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Entrevista con Manuel Ortega
Esto no es desarrollo, ¡Es Sobrevivencia!
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Manuel Ortega

Manuel Ortega, investigador y miembro de la Red de Desarrollo Local, asegura que han existido importantes avances en el tema del municipalismo en Nicaragua. Sin embargo, señala que aún existen muchos retos, sobre todo de la ciudadanía, para incorporarse en la toma de decisiones de los procesos de desarrollo que les concierne.

Ortega expone en la siguiente entrevista, algunos de esos pasos positivos que se han dado, y señala los espacios de acción que aún deben ocuparse, a fin de lograr un mayor impacto en el desarrollo de los municipios del país.

Los Planes Estratégicos Municipales

Los municipios siempre han hecho un plan anual para vincularlo al presupuesto, pero lo que realmente se necesitaba era pasar a planes estratégicos, o lo que se llama hoy planes multianuales, que son de
cinco años. La mayoría lo están haciendo y la razón es que, actualmente, las transferencias municipales se dan condicionadas a que ese plan se presente. Sin embargo, esto no quiere decir que los planes desarrollados sean de buena calidad.

Se hizo un sistema de planificación que acepte principios básicos, a fin de que los planes que vayan a ser elaborados se basen en estos principios. Esto es relevante ya que en términos de metodología existieron muchos problemas, debido a que cada organismo quería utilizar su propia metodología, y en un mismo municipio debían diseñarse tantos planes como proyectos existiesen.

Transferencias versus competencias

Hay una realidad y es que en el país no existen fondos de desarrollo local. Hay una serie de fondos de crédito pequeños que mueven Organismos No Gubernamentales, pero aunque ayudan para la sobre vivencia de los municipios, no son suficientes para generar mayor desarrollo.

Las transferencias no están jugando el rol que deberían. Esto es así, porque en los municipios hay una gran brecha entre las responsabilidades que ya tienen asignadas y los recursos que reciben para resolver las mismas.

Con el aumento de las transferencias se tenía como objetivo principal reducir dicha brecha, sin embargo, el FMI ha planteado una preocupación seria de que las transferencias representen un cargo muy fuerte en el costo de inversiones del país. En este sentido, la propuesta actual del gobierno y del Ministerio de Hacienda es compartir más competencias con la autoridad municipal. De traspasarse más responsabilidades a los municipios, la brecha no solo no se disminuirá, sino que seguramente llegará a ampliarse.

Lo que se propone es un debate interno con el Ministerio
de Hacienda, para definir en que consistirá la descentralización de competencias. Estas competencias antes las estaba viendo el nivel central, pero ahora quieren que le corresponda al municipio para que este gaste las transferencias en estas competencias.

En este momento, a las municipalidades se les está obligando a financiar con las transferencias el 33 por ciento de estas competencias, lo cual es ilegal, porque la ley de transferencia establece que estas son automáticas, no son condicionadas, y que pueden hacer uso para el tipo de prioridades que el municipio estime conveniente.

Se calcula que para el 2008 las transferencias van a llegar a 82 millones de dólares, lo cual significa el 75% de las inversiones del gasto corriente del gobierno. El reto es de cómo el gobierno ahorra por otro lado, para evitar que el gasto se dispare, y conseguir que el gasto que va vía municipios tenga un gran impacto.

Trabas en los municipios

Uno de los objetivos de las transferencias municipales es promover el desarrollo local. Sin embargo, no existe una ley de contratación de los municipios, sino que los municipios tienen que contratar bajo la ley del estado, la cual esta prevista para los ministerios. Esta ley tiene una serie de requisitos que los ministerios pueden cumplir pero que los municipios no pueden.

Un claro ejemplo son las obras que se realizan en los municipios con las transferencias. Si se llega a contratar por la vía establecida, hay un monto específico en el cual se tiene que contratar bajo licitación, donde las empresas licitadoras necesitan dejar un fondo de garantía de ejecución de la obra. Es evidente que las compañías que pueden crear ese fondo, son las empresas grandes de Managua, mientras que las empresas locales no tienen la capacidad para hacerlo. Por tanto, las que ganan son las empresas donde ha estado colocado el mayor desarrollo.

En este sentido, las transferencias no están sirviendo
para los empresarios locales para que estos entren y generen empleos locales. Es decir, no se logra un mayor desarrollo local, que es el espíritu principal de las transferencias.

Lo mejor sería aprobar una ley de contrataciones municipales,
que se adapte a las condiciones de los municipios, y que no se les traslade condiciones que son posibles de cumplir por los ministerios únicamente.

Participación ciudadana como factor de cambio

A nivel local se ha venido dando la participación de la gente en los procesos de micro planificación del municipio, pero eso es insu- ficiente. Todavía existe el reto de que la sociedad civil ocupe los espacios que la ley le da, y de que asuma una ciudadanía activa.

