La Reforma Agraria: ¿vive o agoniza?

  • Veintidós años atrás,
    dio inicio un agresivo proceso de redistribución de tierras, a partir de las propiedades confiscadas a los Somoza

 

 

 

 

Mayda Isabel Meléndez

  • Entre 1980 y 2001 se han titulado 5.2 millones de manzanas de tierras agropecuarias
  • Especialistas estiman que el sector reformado ha perdido 500,000 manzanas por la vía del mercado, llamándolo una contrarreforma agraria

La campaña electoral aún no ha entrado en lleno, sin embargo, empieza a ser notorio el peso que tendrá el tema agrario, referido a la distribución de tierras, legalización, crédito y comercialización. Los spot de radio y televisión del candidato oficial así lo confirman, así como las declaraciones de sus oponentes políticos.

Pero, 22 años después de que se emprendió una agresiva reforma agraria con la Revolución Sandinista, cabe preguntarnos, ¿hay inventario suficiente para crear un banco de tierras?, o bien, ¿hay demandantes de nuevo porque vive el país un proceso de contra Reforma Agraria?. Al respecto, los sectores involucrados coinciden en unos pocos aspectos y difieren en muchos otros.

Lo que dicen las estadísticas

Se calcula que hasta 1989, con la Reforma Agraria sandinista, se había satisfecho al 80 por ciento de los demandantes de tierra, pues estudios realizados indican que 111,833 familias resultaron favorecidas, de un total de 139,029 demandantes que habría entre 1979 y 1989.

Como resultado de esta agresiva distribución de tierras agropecuarias, la producción campesina pasó del 4% en 1978, al 44% en promedio de la totalidad de manzanas habilitadas por el Sistema Financiero Nacional, en 1989.

Por otra parte, Según datos del extinto Banco Nacional de Desarrollo (BND), para 1978 existían en el sector agropecuario 42 cooperativas R.L. con 9,270 socios. Al finalizar la década de los 80, aumentó a 3,252 cooperativas y 85,607 socios adicionales. De estos afiliados, “sólo el 10.7% está compuesto por mujeres”, indica un estudio realizado a mediados de los 90.

Hasta 1991, según el mismo, “el peso económico representado por el movimiento cooperativo, en la estructura de la tenencia de la tierra hasta 1991, refleja la explotación de 1,722.5 miles de manzanas equivalentes del 21% del total de las tierras en fincas”.

Títulos agrarios

Estadísticas de la Oficina de Titulación Rural (OTR), por su parte, refleja otra dimensión del tema agrario, al indicar que a lo largo de los últimos tres períodos presidenciales, o sea entre 1980 y 2001, se han titulado 5,242,302 manzanas de tierra.

Lógicamente, el mayor porcentaje corresponde a la década comprendida entre 1980 y 1990, con 3,715,543 manzanas, cifra que representa el 70% de los títulos entregados. De ese primer total, 2,423,195 (46.2%) fue entregado entre 1980 y 1988, y las 1,292,348 (24.6%) restantes, se concedieron de 1989 a abril de 1990. A ese último período, sobretodo el correspondiente a marzo y abril de 1990, se le ha denominado “La piñata”.

Durante los dos años siguientes, de acuerdo a los archivos de OTR consultados por El Observador Económico, no hubo legalización de tierras, sino sólo entregas. Pero las titulaciones se reanudaron a partir de 1992, cuando, además, se incluyeron en los registros otros indicadores como el tipo de título emitido o sexo del beneficiario directo, entre otros.

Entre 1992 y junio 2001 se entregó 1,526,759 manzanas, cifra equivalente al 29.12% del total de manzanas entregadas. El primer período de esta segunda fase comprende de 1992 a 1996 (mandato de doña Violeta Barrios), y aquí se entregó 843,206 (16.08%) manzanas, y de 1997 a junio del presente año (mandato de Arnoldo Alemán) se han entregado 683,553 (13.04%) manzanas de tierra.

