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Un mea culpa burocrático y sin costos
Sergio de Castro
scl@ibw.com.ni
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El título de este editorial es prestado. Fue tomado del diario argentino Clarín, que en la última semana de julio comentó un informe de la Oficina de Evaluación del Fondo Monetario Internacional, FMI, en el que se reconocen errores en el manejo de las políticas financieras en Argentina.

La maxidevaluación y la suspensión del pago de la deuda interna argentina, a finales del 2001 e inicios del 2002, llevaron el país a una crisis económica y social sin precedentes, dejando como saldo más de 15 millones de pobres, en un país que se ufanaba por la calidad de vida de sus habitantes.

“Los errores del Fondo para Argentina se traducen en más desempleo y pobreza. Los errores para el FMI se plasman en documentos once años después de ser cometidos, pero para la Argentina se traducen en más desestructuración productiva, desempleo y pobreza”, afirmó el titular del Ministerio de Hacienda al conocer la “autocrítica” del FMI.

Todo se ha limitado a una “autocrítica burocrática e insuficiente, en la que nadie paga por los errores que se allí se cometieron”, asegura el editorial, que además califica como “una broma decir que la principal responsabilidad es de las políticas que aplicaron los gobiernos, cuando desde hace décadas todo lo que se hace en la Argentina viene siendo tutelado por el FMI”.

“Todo parece haber quedado circunscrito a si la Argentina no hizo ajustes fiscales suficientes o si debió haber bajado más las jubilaciones y los salarios públicos o si las reformas no resultaron todo lo aptas que debieron para bajar los costos laborales. En fin, lo mismo pero mucho más. Todo bien parecidito a lo que hoy llaman programas económicos sustentables. Y si ahora vuelvena cometer errores, habrá tiempo para una nueva autocrítica”, concluye Clarín.

Coincidencia o no, en Nicaragua, luego que el gobierno decidiera suspender la
aplicación del nuevo sistema de pensiones por ser inviable financieramente, vimos a la representante del Banco Mundial, Amparo Ballivián, con cara de “yo no fui”, afirmar que hace cuatro años habrían advertido que el sistema necesitaba “holgura fiscal” y que por lo tanto, “no era viable”.

En ese juego de “yo no fui, fue Tete”, es difícil pretender que los gobiernos de turno hayan dado un paso siquiera sin la autorización de los representantes del Banco Mundial o del FMI en el país.

En el proceso que siguió Nicaragua para acceder a los beneficios de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados, o HIPIC, por su sus siglas en inglés, toda y cada una de las iniciativas en materia de política económica, financiera y fiscal estuvieron sometidas al escrutinio de los funcionarios de los organismos multilaterales.

Ni siquiera el Frente Sandinista, que a través de sus voceros criticaba algunas de esas políticas, se atrevió a pararse de frente en contra de estas, ante el riesgo de ser acusado de sabotear el ingreso de Nicaragua a la HIPIC.

El problema de fondo en la relación con los organismos multilaterales, llámese FMI, Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, es la falta de transparencia, misma que piden para otros pero que no desean para su relación con Nicaragua y demás países, como Argentina.

Bien por el Ministro de Hacienda, Eduardo Montiel, que le puso el cascabel al gato. Lo malo sería que se dejara pasar esta oportunidad para que las cosas, a partir de ahora se hagan de una manera diferente, con las cartas sobre la mesa.

Caso contrario, en un futuro no muy lejano, estaremos enfrentados a nuevos “errores” y quien sabe cuántos millones de dólares más gastados en consultorías, viajes y equipos que deberemos pagar los nicaragüenses.

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