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Privatizaciones: una polémica que no tiene fin

Gloria Carrión Fonseca
gloria@elobservadoreconomico.com

Al escuchar la palabra privatización vienen, rápidamente al pensamiento, imágenes de grandes consorcios económicos mundiales, millonarias transacciones con sus respectivos apretones de mano, y emblemas de poderosas instituciones financieras internacionales; también masivas marchas de protestas, gases lacrimógenos, violencia.

Y es que la privatización, sobre todo de los servicios públicos (agua, luz, teléfono, etc.), ha causado una gran polémica a nivel mundial que ha polarizado el debate entre aquellos que la aplauden y aquellos que la critican.

La privatización es sin duda un elemento clave dentro del modelo de desarrollo neoliberal. En una economía de mercado, la propiedad privada continúa siendo piedra angular del proceso productivo y del crecimiento económico. Dentro de esta visión, el Estado y sus bienes públicos son considerados altamente ineficientes, por lo que la privatización de los mismos es presentada como la mejor solución para el logro de una mayor rentabilidad de los servicios. Esto se contrasta con la visión de organizaciones de la sociedad civil, quienes opinan que, además de la eficiencia económica, es esencial incluir temas de derechos humanos, ambientales y de justicia social en estrategias de crecimiento económico y desarrollo.

Beneficios de la privatización
Luis Felipe López-Calva, investigador del Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, asegura que los gobiernos tienen cuatro objetivos principales al iniciar un programa de privatización: alcanzar mayor eficiencia en el manejo y producción de los recursos; reforzar el rol del sector privado en la economía; mejorar el estado financiero del sector público; y liberar recursos para ser utilizados en otras áreas de atención del gobierno.

Según López Calva, la privatización conlleva beneficios tanto microeconómicos como macroeconómico. A nivel microeconómico, la privatización provee de incentivos a la economía, atrae recursos administrativos y tecnológicos del sector privado y aumenta los niveles de eficiencia microeconómica (especialmente en cuanto al manejo de los recursos productivos). En su conjunto, estos efectos favorecen un crecimiento sostenido en países en vías de desarrollo (López-Calva 1998).

A escala macroeconómica, señala que la privatización puede llegar a disminuir los préstamos y déficits fiscales del sector público y generar un sector financiero más desarrollado. Al respecto, el Gerente Económico Financiero de Unión FENOSA Nicaragua, Rafael Mc Clean, sugiere que el mayor beneficio de las privatizaciones para los países de Centroamérica es que “el Estado ya no tiene que invertir en sectores como agua, luz, electricidad y teléfono, en tanto éste le da una concesión a la empresa privada para que distribuya estos servicios dentro de un mercado regulado. Lo cual provoca una mayor estabilidad y eficiencia económica y permite al estado dirigir recursos a otras necesidades importantes como salud y educación”.

La Privatización y los Programas de Ajuste Estructural

Después de la crisis del petróleo en los años 70 y a raíz de la crisis de la deuda externa en los años 80, los países en vías de desarrollo se vieron obligados a adoptar una serie de medidas y políticas para ‘ajustar’ sus balanzas de pago. Estos programas de ajuste estructural continúan siendo impulsados, mayoritariamente, por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes condicionan su entrega de ayuda financiera a la ejecución de estos Programas en los países que así la solicitan (especialmente los países empobrecidos del llamado Tercer Mundo).

Los Programas de Ajuste Estructural, o ESAF, por sus siglas en inglés, tienen como objetivo restaurar el crecimiento económico mediante la estabilización a corto plazo y el ajuste a mediano plazo. Según el Banco Central de Nicaragua, estos programas consisten específicamente en: devaluar la moneda local, crear una mayor apertura comercial, impulsar la privatización, eliminar las distorsiones del mercado (controles de precio, subsidios, esquemas de licencias, cuotas comerciales) y recortar el gasto fiscal o público (que se refiere a salud, educación, cultura, entre otros).

Estos programas han incidido directamente en el aumento de las políticas de privatización de empresas estatales por parte de los gobiernos de países en vías de desarrollo y en los recortes sustanciales a sectores como salud, educación y cultura. Muchos estudios han documentado los diversos impactos negativos y contraproducentes que estos recortes han causado en países de América Latina, África y Asia, y especialmente entre las mujeres (Rapley 1996; Elson 1989; Redclift 1995).

