El costo económico del voto nicaragüense

  • Según estimaciones de expertos internacionales, el voto válido en Nicaragua sobrepasa en 100 veces el costo del resto de países de Centro América
  • Reformas electorales, acordadas entre el gobierno y el sandinismo, encarecieron más el ejercicio democrático
  • Presupuesto actual destinado para los comicios de noviembre próximo supera los US$40 millones

 

 

 

 

 

 

Mayda Isabel Meléndez

Las elecciones generales, a celebrarse el próximo 4 de noviembre, costarán más de US$ 40 millones de dólares, de acuerdo al presupuesto requerido por el Poder Electoral.

La gran mayoría de ese costo recaerá sobre las arcas nacionales, ya que apenas están garantizados US$1 millón en donación por parte de la comunidad externa.

La Asamblea Nacional aprobó un total de C$523 millones de córdobas (equivalente a US$39.1 millones al cambio oficial del 31 de mayo), cantidad que se desglosa de la siguiente manera: Fondos ordinarios, C$78,046,190 córdobas; Elecciones presidenciales, C$359,932,967 córdobas y; Subsidio a organizaciones políticas, C$85,207,278 de córdobas.

Las autoridades del Poder Electoral, por su parte, solicitaron una ampliación de su presupuesto que incluye C$37 millones de córdobas que el Ministerio de Hacienda recortó a la propuesta inicial y; C$55 millones para enfrentar los gastos de una eventual "segunda vuelta". En total: C$92 millones de córdobas adicionales.

A dicha suma hay que agregar C$260 millones de córdobas, que se estima será el costo de las elecciones en la Costa Atlántica el domingo 1° de marzo del año 2002. Cabe aclarar que inicialmente sólo se necesitarían unos C$80 millones de córdobas para iniciar los preparativos de los comicios costeños.

Hasta el momento, de acuerdo a fuentes consultadas, se tiene proyectado recibir un poco más de un millón de dólares en concepto de donaciones provenientes de Noruega, Japón, USAID, OEA, Unicef y Hagamos Democracia.

Los comicios generales se celebrarán el 4 de noviembre y en éstos se elegirán al Presidente y Vicepresidente de la República, diputados nacionales, diputados departamentales y; diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen). A cinco meses de esa fecha, paradójicamente, no existe un panorama claro de dónde saldrá todo el dinero necesario para la realización exitosa de la fiesta electoral.

La carga pesada del personal

El rubro que más demanda recursos financieros en el proceso electoral, según fuentes consultadas, es el de salarios, ya que prácticamente consume el 40% del monto destinado para las elecciones. "Mucha de la actividad del proceso electoral es la contratación de personal y movilización", comentó una fuente del Consejo Supremo Electoral (CSE).

Según informaciones obtenidas, el CSE dispone de unos mil trabajadores fijos, sin embargo, las plazas temporales pueden llegar a duplicar esa cifra en año de elecciones. Además, días antes del día de las elecciones -llamado el "Día D"-- se contratan unas 70 mil personas, para ser ubicadas en las miles de Juntas Receptoras de Votos (mesas electorales).

Aunque en su mayoría los contratos temporales corresponden a "tropa", también se incluyen personal del ámbito de dirección municipal, de coordinadores de centros de votación, coordinadores de ruta, así como los primeros y segundos miembros de los Consejos Electorales Departamentales (en los C.E.D. el único puesto permanente es el del presidente).

De igual manera se debe contratar al presidente, primero y segundo miembro de los consejos electorales municipales, que posteriormente desaparecen y únicamente queda una oficina con personal técnico.

"Casi mil personas sólo en lo que es la cabeza", del proceso electoral, señaló el Dr. Roberto Rivas, Presidente del CSE.

Otros rubros de importancia por el porcentaje que representan del monto destinado al proceso electoral son: Verificación del padrón electoral, 16.98% del presupuesto (C$67,000,000); chequeo de boletas, 8.09% (C$31,920,000) y; publicidad y educación cívica, 5.58% (C$22,000,000).

La mayor parte del personal "adicional" estará encargado, básicamente, de apoyar el trabajo en las 8,483 urnas que se ubicarán en unos 4,800 centros de votación.


