Por Sergio de Castro

La nueva Ley de Régimen Presupuestario

Una oportunidad excepcional

La película se repite todos los años y nada pareciera indicar que en esta oportunidad será distinta a años anteriores.

El próximo primero de abril el gobierno iniciara los tramites anuales para la elaboración del presupuesto correspondiente al 2003, un proceso que deberá culminar el 15 de octubre, cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico lo envié a la Asamblea Nacional. A partir de ese momento la pelota estará en la cancha de los diputados, que antes del 15 de diciembre deberán tener aprobado el nuevo presupuesto.

El gobierno, en su primer año y con la legitimidad que le confirieron los electores en las urnas, tiene ante sí una oportunidad de oro. No sólo se trata de iniciar ese proceso con la participación activa de todos los sectores de la sociedad civil en instituciones estatales, sino también establecer mecanismos efectivos de control en la ejecución presupuestaria del presente año.

Mas importante aun. Se le presenta la oportunidad de proponer una NUEVA ley de Régimen Presupuestario que sustituya la actual, vigente desde 1988 y elaboradas en circunstancias muy diferentes a la que vive el país en el presente.

El gobierno ha planteado que revisara el presupuesto 2002 presentado por la administración anterior y aprobado por la legislatura pasada. Lo peor que podría ocurrir seria ceder a la tentación de llevar a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la ley anual de presupuesto, lo que podría empantanar a la actual administración en un juego de intereses políticos sobre los que no tiene control.

En palabra del doctor Julio Francisco Báez, todo parece indicar que el Ejecutivo no está consciente aun de las posibilidades legales que le asisten. Mientras trabaja de manera priorizada en la elaboración de la nueva Ley de Régimen Presupuestario, el gobierno puede hacer uso de los instrumentos legales que tiene a su alcance para ejecutar el presupuesto de este año y sacarle el máximo provecho, posibilidades que las nuevas autoridades parecieran no conocer los suficiente.

El doctor Báez, especialista en derecho tributario, ha hecho hincapié en que no se trata de reformar la ley anual vigente, si no de elaborar una nueva ley marco encargada de encauzar y delimitar los alcances de las leyes anuales de los ingresos y egresos del Estado( Ley de Régimen Presupuestario), que asuma el Presupuesto como un proceso, cuyas diferentes etapas de elaboración y ejecución estén basadas en la participación y control por parte de los ciudadanos organizados.

Sin embargo, el gobierno debería no solo sacarle el máximo provecho a la Ley de Presupuesto 2002 y presentar una nueva Ley de Régimen Presupuestario, sin no también cumplir con lo que manda la legislación en cuanto a la presentación de los balances trimestrales de la ejecución presupuestaria, en una clara señal de transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Al respecto, el articulo 39 de la vigente y obsoleta Ley de Régimen Presupuestario, consigna: El Presidente de la Republica, por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, someterá a la Asamblea Nacional el informe de la liquidación del presupuesto, a mas tardar el 31 de Marzo del nuevo año fiscal.

El gobierno tiene la oportunidad de hacer realidad la promesa de darle su lugar al Consejo de Planificación Económica y Social, CONPES, cuya composición la amplió el Ingeniero Enrique Bolaños en una clara intención de incrementar su representación. La discusión de la nueva Ley de Régimen Presupuestario puede transformarse en el punto de partida para que el CONPES asuma un rol mas activo y sus propuestas no queden en el tintero, como pasó con las recomendaciones hechas en noviembre del año pasado, en el caso de presupuesto actual.

Esta es la oportunidad de dar vuelta a la página y comenzar una nueva era en lo que se refiere a la elaboración del Presupuesto General dela República, su discusión en la Asamblea Nacional y ejecución transparente por parte de las autoridades gubernamentales.

Esto solo será posible si el gobierno pone manos a la obra de inmediato para que el presupuesto del próximo año se discuta en un nuevo marco legal, entendido el proceso como un sistema en que todas sus etapas cuentan con la participación y control de la ciudadanía y los organismos que la ley establece, como la Contraloría General de República.

Caso contrario, veremos una vez más la discusión del presupuesto en la Asamblea Nacional convertida en un pleito por las tajadas de un codiciado pastel.


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