Pobreza y deuda interna...

Retos Económicos 2002-2006
Por Luz Elena Sequeira G.

lesequeira@elobservadoreconomico.com

La economía de Nicaragua es como una barca sobre el océano, que ha tenido que batallar ante grandes tormentas, unas políticas, (guerra en la década de los ochenta), otras naturales (paso del Huracán Mitch), y que al chocar los ambas han desatado una enorme tormenta social que se refleja en un alto porcentaje de pobreza entre la población del país. ¿Cómo hacer para que la barca pueda seguir navegando en el océano si se encuentra tan deteriorada (caída drástica de reservas internacionales, elevado desempleo y baja productividad) y rodeada de tantos compromisos macroeconómicos y reformadores con organismos internacionales?

La respuesta ante tal interrogante son parte de los retos que la próxima administración pública tendrá que enfrentar, sin importar el color de su bandera partidaria.

Herencia

Parte del legado económico que recibirá el próximo gobierno será una frágil y muy vulnerable estabilidad macroeconómica, la cual se puede predecir al observar el comportamiento de los principales indicadores económicos. Según datos oficiales registrados a la fecha, al cerrar el año 2001 la tasa de inflación, de un dígito menor con respecto al año anterior, será una de las más bajas de los últimos años, pero la tasa de subutilización global equivalente, podría estar cercana al 25 por ciento de la población económicamente activa.

En la parte externa, las exportaciones no han presentado mejoría desde la caída de los precios internacionales del café y, además, la ayuda internacional que cada vez es menor, lo que dará como resultado un déficit de balanza de pagos, con respecto al PIB, cercano al 40 por ciento. Por otro lado, el déficit del Gobierno Central podría aproximarse a un 12 por ciento del PIB.

Este legado es parte de toda una herencia que, a través del tiempo, ha conformado toda una historia económica que, sin lugar a dudas, ha sido muy controversial, sobre todo en el uso y destino de los recursos públicos del país.

En la década de los ochenta, la economía se encontraba regulada en su totalidad por el Estado, los precios eran dados, la producción declinó, la inversión privada fue sustituida por la estatal, los servicios se encontraban centralizados y el gasto público se orientó principalmente a la defensa militar. Adicional a esto, como resultado de la política económica de ese entonces, los niveles de inflación fueron los más altos de toda la historia del país.

En la década de los noventa, se transformó el Estado y se dió paso a una economía regida por las fuerzas del mercado, se descentralizaron algunos servicios, como el financiero, se liberó el comercio de bienes y servicios y el gasto público se destinó a la pacificación y la reconstrucción de los estragos dejados por el huracán Mitch. Por lo tanto, el gasto público no se pudo reducir, tal y como había acordado el Gobierno Central con el Fondo Monetario Internacional.

Como resultado de esa situación, para el período de 2002-2006 se tendrá que cumplir con todos los acuerdos y compromisos del Gobierno Central, tanto en el ámbito externo como interno, buscando cómo mitigar la pobreza imperante a través del uso eficiente y eficaz de los recursos, en un país donde la estabilidad macroeconómica depende mucho más de la estabilidad política que de cualquier otro factor.

Retos

Garantizar que el país alcance el Punto de Culminación de la Iniciativa HIPC, es uno de los retos principales que tendrá que enfrentar la próxima administración pública, dado que su cumplimiento encierra una serie de condicionalidades con el Fondo Monetario Internacional, tanto de índole económico como político. Dentro de esas condicionalidades se encuentra el mantener la estabilidad macroeconómica y, sobre todo, reducir y reestructurar el gasto público en el nuevo entorno de la lucha contra la pobreza.

Otro de los retos económicos que deberá enfrentar es el problema de la deuda interna, la cual, en los últimos años, se ha venido incrementando sin control. Existen otros retos que, si bien es cierto no tienen un carácter propiamente económico, su resolución conlleva a implicaciones económicas y representan garantías para los inversionistas, como la descentralización de los recursos y funciones del Gobierno Central hacia los gobiernos locales, despartidizar las instituciones públicas, garantizar la seguridad jurídica, fortalecer la gobernabilidad y la transparencia del uso de los recursos públicos, fomentar la participación de la sociedad civil en la solución de los problemas sociales, poniendo en marcha una estrategia de lucha contra la pobreza que considere las necesidades reales de la población.

