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La necesidad del consenso para el ajuste económico

Alejandro Martínez Cuenca PH.D
fideg@tmx.com.ni

Un nuevo capítulo se ha abierto con la “veloz”aprobación en la Asamblea Nacional de la última reforma tributaria. Como toda reforma tributaria, ésta es igualmente controversial. La diferencia, en este caso, es que ni siquiera se le dio oportunidad a la Asamblea para que hiciera las consultas necesarias con los más diversos sectores del país, a fin de que se escucharan sus voces y aportes, que podrían haber sido tomados en cuenta por la máxima instancia política de discusión, a fin de adecuar la reforma a las necesidades reales que el país vive. Lamentablemente privó la vieja doctrina de que “los tributos no se negocian sino que se imponen”. Doctrina que ha demostrado no ser la más feliz, pues al final lo que se aprueba podrá satisfacer a las personas que directamente se involucraron en su propuesta y elaboración, pero no logra la legitimidad que requiere una ley de tan trascendente significado.

La legitimidad es diferente a la legalidad. Mientras ésta se logra con la aplanadora de los votos en el Parlamento, la legitimidad solo se logra cuando se construye el consenso social, de no solo un sector de la vida nacional, sino de los más amplios sectores de la sociedad. Incluidos los pequeños y medianos productores industriales, agrícolas, de construcción y comerciales, los medianos y pequeños asalariados, en fin, la sociedad en su conjunto. Eso es lo que significa consenso y ese es el ingrediente que ha fallado en esta aprobación de la ley tributaria. La construcción de consensos no es una tarea fácil, pero es obligatoria para que las leyes sean asimiladas y tengan viabilidad real.

Escudarse en el argumento de que la gente no quiere pagar sus impuestos, y que por eso no se debe abrir a discusión, sea esta o cualquiera otra ley, es un práctica del pasado que debimos haber desterrado, sobre todo si realmente entendemos que en un país como el nuestro se requiere contar con la legitimidad de la mayoría de sus ciudadanos para asumir las cuotas de responsabilidad que nos demanda la construcción de una Nicaragua que aspira al progreso y al desarrollo equitativo de su sociedad.

Una Ley Tributaria, un TLC o un presupuesto de la república requieren legitimidad social, más que simplemente una aprobación por parte de la Asamblea Nacional, pues esas leyes tienen que ser entendidas y asumidas por la sociedad para que sean viables y puedan ser aplicadas en la vida real, de modo que permitan ir “pincelando” el tipo de Nación a la que aspiramos. Pero eso no se puede hacer desde un escritorio o de una encerrona de unos pocos, ni tampoco con leyes que conllevan la doctrina “si te gusta bien y si no también, pues aquí se hace lo que yo mando...”.

La legitimidad no la dan los votos de una ú otra bancada únicamente, ni tampoco el hecho de que para la elaboración de la propuesta de ley que sea, se hayan o no invitado técnicos de diversas doctrinas de pensamiento para que trabajaran en las mismas, o que se hayan invitado a ciertos sectores minoritarios —aunque no por eso dejan de ser importantes— a que opinaran. Estos son pasos necesarios pero no suficientes.

El eslabón que faltó fue explicar y consensuar con la sociedad amplia lo que se pretendía aprobar, sobre todo cuando se trata de leyes que tienen un profundo impacto en la vida cotidiana del ciudadano.

Ojalá que de este capítulo que el país acaba de presenciar, con la última ley tributaria, aprendamos todos, y que la controversia de sus efectos sea analizada no desde un punto de vista tecnocrático, ni mucho menos desde una visión doctrinaria, sino desde la realidad misma, cuando ésta se haya hecho sentir en la gente. Será entonces cuando podremos contrastar sus efectos e implicancias para el desarrollo futuro del país.

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