Un mercado potencial de tierras

Orlando Núñez, economista y estudioso del tema agrario, estima que los campesinos beneficiados con la reforma agraria han perdido –vía mercado-- 500 mil manzanas de los 3 millones que habían recibido.

“Si el mercado recupera esas tierras, no se logró el objetivo de democratizar la economía nacional, de fomentar el mercado interno y de producir alimentos baratos en Nicaragua”, apuntó Núñez. “Si el mercado recupera las tierras y se vuelven a concentrar, no pasó de ser una experiencia más en la historia de Nicaragua”, insistió.

A su juicio, el proceso de reforma agraria de los 80 tuvo una característica de distribución masiva de la tierra, producto de una confiscación fuerte, un gran apoyo de parte del Estado hacia los campesinos: créditos, asistencia técnica, en un contexto en que el Estado tenía un gran poder de administración e intervención del mercado.

“El resultado fue que creó la mayor cantidad de propietarios, lo que implica una responsabilidad, porque hacer propietarios de la noche al día no es lo mismo que consolidarlos”, dijo Núñez.

Por su parte Alba Palacios, directora de la Unión Nacional de Productores Asociados (Unapa), insiste en que a partir de los 90 se ha implementado una política de reconcentración de la tierra “por la vía de la no asistencia, crédito impagable y abandono de la política agraria”.

El resultado, manifiesta, es que el campesino no logra sobrevivir en medio de tanta presión y termina mal vendiendo la propiedad, si es que no se la embargan porque no alcanzó a pagar las deudas adquiridas por financiamiento.

En cambio, Marcos Centeno Caffarena, Director de la OTR, disiente completamente sobre el concepto de que se está registrando una “contrarreforma agraria” por la vía del mercado, ya que valoró que en los años 80 no hubo conceptualmente una “reforma agraria”, sino un proceso de instrumentalización política de la confiscación o distribución de tierras.

Además, señaló que se ha sobredimensionado el fenómeno del mercado de tierras y de grandes compradores. “Por el tipo de información que compartimos con la gente del Mag-For, no tiene mucho fundamento el tema de que están apareciendo grandes latifundios”, dijo, y en caso contrario, se preguntó dónde estaban entonces.

“En realidad, son parcelas chicas donde se están haciendo inversiones intensivas de capital, como en el caso de las camaroneras en Chinandega, pero no son grandes latifundios. Hay casos sonados sobre el tema de la adquisición de tierras, y entonces como son muy sonados, tal vez eso nos crea una percepción de que hay una contrarreforma, pero yo más bien diría que son casos aislados, muy sonados por cierto”, refirió.

Reforma Agraria Sandinista

Cuando el Frente Sandinista asume el poder, comienza por implementar políticas orientadas un poco más hacia la redistribución de los excedentes económicos del agro que de la tierra en sí. La idea era aprovechar una estructura productiva que encontró establecida, la agroexportación, para incorporar la participación de los trabajadores asalariados. Esto dio lugar a la otrora famosa Área Propiedad del Pueblo, APP.

Una de las principales características del primer período de la revolución sandinista fue la confiscación de tierras, que tuvo lugar a raíz de la promulgación de los decretos 3 y 38 (1979); decreto 329 (1980). Bajo ese marco jurídico, se confiscaron alrededor de 2,000 fincas que pertenecían a la familia Somoza y sus allegados, las cuales equivalían a la quinta parte de las tierras con vocación agraria en todo el país.

De esto, la mayoría pasa a formar parte de las nuevas empresas estatales que estaban bajo la dirección del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria, INRA, que posteriormente fue fusionado al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, MIDA, dando paso a la institución que luego se conoció como MIDA-INRA.

Posteriormente se confiscó a grandes y medianos productores, amparándose en la denominada “Ley de ausentes”, que afectaba a aquellos productores que abandonaban el país o su propiedad por un período de varios meses. Se arguyó que por fomentarse un proceso donde se priorizaba la posesión de la tierra en manos de los campesinos, era inapropiado mantenerlas ociosas.