La deuda interna... el gran ancla

El pago de la deuda interna, en términos macroeconómicos, pone en riesgo el cumplimiento de los primarios de la lucha contra la pobreza, dado que la actual deuda interna es una restricción presupuestaria que reduce los recursos destinados a tal fin. Por lo tanto, se requiere de una estricta disciplina fiscal que facilite su control y solución.

La deuda interna, puede ser analizada en dos partes, la primera, la deuda del Gobierno Central al Banco Central de Nicaragua para cubrir los bonos de saneamiento de la banca estatal (BANADES, BANIC, etc.) y los Bonos de Indemnización y los bonos que ampararon las quiebras bancarias, (incluye además pérdidas del BCN y revaluaciones monetarias), la cual equivale aproximadamente a un 92 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); y en segundo lugar, la deuda del corto plazo del Banco Central de Nicaragua por emisión de CENIs, BOMEXs, TEIs y TELs.

La deuda de corto plazo por emisión de CENIs, BOMEXs, TEIs y TELs, ha sido asociada a tres fines, uno referente a la posición de las reservas internacionales oficiales del país, el segundo a la quiebra de bancos, y el tercero la relacionada al bono cafetalero.

Al 15 de octubre del año en curso, la emisión de CENIs asociada con las reservas internacionales, equivalía a US$228 millones; la referente a la quiebra de los bancos, incluyendo al BANIC, se aproxima a US$550 millones; y el bono cafetalero se estima en US$25 millones. La deuda emitida mediante los Bonos en Moneda Extranjera (BOMEXs), y colocados en la banca comercial, es de US$32 millones, y la emitida por Títulos Especiales de Inversión (TEIs) y colocados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, es de US$45 millones. Por último, la emisión de Títulos Especiales de Liquidez (TELs), creados para soporte del aumento marginal de la tasa de encaje legal a partir del 1 de agosto, es de aproximadamente US$39 millones.

En suma, la restricción financiera por emisión de títulos de la banca central asciende en la actualidad a US$919 millones, a la cual hay que adicionar US$800 millones por la redención de bonos a los confiscados en la década de los ochenta.

En conclusión, la deuda interna ha llegado a ser una deuda insostenible y el nuevo gobierno deberá buscar la forma de cumplir con el compromiso adquirido, para lo que será necesario una reforma fiscal que no deberá estar dirigida a elevar más la ya pesada carga tributaria, sino a reducir gastos discrecionales y no prioritarios en la próxima administración pública.
Desatender estas zonas rurales marginadas y en desventaja pueden afectar la competitividad de otros sectores, como la industria, turismo y el comercio, y pueden exasperar conflictos étnicos, regionales y de clase que afectan a tantos países.

Qué hacer

En un clima de crisis internacional, donde Nicaragua continúa con una alta dependencia de recursos provenientes del exterior, mantener la estabilidad económica es una tarea dura pero no imposible de llevar a cabo.

Muchos economistas coinciden que para conseguir una estabilidad macro-económica, primero deben dejar a un lado los intereses partidistas y tener una visión de nación que conlleve a la búsqueda de las mejores soluciones para el país.

Sobre todo, partiendo que lo econó-mico está en dependencia de lo político, por lo tanto, es necesario iniciar realizando cambios estructurales que disminuyan el riesgo país, para lo cual es indispensable crear un marco institucional que permita que las reglas del juego se cumplan. ¿Cómo? Despartidizando las instituciones, que los empleados de las distintas entidades públicas permanezcan en sus puestos de trabajo, sin distingo de partido político, permitir una autonomía real del Banco Central, para evitar desviaciones de la política monetaria, y penalizar el desvío o mal uso de los recursos públicos, conforme lo establecido por la ley.


Segundo, revisar las políticas sectoriales que permitan fomentar efectivamente los puntos clave de desarrollo del país, lo que implica reorientar el dinamismo de los sectores económicos, convirtiéndolos en agentes activos y no pasivos, de tal forma que el Estado actúe únicamente como un facilitador de gestión y no necesariamente como el principal ejecutor.

Tercero, que la política económica sea acorde con las políticas sectoriales, dirigida en especial a los sectores más vulnerables del país, es decir, no se pueden establecer leyes fiscales, por citar un ejemplo, de incremento o reducción de impuestos, si esta no beneficia efectivamente algún sector de la economía que genere crecimiento.

En resumen, no seguir tolerando corrupción, fortalecer la institucionalidad en el sector público y lograr, lo más rápido posible, un nuevo acuerdo trienal con el FMI, con el fin de reducir la gran incertidumbre económica, inversionista y financiera que existe en la actualidad.

Una carrera de obstáculos

 

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