Población votante: un misterio

Los llamados a depositar el voto secreto el próximo 4 de noviembre, según cifras oficiales, corresponden a unos 2,748,195 nicaragüenses. No obstante, existe la posibilidad de que esa cifra varíe durante el período de verificación.

Inicialmente el CSE elaboró sus propios datos tomando en cuenta dos fuentes de información: las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC) y las solicitudes de cédulas de identidad.

Los datos que maneja Inec refleja lo arrojado por el último censo sobre los índices de fallecidos, índices de nacimientos, las edades de las personas, las salidas y entradas del país.

Y aunque el Poder del Estado presidido por el licenciado Rivas considera que los datos obtenidos de las solicitudes de cédulas "van bastante cerca de la realidad", existe un problema imposible de obviar: el caso de la gente que solicitó cédula y falleció sin haberla recibido, quienes se continúan considerando como "ciudadanos" aptos para votar.

"Tengo 2 millones 800 mil cédulas en el padrón, no le he dado de baja a ningún muerto, yo no creo que en este país desde el 93 a la fecha no haya muerto el 10% de esa gente, al menos unos 280 mil ciudadanos", reflexionó el Presidente del CSE.

A esto habría que agregar a los nicaragüenses que en busca de mejores condiciones económicas para su familia, emigran para Estados Unidos o Costa Rica.

Con relación a esto, Rivas recordó que en los medios de comunicación se ha mencionado el estimado de nicas en el vecino país del sur, cifra que oscila entre los 300 y los 500 mil; "y toda la gente que se ha ido a los Estados Unidos y han sido beneficiados con la Ley Nácara... en realidad que la población activa de votantes debe de andar por los 2 millones 300 mil, si nos vamos acercando a cifras reales", enfatizó.

Uno de los tópicos ineludibles al abordar el tema de las elecciones es el de las abstenciones. Los especialistas se guardan con recelo el beneficio de la duda sobre el nivel de abstencionismo que se pudiera obtener.

Al respecto, el presidente del CSE opina que para este año las cifras serán mucho menores que las alcanzadas durante los comicios municipales efectuados el año pasado, cuya cifra osciló entre el 25 y el 29%, según datos oficiales.

Es más, el funcionario público anunció que espera un nivel de abstención que no pase del 22-23%, lo cual espera lograr con el trabajo de verificación del padrón electoral que se llevará a cabo durante cuatro domingos consecutivos y requiere una inversión que anda por el orden de los 60 millones de córdobas.

Hasta el momento se han destinado 15 ó 16 JRV en cada Centro de Votación. No obstante, el proceso de Verificación Ciudadana debe ser aprovechado para que las personas revisen si su centro de votación es realmente el más cercano a su casa y; aunque las autoridades del Consejo Supremo Electoral prefieren dejar las cosas como están, han reconocido que de ser necesario, abrirán nuevos centros de votación.

Roberto Rivas

El licenciado Rivas destacó que no importa si varios miembros de una misma familia votan en JRV diferentes siempre y cuando esas urnas estén ubicadas en el mismo centro de votación, puesto que para este sufragio se ha determinado que una JRV está compuesta por 400 votantes y una vez sobrepasada esa cifra, se continúa la lista de votantes en una nueva junta.

Fin a "industria electoral"

Aunque los pequeños partidos políticos han sido los más "perjudicados" con la nueva disposición nacida de la Ley 3-31, que estableció la actual forma de financiamiento para los partidos políticos, en general ha sido aplaudida debido a los sinsabores que han dejado las experiencias pasadas.

El sistema que regirá la subvención que el Estado entrega a los partidos políticos durante el proceso electoral, por primera vez es a posteriori. El monto destinado para ello es un poco mayor a los C$85 millones de córdobas y se distribuirá solamente entre los partidos que alcancen por lo menos el 4% del total de votos efectivos depositados en las urnas.

En las elecciones de 1984 se instauró que todos los partidos políticos recibían dinero antes del sufragio; lo único que se les pedía luego era que informaran la forma en que habían invertido su dinero.

