Pánico por anulación de visas USA

  • Anthony Interlandi, Consejero Económico de la Embusa, confirma que es un mecanismo de presión en contra de ex funcionarios o políticos nacionales, que ocupan injustamente propiedades de norteamericanos

 

 

 

 

 

Mayda Isabel Meléndez

Anthony Interlandi

Actualmente, al menos existen dos formas de ejercer presión para resolver de manera satisfactoria los problemas de propiedad que enfrentan ciudadanos norteamericanos: la negación de solicitudes de visas o la anulación de la ya existente y, en caso extremo en que el proceso no marche satisfactoriamente, la suspensión de ayuda económica de parte del gobierno de los Estados Unidos. Ambas medidas están decretadas por medio de sendas leyes.

Hasta el momento todo indica que no debemos preocuparnos por la posible suspensión de la ayuda económica norteamericana, puesto que según el Consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, Anthony Interlandi, el proceso marcha a buen ritmo.

No obstante, ya se ha tenido que tomar la primera medida con relación a las visas: el Departamento de Estado- ente que toma este tipo de decisiones- mandó a anular dos visas el año pasado y una este año, mientras alrededor de nueve casos más se encuentran bajo la lupa de la investigación de funcionarios de la embajada norteamericana aquí.


¿Cuál es la situación de la propiedad hasta abril del 2001?

Estas son las cifras que tenemos hasta el 30 de abril del 2001, parece que es un año bueno: de los casos registrados con la Embajada, el gobierno ha resuelto 74 casos, pero quisiera dejar claro que ésos están registrados por la Embajada.

Obviamente hay reclamos de ciudadanos norteamericanos que el gobierno trata independientemente, la gente no llega aquí y no registra esos reclamos con nosotros, pero están hablando directamente con el gobierno y ya hay algunos que el gobierno también los está resolviendo.

Creemos que lo que podemos hacer es trabajar con el gobierno para incrementar el ritmo de soluciones y bajar en el balance de casos; en este momento tenemos 890 -más o menos- reclamos todavía registrados por la Embajada.

O sea que a partir del weaver han entrado 74 casos.

Llegaron 74 nuevos reclamos registrados por la Embajada, pero al mismo tiempo el gobierno estaba resolviendo 74, es una coincidencia. Debido a la Semana Santa el gobierno sólo resolvió cuatro casos de ciudadanos norteamericanos en el mes de abril, realmente todo estaba cerrado.

Yo creo que un caso muy importante de un ciudadano norteamericano, su mamá es norteamericana, es sobre una propiedad en San Juan del Sur que el gobierno llamó a su mamá para finiquitar eso, pero el señor estaba viajando.

Ya en la primera parte de mayo, dice que se han resuelto 12 de 15 casos, es muy llamativo y mayo parece que va a ser muy bueno, y no estamos esperando un incremento en los casos nuevos o en los reclamos nuevos, entonces el balance debe disminuir en mayo.

Estamos esperando junio y julio, el ritmo sería bien positivo para recibir una reducción en el balance de casos o de reclamos existentes registrados con la Embajada.

¿A su juicio, cómo han venido trabajando en este aspecto los Tribunales de la Propiedad?

Yo creo que hasta ahora hay éxito. Estamos viendo que hubo unos cuantos que en la mediación llegaron a un acuerdo; si no llegan a un acuerdo en la mediación, los dos partidos no están muy entusiasmados con el arbitraje porque el costo parece demasiado alto, porque cada uno tiene que pagar personalmente en el arbitraje.

Lo que pasa es que algunos quieren ir directamente a los Tribunales y no son financiados particularmente; puede ser que hay bastante norteamericanos, conocemos por lo menos una docena de casos que a ciudadanos norteamericanos les están respondiendo en los tribunales y ese número está creciendo, y en este momento no hemos llegado a resoluciones de los tribunales sino solamente de mediación.

Es muy temprano decir que es un canal bastante útil para los norteamericanos, pero creemos que con la actividad que hemos registrado y que algunos son casos difíciles, por ejemplo, de unos textileros, de un señor que estaba operando en los años 70 y sufrió una confiscación y no podía llegar a un acuerdo con la OCI, la Oficina de Cuantificación y de Verificación. Ahora él decidió poner su caso en los tribunales y ésa es la selección. Esto da otra opción, estamos contentos de que están abiertos estos tribunales y que tenemos un ritmo bastante bueno.

¿En caso de que la resolución de casos norteamericanos no marche al ritmo que ustedes esperan, estarían dispuestos a tomar medidas de presión como negar visas u otro tipo de acciones?

El asunto de negar visas es muy aparte de la concesión de la ayuda. Hay dos actos legales diferentes, uno se trata de la ley de 1994 que vincula la continuación de la asistencia norteamericana con un progreso satisfactorio en la resolución de casos norteamericanos.

La otra es una ley muy reciente, entró en vigor hace dos años. Si hay funcionarios o ex funcionarios de gobierno o políticos que han utilizado su posición para usurpar o tomar propiedades o no compensar ni tratar de compensar a los ciudadanos norteamericanos, a esas personas se les puede negar la visa norteamericana o pueden estar sujetos a la anulación de la visa existente.

Esa es una parte, son dos leyes distintas, pero podemos por ejemplo, como hemos hecho el año pasado, decidir o concluir que el gobierno está actuando de buena fe, hay un ritmo suficiente para continuar la asistencia norteamericana, pero por otro lado hay evidencia de algunos funcionarios o políticos o ex políticos, que han usado su poder para confiscar propiedades.

