Presupuesto Nacional:

Un pastel difícil de repartir

Por Luz Elena Sequeira G.

lesequeira@elobservadoreconomico.com

 

Reflejo de la voluntad política del Gobierno de turno... expresión de la actividad financiera del Estado... estimación de ingresos y gastos..., estas han sido, entre otras, las frases comúnmente utilizadas por distintos sectores de la sociedad al tratar de definir lo que entienden por Presupuesto General de la República.

Independientemente de las distintas definiciones que puedan darse, el Presupuesto General de la República tiene de forma implícita la visión gubernamental de las prioridades nacionales y la lógica económica que debe de tener el Estado.

Por lo tanto, se podría decir que el Presupuesto General de la República, además de ser el instrumento que organiza las finanzas públicas del país (ingresos y gastos del Estado durante el período de un año, recopilado en un documento aprobado mediante ley de la República), refleja la responsabilidad y eficacia con que se participa en su formulación, ejecución y control.

Es decir, según se cita en el libro Todo sobre Impuestos en Nicaragua, de los especialistas fiscales Teódulo y Julio Francisco Báez, en el se puede medir la calidad de los gobernantes, legisladores y, porque no decirlo, también de la sociedad civil.

Prioridades Nacionales

Según publicación de la Gaceta, Diario Oficial, número 244, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua ha dictado la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2002, en la cual se aprueba la suma de C$12,787,342,676.00 (doce mil 787 millones 342 mil 676 córdobas netos), concernientes a los gastos totales del Gobierno Central, de los cuales el 67.65 por ciento corresponde a gastos corrientes y los restantes 32.35 por ciento para gastos de capital.

Sin embargo, pese a la aprobación mediante ley, el actual Ministro de Hacienda y Crédito Público ha pedido a las distintas instituciones que revisen rubro por rubro para posteriormente estudiar y analizar si el Presupuesto 2002 será modificado o bien solamente se redistribuirán las partidas.

Si el Presupuesto de la República para 2002 quedara tal a como se publicó en el Diario Oficial la Gaceta, la estructura funcional del gasto público sería la siguiente: 40 por ciento para servicios sociales; 18 por ciento para infraestructura y producción; 18 por ciento para pago de intereses de la deuda externa; 13 por ciento para administración del gobierno; y el 11 por ciento para defensa y seguridad.

Del 40 por ciento destinado para gasto social, el 48.3 por ciento corresponde a educación y el 32.8 por ciento a salud, sin embargo, si se compara el gasto asignado a educación con el total del gasto, se puede observar que el gasto asignado a educación no supera los dos puntos porcentuales a lo asignado al pago de intereses de la deuda, lo que indica la relativa importancia que el Gobierno esta dando al cumplimiento del pago de intereses por la de inversión en educación.

Lo anterior ha sido criticado por la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción , al considerar que el gasto social, en cada una de las áreas de educación, salud y vivienda, debe ser mayor, dado que el país necesita invertir más en la creación de capacidades humanas, además de la urgente necesidad de enfrentar el déficit en viviendas, el cual, según estimaciones, es alrededor de 500 mil viviendas.


Inversión Social

Un reciente estudio titulado Escenarios de inversión en servicios sociales básicos Nicaragua 2001 - 2015, que realizó el Instituto de Investigación y Desarrollo NITLAPAN-UCA, para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, (FNUAP), señala que es necesario contar con el crecimiento poblacional para planificar la inversión social, debido a que se continuarán ampliando las brechas de población desatendida, si la tendencia de crecimiento de la demanda de servicios sociales es superior a la tendencia de crecimiento de su oferta.

Es así como, para alcanzar los objetivos planteados en la Estrategia de Reducción de la Pobreza, se debe contar con un crecimiento progresivo y sostenido de la inversión, de modo que se favorezca la creación de capacidades y se mejore la calidad de la inversión. No es tan conveniente tener altos incrementos en la inversión y luego caídas a tasas negativas o crecimiento ínfimos, como sucedió los años de la década pasada, plantea el estudio.