Después se añadió un "requisito": obtener votos suficientes por lo menos para tener un diputado en la Asamblea Nacional, puesto que de lo contrario el partido político se vería en la obligación de devolver la diferencia existente entre los votos válidos obtenidos y los que necesitaba obtener para lograr por lo menos una diputación.

El resultado fue que por lo menos 15 organizaciones políticas perdieron su personería jurídica y, muchas de ellas no han pagado sus deudas, que por lo visto resultará "impagable", "porque los partidos políticos no presentaron fianza suficiente como para que pueda ser perseguido el fiador; no tienen bienes perseguibles o los pusieron a nombre de otras personas", sentencia el doctor Carlos Tünnermann, Presidente del organismo no gubernamental Etica y Transparencia.

Carlos Tünnermann

"Antes se adelantaba el aporte estatal para los gastos electorales y eso generaba la tendencia a la industria electoral, la creación de micro partidos que reunían las directivas para luego ir a solicitar el aporte estatal que ni siquiera invertían en propaganda y que luego no reembolsaban porque por supuesto no llegaban a sacar pero ni el 0.5% de los votos".

Aún hoy con la nueva disposición del reembolso posterior, Etica y Transparencia considera que a fin de ahorrar recursos del Estado, la mejor forma de subsidiar a los partidos políticos es pagándoles un dólar por cada voto obtenido, lo que además, serviría como incentivo para que las organizaciones traten de ganar mayor cantidad de votos.

Igualmente han sufrido una metamorfosis las reglamentaciones que enmarcan las donaciones recibidas por los participantes en la contienda. Anteriormente éstas eran prácticamente irrestrictas; a partir del 90 se estableció que debían declararse y entregar al CSE el 50% de las donaciones recibidas en efectivo. Actualmente sólo pueden recibir del exterior ayuda relacionada con asistencia técnica y capacitación.

No obstante, para Tünnerman, la recepción de ayuda del exterior está un tanto descuidada puesto que, aunque la ley determina quién, cuándo y cuánto puede ofrecer ayuda a los partidos políticos, a la larga todo ha quedado sólo en el papel.

Según el Presidente de Etica y Transparencia, la reglamentación sobre las donaciones es insuficiente, porque "no deja de haber peligro de que llegue al proceso dinero ilícito, hay incremento de bandas narcos en Nicaragua". Destaca que últimamente en diversos medios de comunicación se ha informado más frecuentemente sobre el uso de Nicaragua como puente del narcotráfico y aunque en nuestro país hasta el momento no se han detectado antecedentes, no debemos confiarnos.

"Si no se toman medidas bien diseñadas para evitar que se contamine el financiamiento de la campaña con dinero procedente de fuentes ilícitas como el narcotráfico, de pronto podríamos luego lamentar que se infiltró y eso es gravísimo para el sistema democrático de un país. Cuando ese dinero comienza a permear las campañas electorales, termina afectando los gobiernos", recalcó tras recordar el sonado caso de Colombia, país en que el presidente fue defenestrado y enjuiciado por usar dinero narco en su campaña electoral.

Bajar costos

Tünnermann recordó otra propuesta que Etica y Transparencia realizó después de los comicios municipales con el objetivo de disminuir los costos de nuestros procesos electorales: mejorar el funcionamiento del CSE porque "aparentemente" hace gastos innecesarios, como la compra de maquinaria para hacer boletas, que costó 600 mil dólares, en vez de asignarle el trabajo a alguna imprenta local.

No obstante, éste es uno de los factores que Rivas menciona como incidentes en la supuesta baja de costos por voto para las próximas elecciones con relación a los comicios municipales.

Por otra parte, el presidente del organismo observador indica que también existen gastos necesarios pero que luego resultan inoperantes, como es el caso de la instalación de modernos equipos utilizados en la transmisión de datos.

El problema radica en que, pese a la modernidad de los aparatos, la tendencia irreversible que debió anunciarse a eso de las 2 ó 3 de la mañana del día siguiente de las elecciones -que es lo ideal y efectivamente pasó en el 90-, o en 48 horas y hasta 72 horas a lo sumo, se tardó dos meses.

La tardanza en dar a conocer el resultado despertó la suspicacia de los electores y de los contendientes. Es más, esta falla está subrayada en el informe de la OEA.

