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Contaminación vs Naturaleza:

El nuevo mercado del siglo XXI

Gloria Carrión Fonseca
gloria@elobservadoreconomico.com

¿Cuánto vale un río, un árbol, el aire? Es casi como preguntar cuánto vale la vida humana. Es difícil ponerle un valor económico, sin embargo, mediante los Pagos por Servicios Ambientales o PSA, la naturaleza empieza a tener un precio, a pagarse por aquellos que la intoxican más. Idílicamente, los PSA funcionan de esta manera: los países que más contaminan le pagan a los países que contaminan menos a fin de que preserven los recursos naturales.

El sistema de Pagos por Servicios Ambientales se origina tras la firma
del Protocolo de Kyoto, que se originó en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.

La firma del Protocolo de Kyoto despertó muchas expectativas y esperanzas. Todo indicaba que los países desarrollados
y subdesarrollados finalmente tomarían acciones concretas para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), así como otros gases de efecto invernadero (metano, vapor de agua, etc.).

Hasta la fecha todos los países, exceptuando Estados Unidos, la Federación Rusa y Australia, han ratificado el Protocolo.

Según los científicos, para intentar detener el acelerado recalentamiento de la tierra y los cambios climáticos, necesitaríamos
reducir aproximadamente en un 90 por ciento las emisiones que producimos actualmente en todo el mundo. Esto, sin dudas, nos obligaría a buscar nuevas fuentes de energía, menos nocivas para el ambiente que el petróleo. Sin embargo, el Protocolo de Kyoto establece que las actuales emisiones se reduzcan sólo en un 5% ó 10% del total. Es decir, una mínima parte de lo que se necesitaría para generar un impacto duradero en el ambiente. Desafortunadamente,
aún esta pequeña cantidad ha sido problemática para los países que no han ratificado dicho Protocolo. Según ellos, su puesta en práctica afectaría enormemente a sus economías.

¿Qué son los PSA?

No sólo del Protocolo de Kyoto se habló durante la Cumbre de Río, sino de otros temas de igual importancia y menos polémicos. Uno de estos es el del Cambio Climático, el cual ha hecho eco en algunas instituciones internacionales, como el Banco Mundial, a través del mecanismo de Pagos por Servicios Ambientales.

Existen dos tipos de políticas ambientales; las que se basan en la restricción y las que se basan en mecanismos de mercado. Las que se basan en el mercado pretenden alinear los beneficios privados con los beneficios sociales, así como los costos privados con los costos sociales, de forma tal que las “externalidades” lleguen a ser parte integral de la toma de decisiones . El PSA es uno de estos instrumentos, definidos como “elementos ambientales y sus asociaciones que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida” .

El mecanismo central de los PSA consiste en que los proveedores de servicios ambientales deben ser compensados por proteger los recursos naturales, mientras que los beneficiarios deben pagar por dichos servicios. Es decir, que si una comunidad trabaja en la preservación de un río que provee de agua potable a una ciudad, los pobladores que se ven beneficiados por ese servicio deben pagar a dicha comunidad. De esta manera, se evita que las personas destruyan esta fuente de agua por razones económicas.

Dentro de un concepto más sofisticado de los PSA, sin embargo, se incluyen las tasas de contaminación. Según estas, cada país tiene una cuota de contaminación (emisión de gases de efecto invernadero) que puede negociar. Los países industrializados tienen un excedente
de contaminación mientras que los países pobres no llegan a completar su cuota. Siendo así, los países más industrializados tienen, mediante este sistema, la capacidad de “comprarles” a otros países la cuota de contaminación que no utilizan.

Aunque en Nicaragua aún no están definidos legalmente cuáles son los servicios ambientales, fuera de nuestras fronteras se consideran diversas opciones: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, protección de los recursos hídricos, de la biodiversidad, de ecosistemas, de formas de vida y de belleza escénica
natural.

La experiencia nica

Aunque en el país ha habido poca investigación y experimentación con el tema, existe una unidad administrativa que depende jerárquicamente del MARENA, cuya misión es contribuir a la mitigación
del cambio climático mediante el fomento de inversiones ambientalmente sostenibles. En este sentido, la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio (ONDL) se encarga, entre otras cosas, de aprobar y registrar técnicamente los proyectos de fijación y reducción de emisiones; apoyar técnicamente a las personas interesadas en los negocios ambientales de fijación, secuestro y emisiones evitadas en el mercado de Co2; y facilitar la búsqueda de mercados y potenciales inversionistas para ejecutar los proyectos de desarrollo limpio, entre otras funciones.

Sin embargo, para Mario Torres, consultor de energía, medio ambiente y desarrollo del MARENA, aún hace falta un mayor empuje nacional para impulsar proyectos relevantes en esta área. “En Nicaragua existen proyectos esporádicos, iniciados por ONG, empresarios o alcaldías. No existe un esfuerzo, por así decirlo, nacional. Hay empresarios, como la Compañía Licorera y el ingenio Monte Rosa, que se están dedicando a la venta de certificados de reducción de emisiones. Un comprador internacional va a pagar por este servicio. Hay otros esfuerzos en Achuapa, Ocotal y Jinotega, en donde la gente paga por la conservación del grupo hídrico y la instalación de pequeñas
plantas hidroeléctricas. El principal valor de estos esfuerzos puntuales radica en la acumulación de experiencia sobre este tipo de oportunidades, hacia la valoralización económica de los recursos
naturales.”

