Néstor Avendaño

La macroeconomía y la política en 2001

Se avizoran complicaciones en el manejo de la política económica después de la visita de la misión técnica del FMI al país en febrero pasado. Como se esperaba, el principal señalamiento macroeconómico del policía financiero internacional fue el alto déficit fiscal de US$470 millones aprobado por la Asamblea Nacional para 2001, el cual sólo cuenta con un 80 por ciento de financiamiento externo garantizado.

Un déficit de esa magnitud puede tener dos explicaciones. Una es política. Manteniéndose constante la carga tributaria en el nivel de 32 por ciento, el gasto público se ha elevado hasta un 52 por ciento del PIB, incorporando más proyectos de inversión, con el fin de que el partido político en el poder atraiga más votos de la población en la elección presidencial del 4 de noviembre próximo.

Otra explicación es económica. En un año electoral, la incertidumbre invade a los inversionistas, nacionales y extranjeros, directos y financieras, en espera de ver quién ganará la presidencia del país, la derecha o la izquierda política, el PC o el PLC, o el FSLN. El gasto público, así, se ha aumentado con el fin de empujar, aunque sea levemente, un crecimiento económico que estimo alrededor del 2 por ciento y 3 por ciento en este año, de tal forma que el consumo de las familias y la inversión privada, por lo más, permanecerá estancada en 2001 en relación con el nivel registrado en 2000, el cual cayó 7 por ciento con respecto al de 1999.

La reducción del déficit de casi 19 por ciento del PIB hasta aproximadamente un 13 por ciento del PIB, tarea que ha dejado el FMI al gobierno, afectará probablemente más a la inversión que al consumo del sector público. Ojalá que dicha reducción se concentrara, primero, en la normalización de las remuneraciones autorizadas a los altos funcionarios públicos y, segundo, en los denominado gastos discrecionales no prioritarios efectuados en los principales despachos del gobierno central.

El otro problema macroeconómico que debe resolver el gobierno en este año electoral está relacionado con las reservas internacionales. En la actualidad, la posición de dichas reservas es muy vulnerable: el monto de las reservas brutas menos la deuda de corto plazo de la banca central en concepto de colocaciones netas de títulos valores (CENI´s, TEI´s y BOMEX´s) sólo financia menos de un mes de importaciones CIF.

Y esto también preocupa al FMI, quien debe estar exigiendo, por lo menos, el aumento originalmente programado de US$25 millones para 2001 y, conociendo el pensamiento técnico del FMI, probablemente la exigencia es un aumento máximo de US$70 millones para incorporar el incumplimiento de la meta de reservas en el año pasado.

A pesar de esa presión exógena para aumentar las reservas, es obvio que en un año en que el balance de divisas se ve afectado tanto por la caída del precio de exportación del café como por el alto valor persistente de la factura petrolera, y a pesar del alivio de US$100 millones en el pago de la deuda externa en los marcos de la Iniciativa HIPC y de la moratoria en el pago al Club de París a raíz del Huracán Mitch, es inconcebible estar condicionando la ayuda internacional a Nicaragua con un ilusorio aumento de reservas.

Aún más. Es muy probable que el saldo de reservas caiga de nuevo en 2001, por lo menos en US$50 millones, aunque el gobierno obtenga alrededor de US$150 millones por la privatización de ENEL y ENITEL. Las elecciones presidenciales, que cuestan US$35 millones, están desfinanciadas. El 20 por ciento del déficit fiscal está desfinanciado. Y la brecha externa de US$1,400 millones está asociada con un crecimiento económico de 2%-3%, un estancamiento del consumo familiar, una reducción de la inversión privada y un aumento del gasto público.

Estas dos tareas del gobierno serán muy difíciles de cumplir si las autoridades no desean incurrir en costos políticos en un momento electoral. Si esta predicción se cumple, el próximo gobernante de Nicaragua tendrá que realizar el ajuste que evadió la actual administración en su último año de gobierno.

 

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