Empleados públicos: víctimas de los ajustes

  • Entre 1988 y 1995, más de 50,000 trabajadores estatales fueron despedidos y la gran mayoría pasó a engrosar el sector informal

Luz Elena Sequeira G

lesequeira@elobservadoreconomico.com

Se les denomina "Nuevos pobres" y, según un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana para Ciencias Sociales (FLACSO), se trata de aquellas personas del antiguo sector formal (asalariadas y de empleo fijo), que ahora se han visto desplazadas hacia la pobreza, debido al embate de la crisis, del deterioro salarial o del desempleo.

La mayoría provienen del sector público, es decir, son antiguos empleados estatales que han perdido sus empleos como consecuencia de las reformas estructurales de la economía y del estado, que han promovido los organismos multilaterales y que viene ejecutándose desde finales de los años ochenta.

Y Nicaragua, obviamente, no es la excepción.

La "compactación" sandinista

Con el propósito de reducir los gastos estatales y acompañar un plan de austeridad, el gobierno sandinista emprendió una reforma estructural que denominó programa de "compactación", a finales de la década de los años 80.

En 1988, según las cifras oficiales, se eliminaron 3,000 puestos de trabajo por fusiones ministeriales, incrementándose esa cifra en 1989, con 9,000 trabajadores del Gobierno Central y 8,000 de entidades autónomas y de empresas estatales. Es decir, 20,000 empleados públicos pasaron al desempleo en dos años, pese a que las autoridades en ese entonces llamaron a los "compactados" a incorporarse al sector productivo, sobre todo rural, pero la gran mayoría optó por el sector informal de la economía.

Como efecto de este programa de "compactación", el empleo en el Gobierno Central pasó de 76,003 empleados en 1985 a 66,837 en 1989.

La "conversión ocupacional" de los 90

A inicios de los años noventa, como parte importante del proceso de transición económica, el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro ejecutó una agresiva reforma estructural, que se denominó "Programa de Conversión Ocupacional" (PCO) y que fue anunciado en 1991.

El propósito era reducir el tamaño del estado nicaragüense en 10,000 empleados públicos, equivalente a un 15 por ciento, sin embargo se "acogieron" 25,000 personas, lo que trajo consigo enormes desequilibrios en algunas instituciones del estado. Sólo de 1990 a 1993, la ocupación en el Gobierno Central pasó de 68,390 a 57,012 empleados, lo que significa una reducción de 11,378.

En julio de 1995, se sumaron 5,335 personas más.

Es decir, en 8 años, más de 50,000 empleados públicos fueron "compactados" o "convertidos" y pasaron al sector informal en su gran mayoría. Y, en el peor de los casos, al desempleo abierto.

Propósitos de los programas de exclusión laboral

En 1991, Nicaragua llevó a cabo una serie de medidas de ajustes económicos y de reforma estructural, como la devaluación del 400 por ciento del córdoba (los precios se ajustaron sin embargo el salario fue inferior al tipo de cambio), la reducción del déficit público (recortes en gastos corrientes y la reforma al sistema impositivo), el inicio del proceso de privatización de empresas estatales e introducción de reformas al sistema financiero y la liberalización comercial.

De este conjunto de medidas, las que afectaron al empleo estatal de manera directa fue la reducción del déficit público, el cual se venia implementando desde 1988 mediante el Plan de Reforma Laboral, pero que fue hasta 1991 con el financiamiento de 25 millones de dólares proporcionado por la AID, que se formuló el Programa de Conversión Ocupacional (PCO). La acogida a dicho plan debía ser voluntaria y se vendió la idea de las grandes virtudes de la microempresas, para motivar a las personas a tomarlo.

Sin embargo, la incorporación masiva a la microempresa no dio resultado y casi la totalidad de los empleados y trabajadores se acogieron a la opción "C", que consistía en recibir el pago por indemnización de una sola vez. El mayor impacto tuvo lugar en el Gobierno Central, y especialmente, en los Ministerios de Salud y Educación, con un 41 por ciento del total de las personas acogidas al programa. Otras de las características de este primer desplazamiento fue que afectó principalmente a las mujeres de bajo nivel académico.

El período de "movilidad laboral"

En 1994, tratando de continuar con la reducción del empleo público, se diseñó el "Programa de Movilidad Laboral", con modalidades diferentes al de PCO. Dicho programa fue dirigido a entidades autónomas y con menor intensidad a los empleados del Gobierno Central: un quinto correspondió al personal del Ejército y del Ministerio de Gobernación y el mayor porcentaje fue de personas con puestos técnicos y de servicio administrativo.

