Aprender de los errores
Por Sergio de Castro

scl@ibw.com.ni

El gobierno comenzó el proceso de reformas fiscales con mal pie. Algunos especialistas le habían advertido del riesgo que significaba introducir esas reformas a la Asamblea Nacional sin un proceso amplio de consulta o, al menos, de información.

La iniciativa de Ley de Ampliación de la Base Tributaria se empantanó en la Asamblea Nacional y, pese al apoyo inicial expresado por diferentes sectores económicos, estos le arrugaron la cara al proyecto gubernamental durante el proceso de consultas que promovió la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento.

Los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, por ejemplo, que habían dado su respaldo a la iniciativa gubernamental, le reclamaron al gobierno por no haberles informado el alcance de las reformas en toda su magnitud. No fue sino cuando llegaron a la Asamblea Nacional y que los diputados les facilitaron información sobre el impacto de las reformas, que se dieron cuenta del significado de las mismas.

El resultado de ese mal paso gubernamental, además del malestar provocado entre los diferentes sectores económico y sociales, fue el retraso en el proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La reunión con el Directorio del Fondo, prevista para agosto, tenía como requisito la aprobación de las reformas tributarias antes del 30 de junio.

La aprobación de esas reformas en el transcurso de junio, permitiría a Nicaragua asistir a la reunión con el Fondo en octubre y darle luz verde a las negociaciones del plan trianual que permitiría al país acceder a 100 millones de dólares en recursos concesionales en el primer año.

Nadie en su sano juicio puede defender una política tributaria que mantenga la brecha fiscal a los niveles actuales y que cierre las puertas de Nicaragua a la obtención de recursos financieros internacionales.

Sin embargo, tampoco será posible contar con apoyo para una reforma que frene todavía más la agónica economía nicaragüense y golpee indiscriminadamente el nivel de vida de la población.

Las lecciones de lo ocurrido deben ser aprendidas por el gobierno y este debe aprovechar la disposición demostrada por los partidos políticos y los sectores económicos, en la búsqueda de un consenso que lleve a la construcción de una política económica que contribuya a la reactivación de la economía, la generación de empleos y la producción de bienestar para la población en general.

La publicación en La Gaceta del Acuerdo Ministerial 34-002, que modifica la tasa de retención en la fuente del Impuesto sobre la Renta, aun cuando sea legal y justificada, no es un buen paso en la dirección de negociaciones amplias y transparentes, en la búsqueda del necesario consenso alrededor de la economía.

Las próximas semanas serán cruciales para que todos los sectores involucrados den muestra de que no solo existen buenas intenciones, sino una firme decisión de trabajar juntos como nación.

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