En este momento estamos siguiendo investigaciones de políticos que han usado o están usando sus posiciones y vamos a continuar acumulando la información de esos casos y eso se presentará a Washington y; allí es donde ellos toman la decisión de si habrá o no habrá acción.

Hay un poco de confusión aquí en Nicaragua, hay algunos voceros de varios medios de comunicación o personas que están pensando que la Embajada va a decidir si va a negar la visa, eso realmente no es la verdad. Nuestro papel en la Embajada es acumular la información.

Si viene un Fulano de Tal y dice que en esa época, Fulano X estaba en un cargo en el gobierno sandinista y tenía un cargo en el INRA o de algo y realmente la persona (estadounidense) no tenía una propiedad rural, tenía una propiedad urbana y ese señor firmó un documento para decir que realmente era rural y desde allí esa persona (funcionario) se apoderó de esa propiedad y sigue ocupándola.

Ese es el tipo de cosas que nosotros vamos a averiguar, si realmente la persona que alegan que está ocupando la propiedad, todavía la está ocupando y; vamos a hacer diligencias para ver si esa persona ocupó un cargo en ese gobierno.

No solamente aceptamos las declaraciones de norteamericanos, vamos a tratar de conseguir evidencias independientes, y acomodar todo este paquete y enviarlo a Washington y allí se va a decidir.

Si un funcionario abusó de su puesto para confiscar una propiedad que luego no habitó, sino que fue ocupada en otra cosa, ¿también lo van a investigar?

Es un punto bien interesante. No está bien definido en la ley; eso requeriría de su interpretación; yo entiendo su pregunta, es un funcionario en que el abuso sería que firmó un documento o lo falsificó, pero un funcionario propio no está usando la propiedad o ganando una utilidad.

Generalmente en la ley hay dos condiciones: que las personas tienen beneficio personal y, abusó de su posición en el gobierno. Yo creo y no me gustaría opinar porque es un área en la ley que realmente tendríamos que tratar con más detalles, en casos de este tipo.

Si hay indicaciones de que la persona abusó de su posición, nosotros vamos a tratar de averiguar los hechos y es importante averiguar si la persona sacó algún provecho personal de esa propiedad.

¿Hasta el momento cuántos casos les han presentado para investigar?

El año pasado hubo dos casos investigados y dos visas anuladas. Lo que pasa en este caso (es que) después de la anulación esas personas entraron en negociación con los norteamericanos afectados y hubo un acuerdo sobre la propiedad.

Hay un caso este año que ya fue determinado para negar la visa y tenemos tres casos en investigación en este momento; es decir que tenemos cuatro casos, uno que es hasta que el señor entre en negociación para devolver la propiedad y tres en investigación que realmente no sabemos cómo se van a desarrollar.

Lo importante es que estamos en contacto con las personas involucradas no sólo norteamericanas, también con la persona afectada local, el político, y parece que esa persona va a colaborar y va a suministrar información.

Tenemos otros 5 ó 6 casos que estamos empezando, que hay evidencias que posiblemente están ocupando. Eran funcionarios de gobiernos anteriores y al mismo tiempo posiblemente están en las propiedades ahora, usurpándolas. Estamos en la etapa inicial, pero estamos empezando como media docena de ese tipo de casos que estamos empezando a investigar. Los resultados serían en los últimos diez meses. Entre conclusiones activas e investigaciones activas, son entre 10 y 12 casos.

¿El tema de la propiedad sigue siendo tema de agenda para el actual gobierno?

Sí, es uno de los asuntos más importantes, ocupa tanto la atención del Congreso como de la Administración (Bush).

Estamos en un año electoral en Nicaragua, ¿usted cree que esto puede cambiar el ritmo que lleva la resolución de los problemas de la propiedad?

Yo creo que puede tener un efecto positivo. Cualquier gobierno, el que está saliendo o el que entra de cualquier partido, ellos van a saber a través de nuestras acciones que la aplicación de la ley sobre las visas es una herramienta de nuestra política. Asimismo que la asistencia norteamericana está vinculada a la continuación y progreso y en cualquier gobierno el mensaje va a ser el mismo.

Queremos un ritmo de progreso igual o mejor que el que hemos tenido. Las exigencias serían las mismas, es una exigencia simplemente de justicia, es decir que si hay una propiedad que nos puede ser devuelta, se busca un arreglo de compensación igual y en los casos en que se establezca que la persona tuvo un cargo o era un político y usó la posición para usurpar o al tomar posesión de una propiedad y no quiere negociar, no importa si es un funcionario que ocupa una posición en el gobierno actual o futuro; vamos a aplicar la ley, vamos simplemente a quitar la visa.

Lo que queremos realmente no es que la persona pierda la oportunidad de viajar, es que entre en negociaciones, y fue una solución bastante positiva en los primeros dos casos, con la aplicación de la ley en la que fueron negadas algunas solicitudes de visa. Esas dos personas entraron en negociación con las personas (confiscadas), se devolvió la propiedad bajo condiciones que obviamente fueron parte de negociaciones particulares, los gobiernos no entraron.

Ojalá que todos los casos se puedan resolver porque el objetivo no es castigar, es que haya un arreglo en el problema de las propiedades, ése realmente es nuestro objetivo.

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