Para Centeno, funcionario público, ese aspecto es cuestionable. “La reforma agraria se convirtió en un instrumento de represión, viéndolo desde a quién se le afectaba sus tierras: a la persona que no tenía afecto por el régimen, sencillamente, se aplicó la inventada Ley de los Ausentes”, dijo.

“Se le decía que no estaba haciendo producir sus tierras y se le afectaba. Se convirtió en un arma de represión política”, insistió el Director General de la OTR.

A su juicio, “se desvirtuó el concepto de los polos de desarrollo, el concepto social y económico que debe haber detrás de una Reforma Agraria, y se empezó a aplicar esos criterios lamentablemente, porque la ley estaba bien concebida, pero la aplicación de la misma no fue la correcta”.

¿Cuál reforma agraria?

Centeno, economista de profesión, consideró que el origen de la discusión de que si en Nicaragua ha habido o no una verdadera Reforma Agraria se remonta al concepto de la misma, pues ésta nada tiene que ver con una simple repartición de tierras, sino que está relacionada con la priorización de campesinos y los productores con tierras insuficientes, pero también con polos de desarrollo y la ampliación de la frontera agrícola.

“Reforma Agraria, a mi juicio, a mi ver, no ha habido aquí; conceptualmente estuvo muy bien en los años 80 (luego), la aplicación fue totalmente política”, afirmó el funcionario público.

A juicio de Centeno Caffarena, el “período de transición” del gobierno del Frente Sandinista al de doña Violeta Barrios viuda de Chamorro, fue cuando “más daño social y legal” se causó al país, debido a que los terrenos reformados se legalizaron en forma desorganizada y con criterio político, y muchas cooperativas se convirtieron en testaferros de dirigentes sandinistas.

El desorden jurídico en el agro, por falta de previsión, es compartido por Alba Palacios, Directora de Unapa y diputada sandinista ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

“Como no se previó la pérdida de las elecciones, tampoco se previó la necesidad de legalizar todas estas tierras, porque se partía de que eran dueños de hecho por un gobierno que había impulsado la Reforma Agraria y que no les iba a quitar la tierra”, refirió Palacios.

“Esa fue una debilidad no prevista que se ha venido subsanando en la medida de los compromisos de la legalidad de la tierra. Algunas cooperativas han logrado la legalización, otras no; otras siguen con sus títulos, y otras cooperativas o empresas asociativas de los trabajadores tienen demandas de antiguos dueños que quieren recobrar esas propiedades y que se deberá buscar solucionar favorablemente --si se puede-- dando prioridad a las familias campesinas que son mayoría”, señaló.

Para ella, la única esperanza descansa sobre el retorno de un gobierno sandinista al poder. “Al final, la Reforma Agraria la creó el FSLN, y con él a la cabeza se tendrán que resolver todos estos conflictos que se generaron en todo lo que fue la contradicción de la gran concentración de la tierra, y una parte de los grandes demandantes --que era el sector campesino-- se ha concentrado de nuevo, pero otra parte está allí... y se necesita legalizar y poner a producir todas esas tierras”, dijo.

“Estamos esperanzados en que si el Frente Sandinista logra asumir el gobierno, que se pueda pactar una política de desarrollo agropecuario que no beneficie sólo al grande. No es que deje de ser afectado por precios y otras cosas, pero no vive el drama que tienen el pequeño y mediano productor o el campesino, ni esa desesperanza que viven éstos”, apuntó.

Palacios duda de que la solución al agro esté en manos de un gobierno de corte liberal o conservador. “Los liberales son gobierno ahorita y son un desastre, la reconcentración de la tierra avanzó. Y a algunos que fueron parte del gobierno y que ahora están con los conservadores difícilmente les puedo creer”.

“Si mi experiencia con estos dos gobiernos ha sido de que el agro no les ha interesado y han dejado abandonada a las familias campesinas, ¿por qué voy a estar esperanzada de que lo van a hacer?”, se preguntó.

 

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