Otra recomendación que cita el estudio, es la importancia que tiene el aumentar la eficiencia en la inversión del sector social y no solamente aumentar los montos de inversión, especialmente en los servicios de salud y de agua potable, sobre todo en los estratos más pobres, en especial en la zona rural del país, donde estos servicios son los que tienen menos acceso.

Una de cal y otra de arena

El ante proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la República 2002, presentado a la Asamblea General de la República fue aprobado luego de una redistribución en el presupuesto de gastos, al incrementarse y reducirse partidas presupuestarias de algunas instituciones. (ver cuadro)

Sin embargo, a pesar de haberse redistribuido el gasto, para beneficio de instituciones con necesidades prioritarias, como es el caso de las Alcaldías Municipales (C$44.6millones), se beneficia a otras partidas que para algunos sectores deberían ser revisadas, como es el caso de la partida Proyectos de Apoyo a las Comunidades (C$36.8 millones). Dicha partida ha sido cuestionada por sectores y organizaciones de la sociedad civil, debido a que no cuenta con mecanismos de control en el uso y destino de los recursos asignados.

Los críticos a esa partida aseguran que al entregarse esa partida de forma equitativa a cada uno de los diputados y definir estos el uso de la misma, se fomenta el clientelismo político, al pretender los diputados que se trata de proyectos patrocinados con fondos de ellos, y no como realmente es, mediante fondos obtenidos de la recaudación de tributos que todos los nicaragüenses pagan al Estado para luego obtener los beneficios de dichos recursos.

Al preguntársele al especialista en tributación, doctor Julio Francisco Báez, su opinión sobre la asignación de esa partida presupuestaria, dijo que es uno de los pecados mortales que tiene el Presupuesto General de la República, agregando que otro de los pecados mortales es la asignación a la Policía Nacional del cincuenta por ciento de las sumas que ingresan por multas y el setenta y cinco por ciento de las sumas que ingresan por aranceles y servicios de tránsito y demás resultantes de las actividades de ese organismo. Esto, según el especialista, a pesar de ser una disposición con soporte legal, su aplicación es inconstitucional, debido a que se proliferan las coimas legales a través de la utilización de dos presupuestos.

No se cumplen varios principios básicos del Presupuesto de la República, como el de especificación del gasto, que señala que las partidas presupuestarias deben asignarse a actividades o programas concretos, y no con destinos genéricos y globales; y el principio de unidad, que plantea que todos los ingresos y gastos, ordinarios y extraordinarios, deben agruparse en un documento único. Cualquier ingreso o gasto extrapresupuestario es inconstitucional, aseguró Báez.

Lógica Económica

Si no lo vemos como bosque nos enredamos, señalo de manera metáfora Julio Francisco Báez, al referirse que todo cambio debe de darse de forma integral, sobre todo considerando que la correlación ingresos-gastos es el binomio inseparable que constituye la razón de ser del fenómeno presupuestario.

A partir de los años noventa, Nicaragua efectuó grandes avances en materia económica al iniciar todo un proceso de estabilización macroeconómica, lo cual permitió que el país tuviera un crecimiento económico positivo. Este proceso de estabilización macroeconómica se dio acompañado de una serie de reformas (fiscales, financieras, seguridad social etc.) y de ajustes estructurales.

Como parte de las reformas fiscales, en 1997, se aprobó la Ley de Justicia Tributaria número 2579. Por el lado de los ingresos, se aumentó la base tributaria y la recaudación; por el lado del gasto, este debía disminuir, dado el compromiso adquirido del Gobierno Central con organismos internacionales de reducir el déficit fiscal.

Sin embargo, el Gobierno Central no pudo lograr la tarea de reducir el gasto público, muy por el contrario, este se incrementó. En 1999, dada la necesidad de reconstruir el país, después de la catástrofe provocada por el Huracán Mitch, ocurrido a finales de 1998, el gasto público se incremento 81.65 por ciento en relación al año anterior y, en especial el gasto social, al pasar de 34 por ciento del total del gasto, en 1997, a 44.33 por ciento del total del gasto en 1999.