En el vecino país de Costa Rica, el sistema de los PSA está utilizándose desde hace algunos años, con resultados positivos. Nicaragua apenas está arrancando con algunos proyectos puntuales, falta mucho que aprender en el tema, y varias trabas que deshacer. Y, aunque
el alcance ambiental global que se pueda obtener es cuestionable, no cabe duda que a corto plazo, los PSA pueden representar una fuente importante de ingresos para algunos sectores. Lo difícil es pensar en que a mediano y largo plazo, con la tendencia cada vez más progresiva a la industrialización, a algún país le será rentable mantener sus bosques. De aplicarse bien el esquema, puede que así suceda, aunque es difícil pensarlo, sabiendo que los países que más contaminan ni siquiera han ratificado el protocolo.

Los PSA en Costa Rica

Mario Torres

Costa Rica es el país centroamericano más avanzado en el tema de los PSA. A juicio de Mario Torres, consultor en el MARENA, la experiencia de los costarricenses es interesante, puesto
que cuentan con un fondo nacional de apoyo a la actividad forestal (FONAFIFO), que cuenta con fondos de un impuesto a los hidrocarburos, establecido en la ley forestal, y realizan la venta de certificados de emisión de gases. “Estas son las dos fuentes que nutren el FONAFIFO que después redistribuye,
como entidad financiera, el pago a los propietarios de áreas boscosas, determinando una cantidad anual por el pago de la conservación de cada cobertura boscosa, es decir, por evitar la destrucción del bosque, mantener y aumentar la cobertura boscosa. Los certificados se venden en el mercado internacional y el dinero entra al FONAFIFO”, explicó Torres.

El establecimiento de este sistema en Costa Rica data de 1996, a raíz de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, en 1992. El PSA se sustenta en el principio de que los propietarios de bosques y plantaciones forestales recibirán pagos como una medida de compensación por los servicios que estos ecosistemas brindan a la sociedad costarricense, en particular,
y a la comunidad internacional, en general. Así pues, el Estado costarricense aplica dicho programa por medio del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ambiente y Energía, al que le corresponde ejecutar el reconocimiento a los propietarios de bosques y plantaciones por los servicios ambientales que ellos generan. El FONAFIFO capta y organiza los fondos provenientes del Ministerio de Hacienda y de otras fuentes de financiamiento; y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) es el encargado de determinar las áreas prioritarias donde se aplicará el pago, recepción y trámite de solicitudes planteadas
por los interesados.

De esta manera, desde 1997 hasta el 2000, la aplicación del PSA en Costa Rica ha abarcado más de 260 mil hectáreas.

Entrevista con Salvador Pérez de Movimiento por la Acción Forestal y el Medio Ambiente

PSA: Un buen paso en el MAL PASO

La experiencia de los PSA en la comunidad del Regadillo, situada al noroeste de la ciudad de Estela, en la microcuenca El Mal Paso, es un ejemplo que ha sido valorado
por las 250 familias establecidas ahí. Según Salvador Pérez, del Movimiento por la Acción Forestal y el Medio Ambiente (MOPAFMA), en este lugar antes habían 20 fuentes de agua, las que se han reducido a ocho, a causa de los despales, producto de la actividad maderera y ganadera en la región.

Desde hace aproximadamente 10 años la comunidad empezó a presionar a las autoridades a fin de obtener el servicio de agua domiciliar, mismo que se estableció hace aproximadamente cuatro años, con la participación de alcaldías, ONG y la gestión de la comunidad, la que estableció la tarifa para este servicio.

¿Qué pasó con las fuentes que pasaron
de 20 a ocho? Necesitan protección, lo que conduce
a un costo ambiental, explica Pérez. “Ahí hay un bosque que no se está tocando, está prohibido toda explotación pues este permite la principal infiltración del agua. Se han establecido plantaciones de pinos, cercas vivas, plantaciones energéticas, etc., con el apoyo de organismos extranjeros, para insumos y materiales, y mano de obra que han aportado las comunidades. En cuanto al servicio ambiental propiamente dicho, ellos pagan dos cosas: la distribución del bien, que en este caso es el agua, y una pequeña cantidad de dinero para lo que es el servicio
ambiental, que es el mejoramiento de la capacidad del ecosistema para proveer agua, que es intangible.”

Aunque las familias están dispuestas a pagar por el servicio, que ha variado de cinco córdobas, que se pagaban inicialmente, a 60 córdobas, que es lo que se paga actualmente, la tarifa multiplicada por 150 familias no es suficiente para cubrir los costos. Sin embargo, explica Pérez, es lo que los beneficiarios están dispuestos a pagar.

“Este es un mercado imperfecto, aún. Las comunidades no pueden pagar todo lo que vale el servicio y el bien, y por otro lado los oferentes de agua tampoco están dispuestos a hacer todas las inversiones que necesita este servicio para desarrollarse, porque no tienen tantos recursos. Por esto ha sido tan importante la inversión de organismos como MOPAFMA, POSAF, PASOLAC, la Alcaldía de Estelí, y la comunidad, entre otros.”

 

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