En su favor, Rivas arguye que el problema fue de software y esta vez el problema no tendrá cabida puesto que a diferencia del proceso anterior, esta vez se realizarán pruebas de transmisión de datos.

Siempre pensando en función de disminuir costos la campaña electoral que se nos avecina, la ex Presidenta del CSE, doctora Rosa Marina Zelaya, menciona que el sobrante del material utilizado en las municipales puede rescatarse.

Rosa Marina Zelaya

Su sucesor, el actual Presidente del CSE, descartó rápidamente la sugerencia. "El precio de la democracia es difícil de calcular. Ahorita tenemos una gran disyuntiva en sí salvar el material auxiliar de la primera vuelta a una eventual segunda vuelta", comentó al respecto, el licenciado Rivas.

Recordó que durante las elecciones municipales, el material auxiliar dio mucho problema. "Al trasladar un vaso de tinta de sello y almohadillas hacia el centro municipal, si esa tinta se te derrama sobre una boleta a la hora de una impugnación vos estás metido en un problema político muy serio para poder tomar una decisión ajustada a la ley", expuso.

Según él, "lo ideal" sería que ese material fuera utilizado por las escuelas donde está almacenado, o "sirva a la población, y dejemos el material nuevo para la segunda vuelta".


El dolor de cabeza de la cedulación

A juicio del licenciado Rivas, el procedimiento que inició la cedulación en 1993 debió haber terminado cuatro años después, por lo que "tenemos que ver cómo hacemos un proceso de reposición de cédulas que sea barata, ágil, en lugar de que sea ese proceso traumático para el ciudadano".

El actual titular del Poder Electoral mencionó que al iniciar su proceso de cedulación, el hermano país de Honduras contrató una compañía francesa y al final cada documento de identificación estuvo por el orden de los 4.50 dólares. En cambio, para los nicaragüenses la cédula ya pasó los 50 dólares si en las cuentas incluimos todo lo que el gobierno ha tenido que asignar año con año para ese fin "y que todavía no terminamos el proceso".

Tanto en las elecciones del 84 como del 90 se votó con libreta cívica. No obstante, según refiere el doctor Fiallos, el 4 de agosto de 1989 se convino iniciar el proceso de cedulación justo al finalizar el proceso electoral del siguiente año.

Iniciar el procedimiento para dotar a los nicaragüenses de un documento oficial que los identificara tampoco fue tarea fácil. Al recapitular sobre ello, la doctora Zelaya menciona que al menos un 40% de los solicitantes de cédula no estaban inscritos en el registro del estado civil de las personas y en búsqueda del proceso de cedulación se logró actualizar un alto porcentaje.

Además, otro 20 ó 25% tenía problemas con su inscripción, que van desde errores ortográficos hasta cambio en el orden de los apellidos, entre otros.

Actualmente, según cálculos de la doctora Zelaya, solamente faltan unas 205,000 personas por cedularse, lo que, con relación al universo de un poco más de 2,800,000 solicitudes representa un porcentaje "muy pequeño (aproximadamente el 7%); sobre todo si se toma en cuenta que antes nadie tenía cédula".

Pese a todas las dificultades y críticas que ha enfrentado el proceso de cedulación en nuestro país, la ex Presidenta del CSE lo cuenta entre los logros que obtuvo ese Poder del Estado durante al menos 16 años que abarcaron tres elecciones nacionales y tres en la región de la Costa Atlántica.

Otros logros, a su juicio, son el montaje y ejecución de todo el sistema electoral "a partir del registro, padrón electoral permanente y la cartografía electoral". En tanto entre los principales desafíos siempre estuvo permanente el tema presupuestario, el registro del estado civil de las personas, guerra y delincuencia en las zonas rurales; abstención política.

Agrega que el gran reto que se enfrenta en estas elecciones "no sólo es la realización de las elecciones mismas, sino hacer unas elecciones con la mayor participación de las organizaciones políticas y con la mayor participación de los ciudadanos, con la mayor de las transparencias, con la mayor equidad, justicia y libertad; y que se respete el voto ciudadano".

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