El incrementó en los gastos en los últimos años, hizo que el déficit fiscal se mantuviera. El énfasis puesto por el Gobierno Central en la ampliación de la base tributaria, la más alta de Centro América, no tuvo como contraparte un esfuerzo similar por reducir el gasto, y así disminuir el déficit fiscal.

La tónica actual es distinta al tratar de verse la reducción del déficit fiscal, más por la vía del gasto, que por la de los ingresos. En este sentido, el actual Ministro de Hacienda y Crédito Público, en una reciente entrevista realizada en el programa televisivo Esta Semana, expresó que el Gobierno ha iniciado la implementación de medidas para lograr la austeridad en el sector público, lo cual se ha iniciado mediante el ordenamiento salarial y disminución de dietas, quedando estas abolidas a partir del 10 de enero del presente año.

Montealegre, en la entrevista a Esta Semana, expresó que, el crecimiento económico del país en los últimos años fue el resultado de una política monetaria restringida, versus una holgada política fiscal. Es decir, que el pueblo nicaragüense tuvo que apretarse la faja mientras que el sector gobierno no era nada austero.

El funcionario aseguró que el Gobierno buscará la forma de lograr la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, afirmó que no echará mano a una estrategia que signifique un aumento en los impuestos, sino más bien buscará una mejor la coordinación y eficiencia en la recaudación. En otras palabras, lo que sí piensa hacer el Gobierno, es ampliar la base tributaria, de tal forma que los contribuyentes entiendan que es mayor el beneficio de pertenecer al sector formal que continuar en el sector informal.

Códigos Tributarios vigentes en América Latina
Argentina 1933
Ecuador 1975
Panamá 1956
Venezuela 1982
Chile 1960
Colombia 1989
Perú 1966
Guatemala 1991
Brasil 1966
Rep. Dominicana 1992
México 1967
Paragua 1992
Bolivia 1970
Honduras 1997
Costa Rica 1971
El Salvador 2001
Uruguay 1974
Nicaragua No tiene

 

PRINCIPIOS BASICOS DEL PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA

  • Unidad: Todos los ingresos y gastos, ordinarios y extraordinarios, deben agruparse en un documento único. Cualquier ingreso o gasto extrapresupuestario es inconstitucional.
  • Integralidad: El Presupuesto debe contener, por separado, todos los ingresos y gastos, en bruto, sin deducciones ni compensaciones.
  • No afectación de recursos: Ningún ingreso debe destinar se a gastos selectivos, o estar sujeto a una afectación especial.
  • Especificación de gastos: Las partidas presupuestarias deben asignarse a actividades o programas concretos, y no con destinos genéricos o globales.
  • Exclusividad: Toda materia no financiera debe excluirse del Presupuesto de la República.
  • Anualidad: El Presupuesto es una ley de duración definida.
  • Equilibrio presupuestario: Los ingresos y gastos deben ser concordantes entre sí.
  • Publicidad y claridad: Además del requisito formal de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, el Presupuesto debe divulgarse ampliamente y explicarse con sencillez.

Fuente: Báez Cortés, Theódulo; Báez Cortés, Julio Francisco. Todo sobre impuestos en Nicaragua.


¿Cómo se elabora el Presupuesto?

La elaboración del Presupuesto General de la República inicia el primero de abril.

  • Del primero de abril al 30 de junio deben elaborarse las directrices que sirvan de base a los organismos que están sujetos a presupuesto, para posteriormente enviarse a todos los directores.
  • Del primero de mayo al 30 de junio los organismos ajustan sus objetivos de gestión y revisan las proyecciones. Aquí se da una revisión preliminar del Presupuesto.
  • Del primero de junio al 15 de julio es el período de prioridades políticas de financiamiento de todas las fuentes.
  • Del quince de julio al 30 de agosto es el proceso de consolidación de los programas
  • Y del 30 de agosto al 17 de septiembre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) debe verificar todos los gastos y cuentas a la vez que revisa que todo lo que pasaron las instituciones debe de ir con las normas y directrices del proceso presupuestarios.


 

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