En resumen, la reducción del empleo público en Nicaragua ha pasado por tres momentos históricos: la del período sandinista, la del Programa de Conversión Laboral y la del Programa de Movilización Laboral. En cada uno de estos momentos, tanto los criterios aplicados como los resultados han sido diferentes; sin embargo, existe un común denominador, la saturación del sector informal en la economía nacional como principal mecanismo de ajuste al mercado laboral y del predominio de lógicas de subsistencia de reproducción simple.

Características sociodemográficas del sector informal

En 1991, las principales características sociodemográficas del sector informal comprendían una alta concentración del sexo femenino entre los 16 y 20 años, el promedio de la fuerza laboral era 39 años, indicando una madurez con relativa escolaridad y, una alta concentración en el área urbana, en especial Managua, con un promedio de 5 miembros en el hogar.

Entre 1992 y 2000, el sector creció en 4.1 puntos porcentuales, según encuesta realizada por FIDEG. Los datos recolectados continúan mostrando el mismo comportamiento en algunas de las características: de cada 100 mujeres, 76.5 trabaja en el sector informal.

Para una alta proporción, la microempresa constituye una extensión de las funciones domésticas; en el área educacional es donde el sector ha presentado una mayor dinámica, de hecho las personas con mayor educación secundaria y universitaria han aumentado su participación en un poco más de 7 puntos porcentuales, como un reflejo del deterioro económico y social que atraviesa el país.

Impacto sicológico en el empleado público

Con base en la evidencia empírica presentada por FLACSO, en 20 estudios de casos de antiguos trabajadores y empleados públicos que desarrollan actividades informales en la ciudad de Managua, se identifican tres categorías según su aspiración laboral y disposición de regresar a la función pública.

En la primera, se ubica a aquellos que pretendían fortalecer la lógica reproductiva y que no expresaban aspiraciones laborales, es decir no les importaba su posición laboral siempre y cuando dispongan de un ingreso.

En la segunda, se encontraban quienes desean recuperar su autoestima laboral y buscan la forma de regresar al empleo público.

Y en la tercera, los que pretendían evolucionar en la construcción de su propia empresa.

Independientemente de la autodefinición como sujeto económico de los ex empleados públicos, la mayoría continúa formando parte del sector informal, sin encontrar una salida a su problemática de identidad que pueda ayudar a contrarrestar tanto los efectos materiales como sicológicos.

Existe una valoración positiva y negativa de las distintitas actividades presentes, en contraste con el empleo público que tuvieron que abandonar, así como las actividades que realizan las personas cercanas o familiares. En términos materiales, la valoración ha sido más positiva, lo que necesariamente no indica el logro de niveles de acumulación que le permitan un mayor desarrollo. En cambio, en términos de autoestima en relación con las aspiraciones laborales, y añoranzas de empleo público, ha sido más negativa.

En el aspecto económico, no todas las personas que se acogieron a los distintos programas de ajuste laboral, han logrado un alto nivel de vida, dado que la mayoría se enfocó a la actividad de comercio, ya que es una de las actividades económicas de fácil acceso y tradicionalmente ha sido desarrollada por mujeres.

Sin embargo, esta actividad se ha reducido en 9.1 por ciento. Entre los obstáculos que les ha impedido optar por una lógica de acumulación se encuentran, la poca clientela, la falta de capital en la mayoría de los casos y, poca experiencia.

Otras de las limitantes que enfrentan es el segmento de mercado al que venden, al cual se encuentran articulados sectores populares de bajos ingresos.

A nivel de posición ocupacional, el que ha tenido un alto peso dentro del sector ha sido la de "cuentapropista", o sea, aquellas personas que trabajan por cuenta propia con el apoyo de familiares.

Pero en los últimos años ha disminuido su participación en 19.6 puntos porcentuales y en contraste se ha presentado un incremento en los trabajadores sin remuneración, pasando de 12.3 a 16.7 por ciento; mientras los trabajadores asalariados de 22.4 a 37.8 por ciento. Esta movilidad a lo interno del sector refleja cómo la crisis económica ha golpeado al sector.

En el aspecto sicológico, existen señalamientos positivos y negativos. Entre los positivos se encuentran el sentirse respetado, con prestigio, ser dueño de un negocio, libertad de decidir con su tiempo. Entre los negativos, se encuentran sentimiento de retroceso, resignación y desmotivación, consideran una pérdida de sueños y anhelos y lo que es peor, sentimiento de haber prostituido su profesión tirando sus estudios a la basura.

