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¿Por qué le dicen NO al CAFTA?

John Daza

john@elobservadoreconomico.com
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Aunque por estos días el tema del CAFTA haya perdido un poco el dinamismo o interés que caracterizó el periodo de las negociaciones, el tema sigue aún vigente, ya que el tratado no ha sido ratifi cado en ninguno de los países firmantes, lo que aún deja espacio para infl uir sobre su futuro.

Carlos Galián

Si antes las presiones las recibían los equipos negociadores para que defendieran los intereses de los diferentes sectores, ahora estos esfuerzos se dirigen a los parlamentos para que certifiquen el tratado o lo rechacen, pues no pueden modificarlo. Solo pueden aceptarlo o rechazarlo.

Aunque el motivo e interés de llevar a cabo negociaciones de índole comercial es que las partes involucradas salgan beneficiadas, siempre habrá sectores que sentirán que sus intereses no han salido favorecidos o, en el peor de los casos, que han salido perdiendo o han sido sacrificados por los negociadores en aras de beneficiar a otros sectores.

Agricultura... la piedra en el zapato
Las versiones ofi ciales hacen peso en la posibilidad de acceso al mayor mercado del mundo, lo que abriría la puerta a mayores exportaciones y, por ende, a más empleo y mayor bienestar para la población. Además, alegan que el CAFTA significará un mayor fl ujo de inversiones extranjeras al país, al institucionalizarse el acceso al mercado de Estados Unidos.

Q u i e n e s se oponen al CAFTA, en su mayoría, repiten los mismos argumentos: Que Nicaragua será invadido por productos artificialmente baratos, cuya producción y exportación son subsidiados por el gobierno estadounidense, que el país no está preparado para competir contra la productividad que poseen los agricultores norteamericanos y que
este atraso productivo en el país se debe a diferentes factores, como deficiencias en la infraestructura, falta de acceso a créditos, inseguridad jurídica e institucional, etc.

Pero hay otros factores que han sido minimizados por los negociadores y por el gobierno.

En el documento titulado “Por qué decimos No al TLC”, auspiciado por Oxfam Internacional, Carlos Galián, Oficial de Incidencia de Oxfam Internacional en Nicaragua, y Dennis Olson, del Institute for Agriculture and Trade Policy (ART) de Estados Unidos, mencionan que, de acuerdo al tratado, ninguna de las partes firmantes puede otorgar cuotas de exportación a grupos de productores u organizaciones no gubernamentales (ONG), o delegar la administración de una cuota a este tipo de organizaciones o grupos. Esta regla discriminaría, por ejemplo, los productos que son comercializados a través del Comercio Justo, como el café.

Galián y Olson señalan también que, con el CAFTA, se busca patentar a las plantas, de la misma manera como se pueden patentar otro tipo de productos. De esta manera, corporaciones internacionales podrán demandar a los agricultores que usen plantas o semillas con derechos de propiedad, lo que incluiría no solo a las semillas genéticamente modifi cadas.

En el CAFTA se protege también a empresas como las productoras de agroquímicos, al permitirles no divulgar información sobre la seguridad o eficacia de un producto aprobado en otro país.

Compras e inversiones

Elizabeth Drake, también del ART, explica en el mismo documento que, en el CAFTA, se prohíbe a los gobiernos favorecer a los proveedores locales en los contratos gubernamentales sobre adquisición de bienes y servicios, obligando a los países signatarios dar a los proveedores de los demás países signatarios el mismo trato que se le da a los proveedores nacionales.

Los contratos y adquisiciones con empresas locales suelen ser utilizados por los gobiernos, tanto a nivel central como local, para llevar acabo importantes metas de índole social y económica. El CAFTA limita la capacidad de los gobiernos de utilizar los contratos y adquisiciones con empresas locales para sacar adelante estas metas.

En el mismo documento, Raúl Moreno de la CDC y la Red SINTI TECHAN,
de El Salvador, argumenta que las inversiones serán liberadas de tal manera que los estados no tendrán injerencia su desempeño, a la vez que los gobiernos tampoco podrán discriminar a las inversiones e inversionistas extranjeros.

