cumplan con las normas mínimas planteadas por el Reglamento de Inversión en el extranjero.
El hecho de que la Ley Orgánica de Superintendencia no quedó aprobada el año pasado, además de retrasar la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, incrementa la brecha que tiene esta institución -el INSS-.

Esto se debe, indicó el licenciado Aguado, a que cada día que pasa crece el número de afiliados a la seguridad social o bien, se incrementa el número de cotizantes, por lo que igualmente crecen las obligaciones de ese ente gubernamental y como el INSS no tiene sus finanzas balanceadas, se agranda la brecha ente los pasivos y los activos, por lo que "en algún momento que va a haber que pagar todo ese pasivo, nos va a costar a todos un poco más".

En efecto, según las estadísticas oficiales del BCN, el número de afiliados al INSS viene creciendo paulatinamente desde inicios de los años noventa hasta la fecha, prueba de ello es que en 1991 sumaban 228,930 afiliados y a septiembre del 2000 ya alcanzaban 312,166. De éstos, la gran mayoría corresponden al sector servicios.

Sector privado

El sector empresarial nicaragüense, representado por Roberto Terán, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), no comparte completamente el entusiasmo y optimismo oficial. "Esta ley no me gusta", dijo Terán en una entrevista publicada por El Observador Económico en su edición 95.

"No estoy seguro de que las compañías que manejarían las pensiones van a hacer un mejor trabajo. Ya estamos viendo que a año y medio -diciembre 99- en El Salvador ya quebró la primera compañía, en Chile están quebrando también", dijo en esa ocasión el líder empresarial.

Por su parte, Aguado considera que la economía nacional recibiría un impacto tal que generaría un círculo virtuoso, el cual se lee de esta manera: entre más cotizaciones más fondos para financiar inversiones de viviendas, lo cual generaría más fuentes de empleo, que a su vez generan más cotizaciones.

Pero la interrogante surge cuando observamos las experiencias de otros países, donde también se ha implementado el sistema de capitalización individual y notamos que una de las grandes dificultades a enfrentar la tendencia de tener más pensionados que cotizantes, lo que de alguna manera haría aumentar el monto de las pensiones.

En Chile, por ejemplo, se enfrenta la baja cobertura de cotizantes, todo lo contrario a lo que inicialmente se pensó que sucedería. Un elemento que influyó en la baja cobertura de ese país -según los especialistas-- es un elemento por demás conocido en el nuestro: el alto índice de empleo informal y precario.

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