Néstor Avendaño

Presupuesto, pobreza y política

El recorte del Presupuesto Nacional se ha convertido en una dura tarea para los funcionarios públicos. Sólo se ha hecho pública la reducción de una hora efectiva de la jornada laboral en las actividades gubernamentales, lo cual es una acción muy marginal frente a la meta de disminuir en US$150 millones al déficit fiscal aprobado por la Asamblea Nacional para 2001.

Las autoridades gubernamentales, sin lugar a dudas, buscarán la reducción del déficit hasta un nivel del 13 por ciento del PIB mediante la exclusión de todos los proyectos de inversión pública que no cuentan con financiamiento externo. En este ámbito, los ministros deberán de ser muy cuidadosos para no entorpecer la lucha contra la pobreza, porque es el objetivo central para fortalecer el vínculo con la reducción de la deuda externa.

Muy difícil será la reducción del gasto corriente superfluo contenido en el Presupuesto Nacional. La medida de reducir la jornada laboral en la administración pública aparentemente provocara un ahorro equivalente a US$3 millones, pero también, sin lugar a dudas, el beneficio neto de esta medida será negativo al transformarse en un obstáculo para el buen desempeño del resto de las actividades económicas. Es insólito que en un país pobre se reduzca la jornada laboral.

También será más difícil buscar la reducción del gasto público normalizando los salarios de los altos funcionarios estatales. Nicaragua, con un PIB per cápita de US$500, se da el lujo de registrar salarios públicos equivalentes a 100 veces el salario promedio de la economía, mientras que en nuestro vecino del sur, Costa Rica, con un PIB per cápita de US$3,200 registra un salario máximo de US$5,000 en su sector publico. Normalizar los salarios extravagantes en la administración pública de Nicaragua equivaldría a ahorrar dos veces el monto resultante del recorte de la jornada laboral.

Sin embargo, cabe preguntarnos por qué se busca la reducción del gasto y del déficit del gobierno central. En un año de elecciones presidenciales, los donantes desconfían de un inadecuado uso de sus recursos y, por lo tanto, disminuyen la ayuda. También el FMI muestra severas preocupaciones por los desalineamientos del programa monetario resultantes de las quiebras bancarias y, además, de los efectos negativos de la ley de moratoria que emitiera la Asamblea Nacional a favor de los cafetaleros.

Pero también cabe preguntarnos acerca de nuestros propios esfuerzos que logren impedir una drástica reducción de la ayuda internacional. La desconfianza de los donantes se robustece con la falta de percepción de una lucha radical contra la corrupción, tema que será central en la carrera electoral que culminará el 4 de noviembre próximo. El riesgo de mantener y aumentar la ayuda internacional, porque en este escenario hasta los corruptos alzan su voz contra la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos.

En conclusión, la reducción del gasto público sacrificará a varios proyectos de inversión, incluso algunos formulado para la atracción de votos de la población electoral, y ese sacrificio disminuirá el ritmo de la continuidad de la construcción. Esto, anunciado con el estancamiento productivo de las actividades agropecuarias, desembocará en una muy probable caída del PIB en el presente año. La recesión económica sostiene la victoria pírrica de la estabilización del tipo de cambio y de los precios al consumidor. Así, el fantasma de la devaluación no aparecerá en este año de elecciones presidenciales porque ya estamos compartiendo el costo de menores volúmenes de producción, reducción del ingreso, niveles de desempleo y un franco deterioro del bienestar de la población nicaragüense.

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