Costos de la Privatización
Los costos sociales de la privatización han sido ampliamente expuestos por organizaciones de defensa de los consumidores, ONG y académicos alrededor del mundo. Entre los más importantes figuran el que la privatización encarece los precios de los servicios básicos disminuyendo así su accesibilidad y causando estragos directos a la capacidad de sobrevivencia de los sectores más pobres. Lester Suárez, presidente de la Asociacion de Proteccion de los Consumidores de Nicaragua (APROCONIC), lo corrobora al decir que “las privatizaciones en Nicaragua han traído más alzas en los precios y no así el bienestar ni la mejora en la calidad de los servicios públicos”.

Asimismo, Ruth Herrera, presidenta de la Red Nacional de Defensa de Los Consumidores en Nicaragua, asegura que otro de los problemas de la privatización es que las empresas transnacionales trasladan las utilidades a sus sedes principales (mayoritariamente en países ricos), promoviendo así un concepto equivocado de gestión de los servicios al confundir los servicios públicos con mercancías. En la práctica, estas utilidades no se reinvierten en los países donde las transnacionales se encuentran. Asimismo, en cuanto a la privatización del agua, Maude Barlow, presidenta del Council of Canadians, y Tony Clarke, director del Instituto Polaris en Canadá, señalan que es un error ético, ambiental y social al pretender que la distribución del agua se enfoque únicamente en los intereses comerciales, sin considerar los ambientales o de justicia social.

La falta de transparencia en los procesos de privatización es otro de los costos muchas veces mencionado. En países como Perú, Argentina, Bolivia, entre otros, sonados escándalos de corrupción ligados a las transacciones de empresas estatales realizadas entre funcionarios públicos y transnacionales, han acaparado los titulares de diarios nacionales e internacionales..

La Privatización en Nicaragua
Los procesos de privatización en Nicaragua iniciaron durante el gobierno de Violeta Barrios, en la década de los 90, dentro del contexto de los programas de Ajuste Estructural. Hasta la fecha, se han privatizado un sinnúmero de empresas estatales. Sin embargo, de los servicios básicos se han privatizados sólo dos: electricidad y teléfonos.

En Octubre del año 2000, el gobierno de Nicaragua vendió la empresa estatal de energía a Unión Fenosa por U$ 115 millones de dólares. Con este monto, aseguró Mc Clean, la empresa adquirió el 95% del capital de DISNORTE y DISSUR, las dos empresas filiales a Unión Fenosa. A cambio, esta transnacional española obtuvo una concesión exclusiva de la distribución de energía en la zona del Pacífico de Nicaragua, que durará aproximadamente 30 años. Es decir, que en ese período ninguna empresa, ya sea nacional o internacional, puede disputarle el mercado eléctrico.

Durante el corto tiempo de operación de Unión Fenosa, la empresa ha experimentado una fuerte desaprobación social por parte de algunos sectores de la sociedad nicaragüense. En su artículo ‘Una nación a oscuras’, Ruth Herrera señala que esta opera con impunidad frente a los usuarios, ya que desconoce reclamos por cobros indebidos (como errores de facturación, energía no registrada, depósito en garantía, etc.), mediciones alteradas, servicios cobrados pero no prestados de alumbrado público, fallas de voltaje, daños a electrodomésticos, pérdidas de productos en las empresas, entre otros. “Por esto, la privatización de la energía no trajo ningún impacto positivo en cuanto a una mayor cobertura y menos aún en cuanto a las tarifas y calidad del servicio en Nicaragua”.

Asimismo, el gobierno vendió la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones S.A. (ENITEL) a la empresa Megatel, de capital Hondureño, cedió la explotación de una banda de telefonía celular y el aval para gestionar fondos en la banca internacional con el fin de financiar las 50 mil líneas ofertadas.

En el año 2002, el gobierno también intentó privatizar las dos plantas hidroeléctricas: Hidrogesa-Geosa y la Empresa Nacional de Agua y Alcantarillado (ENACAL). Sin embargo, a raíz de los vacíos legales y las críticas de diversos sectores (consumidores, indígenas, empresarios, parlamentarios) esta acción no se llevó a cabo. Como resultado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 440, que prohíbe la entrega de concesiones de agua para cualquier fin y se anunció la elaboración de la Ley General de Aguas.

