Por Alejandro Martínez Cuenca Ph. D

El Impuesto de Bienes e Inmuebles del 2001
y la Participación Ciudadana

Es evidente que las alcaldías de todo el país, incluyendo la de la capital, requieren contar con recursos para poder realizar obras que se han comprometido con los electores, pero ello se tiene que hacer buscando aumentar el número de potenciales contribuyentes, en lugar de gravar más a los que ya cumplen con sus obligaciones tributarias. Hay muchas propiedades, en el caso de Managua, que tienen obligación de contribuir pero aún no lo hacen, en esos casos hay que estimular a la gente a que lo haga porque es una obligación ciudadana, pero las autoridades también tienen la obligación de gravar en función de lo que es posible y no de lo que idealmente se quisiera. Por ello esta nota de reflexión:

1. La Valoración catastral, que ha dado a conocer la Alcaldía de Managua, tiene el problema que no toma en cuenta la depreciación del bien inmueble, en contra de lo que establece el Art 16, Capítulo III del decreto No. 3-95 , del 31 de enero de 1995. Al no tomarse en cuenta la depreciación la valoración que resulta es totalmente irrealista. De hecho una vivienda que tiene más de 15 años de construida y que no reporta mejoras, ya está totalmente depreciada y su valor, para efectos catastrales, debiera de ser: CERO. Lo único que no se deprecia es el valor del terreno

2. No es ningún secreto, para los capitalinos, el hecho que los servicios municipales son costosos y, estoy seguro, en la mayoría de los ciudadanos hay voluntad de contribuir en esta importante tarea. Pero, para ello, tiene que haber un comportamiento recíproco en las autoridades municipales, de ser consecuentes en sus demandas. Por ello, además del aspecto técnico arriba señalado, tiene que haber una política edilicia encaminada a propiciar el pago de los impuestos en tanto ellos sean razonables. Para ello, es inevitable tener que hacer una política inteligente, que estimule y no que desaliente al contribuyente.

3. A manera de ejemplo de lo que debe ser una política de estimulo:

a) No se puede continuar castigando con gravámenes excesivos aquellos contribuyentes que tienen un historial de cumplir con sus compromisos anuales con la municipalidad. Este tipo de contribuyente tiene que ser estimulado y puesto como ejemplo de lo que debiera de buscar las Alcaldías. Por tanto, a esos contribuyentes, que han cumplido religiosamente en los últimos 10 años con sus contribuciones anuales, se les debe mantener su gravamen histórico, partiendo que históricamente han venido contribuyendo de acuerdo al avalúo catastral. A ese tipo de contribuyente hay que motivarlo para que haga mejoras en sus edificaciones, de manera que el próximo año tenga mejoras que declarar, que al no estar depreciadas, contribuirán a las futuras recaudaciones de la municipalidad.

b) Si se trata de un contribuyente, que no está al día con sus pagos, a ese contribuyente hay que facilitarle que se ponga al día, haciendo un descuento de lo adeudado, pero, en la misma manera que se le descuenta lo adeudado, se le revaloriza su propiedad al valor catastral actual, de manera que siempre queda el mensaje de que existe un desincentivo a no cumplir con los compromisos ejidales.
c) Todas las nuevas construcciones, que tienen menos de cinco años, se deben gravar a precios actuales menos la depreciación de cada año, de manera que el contribuyente sienta que no se le penaliza por hacer construcciones nuevas, aunque si se le estimula a contribuir con su responsabilidad frente a la Municipalidad.

4. Se debe constituir, con la mayor brevedad posible, el Tribunal de Arbitraje Municipal, donde puedan recurrir de manera expedita los contribuyentes para resolver posibles arbitrariedades que puedan surgir con la aparición de los nuevos avalúos. Este tribunal, independiente de la Alcaldía, debería estar presidido por personalidades de intachable récord y con conocimiento de lo que debe ser una ley tributaria municipal. Recomendaría que esta comisión, en cada municipio, fuese presidida por eminentes profesionales de intachable reputación de la sociedad civil de cada municipio. Además, en ese tribunal debiera de estar representado el movimiento comunal y un representante del sector empresarial del municipio. Las resoluciones de ese Tribunal deberían ser de obligatorio cumplimiento para las Alcaldías. Esta Comisión no debe constituirse en más burocracia, sino que sesiona durante los períodos que hay que cumplir con el pago del Impuesto de Bienes e Inmuebles. Todo con el ánimo de que haya participación de los ciudadanos en el proceso de solución de controversias en la determinación de dichos cobros. Se trata de que avancemos con la participación de los ciudadanos y nos obliguemos así, con un mayor compromiso, con nuestras municipalidades.

Managua 2 de Enero del 2002

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