Lo trascendental de estos procesos de planificación y de participación ciudadana, es que están rompiendo una vieja cultura política del ejercicio del poder en Nicaragua. Cuando se convoca a la población, esta va a presentar cuales considera que son las prioridades del municipio, lo cual obliga a las municipalidades a tomar decisiones no en lo que conviene a pequeños grupos, sino en lo que abarca a todo el pueblo. Con esto, la decisión del gobierno local se vuelve mucho mas transparente.

Los espacios locales representan la cultura democrática y política del país. Es la única posibilidad que tenemos de ir cambiando el concepto de ejercicio de poder, el concepto de participación ciudadana, y un poder que gobierne de cara a la gestión de la gente, de sus necesidades.

Dentro de los resultados de un estudio realizado por Ética y Transparencia, sobre el desempeño de las alcaldías, se encontró algunas alcaldías con una excelente gestión, debido a que la mayoría de los alcaldes entraron en contradicción con sus partidos, ya que estos querían que siguieran gobernando de forma clientelista y la planificación con participación ciudadana apuntaba a otras metas.

Uno de los elementos más importante de la participación ciudadana, y que todavía no se logra, es la capacidad de la población de hacer auditoria social, lo que implica estar muy de cerca no solo en el proceso de planificación, sino ejecución de los programas, supervisando los recursos que entran al gobierno local y su uso.

En este sentido existen dos cabildos claves. Uno en que se obliga a consultar el presupuesto anual, y el otro en que se obliga al alcalde a rendir cuentas del presupuesto del año. Estos cabildos son obligatorios de acuerdo a la ley de municipio, y la ley de régimen presupuestario, ya que establece un proceso de consulta al que llaman “asamblerario” con una comisión especial que se crea para hacer el proceso de consulta ante la población. Sin embargo lo que menos organizado está es el proceso de rendición de cuentas por parte del alcalde, y el de auditoria ciudadana por parte de los ciudadanos.

Hay experiencias interesantes de auditorías que se han realizado en el país, muchas de ellas en los proyectos del FISE. En estas auditorías la gente supervisa directamente las obras que se realizan, como escuelas, centros de salud y obras de infraestructura, lo cual es una experiencia que debería replicarse a nivel nacional.

Los avances legales


Algunas de las leyes que abrazan este proceso de planificación
estratégica municipal participativa, son las siguientes:

La Ley de Municipios
Posibilita a los y las ciudadanos actuar como sujetos activos
en la toma de decisiones del poder político y ser destinatarios
de los resultados positivos de una eficiente gestión del gobierno
municipal. Entre los derecho y deberes se encuentran: participar
en la gestión de los asuntos locales, hacer peticiones, denunciar
anomalías, formular sugerencias de actuación a las autoridades
municipales, respaldar o rechazar las gestiones de sus autoridades
municipales ante las instancias del Gobierno Central, denunciar
ante las autoridades municipales y nacionales las anomalías
y los abusos en contra de una racional explotación de los
recursos naturales ubicados en la circunscripción municipal, ser
informado de la gestión administrativa, conocer el Proyecto de
Presupuesto y Estados Financieros de la municipalidad y participar
en la elaboración del Plan de Inversiones, entre otros.

La Ley de Transferencias
Tradicionalmente, la transferencia municipal ha sido la más
baja de todos los países de Centroamérica, alrededor del uno por
ciento del presupuesto general de la República. No obstante, con
la aprobación de la Ley de Transferencias Presupuestarias a los
Municipios este porcentaje se aumentó a un 4 por ciento de los ingresos tributarios del año 2004. Además, establece que el porcentaje se incrementará en al menos un medio de por ciento anual, en dependencia de un crecimiento en el PIB de un por ciento el año anterior, hasta alcanzar el diez por ciento en el año 2010.

La Ley de Régimen Presupuestario Municipal
Establece las normas y principios que requieren las municipalidades para la elaboración, aprobación, modificación, ejecución, seguimiento, cierre y evaluación del presupuesto municipal anual. Como parte de la misma, estipula que “... el Alcalde pondrá a disposición de la ciudadanía, para consulta directa, el Proyecto del Presupuesto”. De igual manera establece los mecanismos para la recepción de modificaciones al presupuesto por parte de la población.

La Ley de Participación Ciudadana
Respalda jurídicamente las distintas prácticas ciudadanas que se
ejercen en los ámbitos nacional, regional y municipal, y deja abierto
este respaldo a nuevas formas que puedan surgir. Define la composición y funciones de los Comités de Desarrollo Municipal, reconoce las organizaciones de pobladores territoriales y sectoriales, y norma el derecho a la iniciativa de normas locales de la ciudadanía.

La Política de Descentralización
La descentralización se entiende como el proceso mediante
el cual se transfieren competencias, recursos y poder político
desde el Gobierno Central a instancias del Estado cercanas a la
población, dotadas de independencia administrativa y legitimidad
política propia, a fin de que, con la participación popular,
se mejore la producción de bienes y servicios.


 

 
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