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La ley del silencio
Sergio de Castro
scl@ibw.com.ni
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Abordar el tema de los consultores es chocar contra un muro infranqueable. Nadie quiere hablar y, con raras excepciones, se trata de un tema prohibido, cuando se supone que debiera ser información accesible para cualquier ciudadano, principalmente en una era en gobierno y organismos internacionales han hecho de la transparencia una de sus principales banderas.

Se trata del dinero de los contribuyentes, ya sea que llegue al país por concepto de donaciones o préstamos, por lo que no se justifica que la información sobre el trabajo que realizan los consultores y su remuneración, sean estos nacionales o internacionales, permanezca como uno de los secretos mejor guardados de las instituciones estatales.

El silencio oficial sobre el tema se presta a especulaciones, muchas veces
con fundamento, principalmente cuando detrás de los contratos por consultorías se esconden doble planillas y pagos poco claros a funcionarios gubernamentales.

El gobierno debe dar el primer paso hacia la transparencia en el manejo
de los fondos destinados a la contratación de consultores, estableciendo un banco de datos que permita acceder a la información sobre las consultorías realizadas y las que están en proceso, así como el costo de cada una y los resultados de las mismas.

Esa información no sólo contribuiría a evitar irregularidades en el uso de
los recursos destinados a la contratación de consultorías, sino también asegurar que cada una de ellas tenga el resultado esperado y que el producto del trabajo realizado por los consultores no permanezca olvidado en una gaveta del burócrata de turno.

Es sabido que el resultado de muchas consultorías no llegan siquiera a publicarse y el informe final no pasa más allá del escritorio del jefe de la dirección de un ministerio o ente autónomo.

La transparencia también sería de gran ayuda para evitar la duplicación
de consultorías y que el trabajo de los consultores, en el que se invierten
millones de dólares anualmente, pueda ser útil a las instituciones públicas
y privadas, así como al ciudadano corriente.

Mientras no se den los pasos necesarios para que se conozca el manejo de
los fondos de los que algunos han dado por llamar la “industria de las consultorías”, el gobierno tendrá una asignatura pendiente en sus esfuerzos por darle transparencia a su gestión.

 
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