Así como sucede con las adquisiciones gubernamentales, la inversión extranjera, focalizada desde una perspectiva de desarrollo nacional y con las regulaciones adecuadas, pueden contribuir al desarrollo económico y social de las regiones y de las naciones. Sin embargo, con el CAFTA estas potencialidades se desvanecen, ya que éste prohíbe a los gobiernos regular cualquier tipo de inversión extranjera.

Moreno también toca el tema de las expropiaciones, un tema álgido en cualquier negociación comercial, ya que el CAFTA prohíbe las llamadas “expropiaciones directas” o la transferencia al estado del título o derecho de propiedad de las inversiones realizadas por una empresa o persona. Sin embargo, el tratado va más allá e incluye también las “expropiaciones indirectas”,que se pueden definir como políticas que aplica un estado y que pueden afectar ingresos y ganancias proyectadas a futuro. Aunque aquí no se habla de la transferencia del título o derecho de propiedad de una inversión, la expropiación indirecta es equivalente a la expropiación directa en el CAFTA, por lo que cualquier empresa podría demandar a un estado argumentando que sus ganancias futuras están siendo “expropiadas”.

Propiedad intelectual

Otro crítico del CAFTA es Henry Mora Jiménez, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), de Costa Rica, quien asegura en el documento “101 Razones para Oponerse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos”, que el país del norte viola sus propios compromisos a favor del desarrollo establecidos en la Ronda Doha.

Mora argumenta que en la cuarta reunión ministerial de la Organización mundial del Comercio (OMC) en Doha, todos los miembros de la organización aceptaron que las cláusulas de propiedad intelectual contenidas en el ADPIC (Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC) debían interpretarse “a favor del desarrollo”.

Aceptaron que los derechos sobre las patentes y las utilidades no debían tener prioridad por encima de la salud pública, especialmente en los países pobres. A pesar de este compromiso político, la protección global de la Propiedad Intelectual (PI) se está haciendo cada vez más rigurosa, mediante una red de tratados bilaterales y regionales (como el CAFTA) que establecen una protección estricta de esos derechos, en perjuicio de intereses más amplios de la comunidad, como el acceso a las medicinas.

Según Mora, el gobierno de Estados Unidos alabó públicamente la Declaración de Doha, pero desde entonces ha emprendido una política contraria a este compromiso de apoyar la salud pública y el acceso a medicamentos a precios razonables para los países en desarrollo. Estas normas más estrictas para la protección de la Propiedad Intelectual se conocen como ADPIC-plus, ya que exceden lo que los países en desarrollo han acordado en la OMC.

Puesto que los países centroamericanos ya son signatarios del ADPIC, la única explicación para incluir un capítulo sobre propiedad intelectual en el CAFTA es forzar su protección a niveles del ADPIC-plus.

Según explica Mora en el documento antes mencionado, el ADPIC inhibe la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, al otorgar monopolios sobre todos los procesos y productos por 20 años, lo que concede a los tenedores de patentes el derecho exclusivo de producir, copiar, vender o explotar su invención en alguna otra forma.

Si consideramos la velocidad actual del avance tecnológico, los 20 años de exclusividad eliminan cualquier chance de acceso real que un país en desarrollo pudiera tener a nuevos bienes y conocimientos. Esto es especialmente riesgoso cuando se aplica a la salud pública y el acceso a las medicinas, ya que un retraso en la disponibilidad de medicinas genéricas baratas significa sufrimiento y muerte para millones de personas.

Centroamérica ha aceptado en el CAFTA restricciones adicionales
a la disponibilidad de datos para pruebas clínicas de medicamentos y otras medidas ,que tienen el efecto de ampliar el período de protección de una patente más allá del período de 20 años establecido por el ADPIC.

Mora asegura que si se llegara a reformar el ADPIC (algo por lo que luchan los países en desarrollo), la región de todas maneras quedaría atada por las cláusulas adicionales que ha aceptado (ADPIC plus) en el CAFTA.

Mora da un ejemplo sobre las posibles repercusiones de este capítulo en el tratado, y menciona el caso de Costa Rica, país en que estudios ha determinado que estas medidas significarían un incremento de hasta 800% en el costo de las medicinas.