Costa Rica y las privatizaciones
Gilberto Lopes

Los intentos de privatización en costa Rica se enfrentaron, en marzo y abril 2001, a una resistencia popular que obligó a la Asamblea Legislativa a suspender la segunda votación de un proyecto de ley de apertura de las telecomunicaciones. A partir de entonces el tema se ha transformado en tabú. El presidente Abel Pacheco reiteró que las telecomunicaciones no serán tema de negociación por parte de Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sin embargo, existen presiones para que se abra el sector y se permita a empresas privadas ofrecer servicios de valor agregado.

En materia de energía el sector privado está autorizado a producir un porcentaje del consumo nacional (cerca del 20%). Si bien el Estado mantiene el control en Costa Rica de un grupo importante de empresas, en áreas claves de la economía, como lastelecomunicaciones, la electricidad, seguros y banca, además de la seguridad social y la educación pública, la apertura realizada en casi todos los sectores ha ido cambiando la realidad del país en esas áreas.

Quizá el cambio más importante fue el ocurrido en la banca, donde, en la década pasada, se eliminó el monopolio que los bancos del estado tenían en la captación de depósitos a la vista (Cuentas Corrientes). Sin embargo, el principal banco del país sigue siendo el Nacional, propiedad del estado.

Los seguros siguen siendo monopolio estatal. En las áreas de salud pública y educación la apertura ha permitido un rápido desarrollo de la educación superior privada y el surgimiento de clínicas también de carácter privado, si bien la Caja Costarricense delSeguro Social sigue manteniendo su papel de atención en salud, de carácter universal.

¿Cómo funciona el sector eléctrico en Nicaragua?

  • La generación de energía en Nicaragua se resume en: 79.6% térmica, 9.2% hidroeléctrica, 8.4% geotérmica y 2.8% biomasa.
  • El 54% de la energía consumida proviene de la leña mientras el 34.6% de derivados del petróleo. Nicaragua gasta aproximadamente U$ 300 millones lo que representa el 33% del presupuesto nacional.1
  • El sector eléctrico se divide en generadores (estatales y privados), transmisión (ENTRESA, que aún es estatal), distribución de energía (Unión FENOSA) y los grandes consumidores (aquellos con más de 2 megavatios en su capacidad de instalación).
  • Según la ley 272, el INE es el ente regulador del sector eléctrico.
  • Unión FENOSA es propietaria del 60-61% de las acciones de DISNORTE y DISSUR. El 38% pertenece a socios nicaragüenses, con los que la empresa tiene relaciones estratégicas para hacer contactos, aportar capital, y proveer de asistencia en política nacional y apertura de mercado.
  • En octubre 2000 a agosto 2003, la empresa ha invertido 48 millones de dólares y su plan de inversión hasta los próximos 5 años es de 74 millones de dólares.
  • Unión FENOSA tiene una concesión de 30 años en la distribución del servicio eléctrico en el Pacífico y Norte de Nicaragua. En el Atlántico, las empresas CIPALSA (privada) y ENEL ofertan este servicio.

1. Cifras del Lic. Adolfo Argüello, tomado de La Prensa (18/08/2003).

Unión FENOSA vs APROCONIC

Unión Fenosa Rafael Mc Clean:

  • “Unión Fenosa toma muy en cuenta cualquier reclamo de la población, sobretodo si proviene de organizaciones serias de defensa de los consumidores. Nosotros damos una respuesta rápida a estos reclamos.”
  • “Los U$ 48 millones invertidos hasta la fecha han sido para mejorar la calidad del servicio, el equipamiento, las líneas de transmisión y sistemas informáticos, y la medición de la energía. Queremos conocer bien cuánto exactamente está consumiendo el cliente.”

APROCONIC Léster Suárez:

  • “La mayoría de los reclamos a Unión FENOSA no son atendidos inmediatamente. A la gente se les hace esperar largas horas o firmar arreglos de pago, mientras el reclamo puede tardar en muchos casos de 2 a 3 meses en ser atendido.”
  • “Unión FENOSA ha hecho un sinnúmero de violaciones al contrato como los cobros ilegales por alumbrado público en sectores donde nunca ha existido, dobles cobros como el de comercialización que aunque está dentro de los Kilowatz/hora lo incluyen en la factura, los cobros de IGV sin haberse consumido los 33 Kilovatios tal y como lo estipula la normativa, así como la falta de inversión para mejorar el tendido eléctrico.”

 

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