Néstor Avendaño

El Plan Puebla Panamá

El Plan Puebla Panamá es una iniciativa mexicana que trata de impulsar el desarrollo económico entre el Estado de Puebla, en México, hasta Panamá, pero, en primero instancia, pretende disminuir la brecha económica entre los estados del sureste mexicano con el resto de la nación azteca.

Los nueve estados del sureste mexicano -Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo- junto con Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá integran un mercado de 65 millones de habitantes, de los cuales 28 millones radican en México.

El Plan busca, en forma concertada, cómo convertir a esta región del continente americano en un polo de desarrollo de "clase mundial" en Latinoamérica, manteniendo el respeto a la soberanía de los estados involucrados, mediante la implementación de políticas públicas y proyectos de inversión, tanto públicos como privados, orientados a la promoción de la educación, la expansión de la infraestructura básica y de la producción, y la modernización de la tecnología y de las instituciones.

Ante esta alternativa para mejorar desarrollo humano en el istmo centroamericano, los países deberían analizar profundamente no sólo las oportunidades y fortalezas del Plan, sino también sus debilidades y amenazas, antes de adoptarlo.

La mano de obra abundante, la posición geográfica privilegiada, la implementación de tratados de libre comercio entre los países centroamericanos con México y Panamá, la interconexión eléctrica en proceso y las excelentes perspectivas del turismo ecológico en la región, junto con la consolidación de los procesos democráticos en estos países, son aspectos muy positivos para la concertación e implementación del Plan. Estos factores podrían contribuir a elevar la competitividad de las empresas que hacen un uso intensivo de la mano de obra, a incrementar los bajos niveles de los rendimientos agrícolas, a garantizar el suministro de energía eléctrica del sureste mexicano hacia el istmo centroamericano, y a potenciar la creciente participación de la mujer en las actividades económicas y sociales.

Pero, por otro lado, las naciones centroamericanas, igual que el sureste mexicano, observan grandes desigualdades en la distribución del ingreso y, por lo menos en Nicaragua y Honduras, grandes atrasos económicos y sociales, al ser calificados por la comunidad internacional como países pobres muy endeudados y, exceptuando a Costa Rica, la fuerza laboral no muestra aceptables niveles de capacitación técnica.

Además, los países centroamericanos poseen una baja capacidad de financiamiento interno, mejor dicho de ahorro interno; sus pequeñas y medianas empresas que aún sobreviven frente a la apertura comercial no pueden impulsar el crecimiento económico; y sus gobiernos formulan y administran políticas económicas y sociales con una baja participación de la sociedad civil.

Con una infraestructura económica limitada, y a veces deteriorada, los países centroamericanos son muy vulnerables frente a los fenómenos naturales, por ejemplo huracanes, terremotos, sequías e inundaciones; no existe una red ferroviaria regional, la red de comunicaciones es de baja intensidad y la red vial es de baja calidad; sus mercados, pequeños al ser aislados, tienen una alta dependencia tecnológica del exterior y la inversión extranjera directa muestra un comportamiento discontinuo y con altibajos por los riesgos políticos que han caracterizado a la región desde hace varias décadas.

La brecha entre los países centroamericanos y otras zonas y países del mundo se ha acrecentado no sólo por sus bases exportadoras poco diversificadas y la mayor competencia entre los países emergentes en la atracción de inversiones extranjeras, sino también por el aumento de las tensiones sociales resultantes de las desigualdades crecientes entre pobres y ricos.

En este entorno socioeconómico, con ventajas y problemas, Centroamérica, además de haber recibido los beneficios de la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, ya estableció tratados de libre comercio con México y Chile, ha ratificado otro tratado con República Dominicana, y actualmente negocia otros tratados con Canadá, Panamá y la Comunidad Andina. También es necesario incorporar a Belice.

Hoy parece otra apertura: El Plan Puebla Panamá. Todas estas aperturas persiguen el aumento del comercio, las inversiones y las corrientes financieras. Todos los países del istmo buscan inversiones extranjeras, avanzan en las desgravaciones arancelarias, pero no todos tienen acceso a los mercados financieros.

Mientras Costa Rica y Guatemala se proponen a colocar bonos gubernamentales en el mercado financiero internacional para garantizar su financiamiento externo, Nicaragua y Honduras tratan de reducir sus deudas externas en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados, y todos, aunados por la relación con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, impulsan el saneamiento de las finanzas públicas, mantienen con y sin holguras la estabilización macroeconómica, modernizan el sector público y fortalecen el sector financiero.

Se abre, pues, otra posibilidad de desarrollo regional, que demanda de una verdadera integración económica, social y política entre los países del istmo.


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