Por lo tanto, se podría afirmar que el impacto sicológico ha incidido en mayor medida que el material, a la vez que se encuentra relacionado con el nivel académico de los ex empleados públicos.

Por otra parte, todo esto ha arrojado altos costos económicos y sicológicos a nivel tanto para el Estado como para la sociedad.

Para el Estado, la pérdida de profesionales altamente capacitados que emigraron, representando una pérdida valiosa para el desarrollo del país y, por el otro lado, se produjo una pérdida de socialización y estado depresivo, frente a la posición personal de muchos de los ex empleados públicos con respecto a otros miembros del hogar y ex compañeros de trabajo, en el sentimiento de pérdida de estatus social.

Degradación del sector informal

El sector informal cuenta con una variedad de actividades: producción, comercialización y servicios, que incluye desde el vendedor ambulante, el comerciante, el fontanero que ofrece sus servicios hasta el microempresario que es dueño de un taller de zapatería.

El sector informal ha sido durante varios años el refugio de los que no encuentran un empleo formal y actualmente se encuentra sobresaturado.

El perfil del mercado laboral implica que casi el 80 por ciento de la ocupación en Nicaragua es informal, los ingresos que gran parte de estos trabajadores devengan son bajos, no tienen capacidad de ahorro y; no pueden obtener algún tipo de beneficio social como los que laboran en el sector formal.

Según la encuesta del FIDEG, el ingreso promedio en las principales ciudades del Pacífico es de 998.1 córdobas mensuales, en agosto de 2000, habiendo experimentado un incremento nominal de 15 por ciento entre 1992 y 2000.

En términos reales, implica una disminución del poder adquisitivo de la población, dado los niveles de inflación en relación con los precios, aún sin considerar que al interior del sector informal existen diferencias significativas en los ingresos que perciben: por ejemplo, hay personas que trabajan únicamente por contar con un plato de comida y un techo donde dormir.

En los últimos años la brecha de ingresos ha sido mayor, debido que el 20 por ciento de la población con menos ingresos percibía 42.8 córdobas, y el 20 por ciento de la población con más altos ingresos recibía 3,465 córdobas. Esa inequidad de los ingresos se refleja en que solamente el 14 por ciento de las personas que trabajan en el sector informal podría cubrir más de una canasta básica.

En conclusión, podríamos señalar que a pesar de que el sector informal ha sido y continúa siendo una puerta abierta para todos, concentra a la gran mayoría de la población nicaragüense, realizando diversas actividades económicas, funcionando como una fuente de generación de empleos y medios para desarrollar lógicas acumulativas a través de las empresas familiares.

Este sector ya se encuentra saturado, al punto de que el 62.2 por ciento de los que laboran obtienen media canasta básica o menos, conllevando a una situación precaria e indigente en muchos de los casos.

América Latina frente al mercado laboral informal

El creciente grado de informalidad laboral y tendencia ascendente del desempleo es un problema que, al igual que Nicaragua, enfrentan el resto de países de América Latina y el Caribe. El alto grado de informalidad ha repercutido negativamente en la pobreza, generando desaliento entre la población frente a la falta de oportunidades.

Según un estudio presentado por la CEPAL, la evolución de la pobreza y la indigencia se ha acentuado a raíz de las crisis vividas en los últimos años de los años noventa. Durante este tiempo, la generación de nuevos puestos de empleos fue escasa y se concentró en el sector informal. Los salarios reales, aunque subieron ligeramente, sólo lograron recuperarse de las pérdidas previas en forma parcial y con lentitud.

Se estima que 20 millones de personas cayeron en la pobreza, de tal forma que se tardaría más de un cuarto de siglo en reducir a la mitad los actuales niveles de pobreza, teniendo en cuenta el ritmo en que ha evolucionado el producto por habitante en la región durante el decenio.

Sin embargo, en los noventa se observó un avance con respecto a la participación de la mujer en el mercado laboral, debido a los cambios estructurales que acompañaron los procesos de modernización, la tasa de participación femenina subió cuatro puntos porcentuales y superó el 41 por ciento.

Por otro lado, se presentan una serie de factores como la rígida división sexual del trabajo y la asignación del trabajo doméstico en forma casi exclusiva a las mujeres, que obstaculizan a las mismas a ejercer su ciudadanía en forma amplia y equitativa.

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