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La privatización, ¿una ola imparable?

Arnoldo J. Martínez S.


Arnoldo J.Martínez S.

La ola de privatizaciones iniciada en los noventas ha sido como la ola de nacionalizaciones de los ochenta: imparable. Hay veces no se si estos dos fenómenos responden a las modas del momento de los gobiernos y organismos internacionales de turno o a necesidades reales de nuestros países. En todo caso, son hechos que inciden, para bien o para mal, en el desarrollo de nuestras naciones y, por ello, debemos tomarlos en serio.

Los ingresos mundiales generados por privatizaciones pasaron de US$20 mil millones en 1990 a US$160 mil millones en el 2000. El 50% de las privatizaciones se han realizado en Latino América y el Caribe y el 25% en Asia. La mayoría de las privatizaciones han sido en infraestructura; es decir, telecomunicaciones, energía y transporte. Además, las privatizaciones en el sector primario (petróleo, minería, agricultura y silvicultura) han ido aumentando.

Teóricamente, el propósito de la privatización es proveer servicios públicos, típicamente ofrecidos por el gobierno, por medio del sector privado de manera más eficiente, con mejor calidad, a precios más accesibles y con mayores opciones de selección. Esta idea se basa en el concepto que la competencia de mercado permite a las empresas privadas cumplir con estos objetivos. Los simpatizantes de la privatización argumentan que el sector privado es más eficiente que el gobierno por sus economías de escala, productividad y competitividad. Otro argumento a favor de la privatización es que, por medio de ella la ciudadanía tiene la posibilidad de escoger un servicio de entre varios oferentes a un menor precio.

No obstante, en realidad, los procesos de privatización han sido cuestionados en algunos países ya que no han cumplido con su cometido. Esto ha generado fuertes debates y protestas alrededor del tema.

Los críticos afirman que en principio el gobierno y el sector privado tienen diferente naturaleza y funciones en la sociedad. El gobierno debe responder a los intereses de la ciudadanía en general y las empresas a los intereses particulares de sus dueños. Consecuentemente, los detractores afirman que la privatización de algunos servicios públicos pone en riesgo los derechos constitucionales de la ciudadanía. Además, consideran que al fin y al cabo las empresas privatizadas no han sido más eficientes, ni han ofrecido mejor calidad, ni han tenido precios más accesibles.

En lo personal, considero que la privatización y, particularmente, sus diversas modalidades, es ventajosa siempre y cuando existan tres condiciones fundamentales. Primero, en realidad debe estar demostrado que el gobierno no está siendo eficiente en brindar un servicio público a la población, que no hay alternativas internas de mejorar la entrega de estos servicios y que la única opción es la privatización. Si opta por la privatización sólo para prevenir la reducción de la burocracia e ineficiencia estatal, el gobierno está trastornando sus funciones y trasladándolas a un sector que vela legítimamente por intereses particulares, poniendo en riesgo los intereses de la ciudadanía en general.

Segundo, es importante que haya mercado para competir. Si no existe un mercado lo suficientemente grande en el cual puedan competir dos o más empresas privadas, la privatización no tiene sentido ya que pasaríamos de un monopolio estatal a uno privado y no veríamos los resultados esperados de la libre competencia. Además, el hecho que exista, por las limitaciones de tamaño de mercado, una sola empresa privada que brinde algún servicio público contradice uno de los propósitos de la privatización (la diversidad de oferta) y le quita el supuesto derecho al consumidor de escoger entre las prometidas opciones de oferta.

Tercero, es vital que exista un marco legal claro, coherente y aplicable que regule el sector de servicio público privatizado. Esto implica la existencia de instituciones públicas serias y responsables que aseguren el cumplimiento de las regulaciones de los sectores privatizados. Si esto no existe, los consumidores quedamos a la deriva y sin protección jurídica sujetos a simples relaciones comerciales con las empresas privatizadas.

Por eso, reitero que es importante que tomemos en serio las privatizaciones. No me gustaría ver en unos 10 años más otra costosa y traumática ola de nacionalizaciones.

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