En países con escasos recursos para la salud pública, las medicinas de patente que se venden a precios de monopolio son demasiado caras como para que el sistema de salud pública las entregue a los pacientes, y demasiado caras para que la gente pobre las compre de su bolsillo. La defensa del acceso a medicinas genéricas baratas es un aspecto crucial de la protección de la salud pública, ya que la competencia genérica conduce a bajas significativas de precio, permitiendo que la gente tenga acceso más fácil a tratamientos.

Asimetrías: capítulo olvidado
Carlos Galián asegura que la inclusión de asimetrías en la negociación fue extremadamente débil. “Mucho más débil, me atrevería a decir, que en la OMC. Después de 20 años de desgravación quedan dos productos excluidos: el azúcar, por parte de Estados Unidos, y el maíz blanco, por parte de Centroamérica”, recordó.

Para Galián hizo falta trato especial y diferenciado, que debió haber ido más allá del que ya contempla la OMC, debido a la asimetría de las economías. Mencionó, por ejemplo, que la región hubiera podido excluir más productos agrícolas y que la asignación de las cuotas también hubiera debido ser asimétrica a favor de Centroamérica. Al cabo de 20 años no se llegara a la eliminación completa de los aranceles, sino que comenzaran a reducirse algunos, y “es indudable que las negociaciones de los aranceles fue tema político y no se hicieron en base a proyecciones e indicadores de desarrollo de los sectores”, enfatizó.

Lo que viene
“La posición de Oxfam Internacional es que tal y como el tratado fue acordado, no creemos vaya a contribuir a la reducción de la pobreza.”, afirmó Galián.

Y agregó: “Bajo la circunstancias actuales, en que los congresos no tienen facultades para modificar el tratado, tratamos de influir para que éste, tal y como está, no sea ratificado, o por lo menos que el propio presidente desista de presentar el tratado”.

Oxfam apuesta, en el peor de los escenarios, por un retrazo en la ratificación del tratado, ya que esto daría tiempo para ver las tendencias en las negociaciones multilaterales de comercio internacional. “Esperamos, por ejemplo, la conferencia ministerial de Hong Kong a finales del 2005, que pueden marcar cambios en el equilibrio de fuerzas dentro de las negociaciones agrícolas, las que fundamentalmente nos interesan y que son la piedra en el zapato en las negociaciones multilaterales”, aseguró.

El balón pasó del campo de los negociadores al campo de los congresos y los presidentes. A partir de ahora, el trabajo de cabildeo tendrá a estos en la mira. Al fin y al cabo son ellos quienes ahora tienen la última palabra.

 

Medio ambiente y laboral: capítulos cosméticos

En el documento “Por qué decimos NO al TLC”, Ángel María Ibarra Turcios, de UNES – RED SINTI TECHAN de El Salvador, aegura que la incorporación de un capítulo laboral y de un Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA), en el CAFTA, no pasan de ser arreglos cosméticos. Según él, el capítulo ambiental y el ACA no pasan de ser un texto retórico y superficial que buscan mejorar la presentación del tratado.

Su argumentación se basa en que en los artículos medulares del
tratado, la naturaleza, en especial los recursos naturales y los llamados recursos ambientales son vistos como objetos para el intercambio comercial, es decir, como “mercancías”.

En lo que respecta al capítulo laboral, Ariane Grau y Omar Salazar, de la Asociación de Servicios de Promoción Laboral (ASEPROLA), de Costa Rica, aseguran que se trata de un capítulo de buenas intenciones, pues recurre a la voluntad y a los mayores esfuerzos por hacer cumplir las legislaciones y disposiciones laborales internacionales. En el documento no se menciona que los estados estén obligados a cumplir con éstas.

En el acuerdo se le da énfasis a la cooperación y la capacitación para el apoyo de leyes que no hagan bajar los estándares laborales en los países, de manera que la falta de una legislación laboral adecuada no sea utilizada para atraer la inversión.

Finalmente, el acuerdo no contempla un aparte sobre sanciones específicas relacionadas a las violaciones laborales y el mecanismo es complicado para llegar a la solución de controversias.


 

 
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