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Pecado por omisión
Sergio de Castro
scl@ibw.com.ni
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Durante los años en que Nicaragua hizo los méritos necesarios para su inclusión en la Iniciativa para Países Pobres altamente endeudados, conocida como iniciativa HIPC, el principal argumento para que la población aceptara los sacrificios que demandaban los organismos financieros y la comunidad internacional, era que los fondos que serían liberados por la condonación de una parte de la deuda externa serían utilizados, según el propio Banco Mundial, para “aumentar el Gasto Público en programas y actividades que aceleran la reducción de la pobreza”.

Quienes esperaban encontrar en el Presupuesto de la República para el 2005 los números que reflejaran esa promesa, no podrán más que desilusionarse.

Los 249 millones de dólares que se estima fueron liberados por la Iniciativa HIPC para el 2005, no se reflejan en la propuesta enviada por el Gobierno a la Asamblea Nacional, que utiliza un argumento que “si todo el alivio se llevara a gasto no se estaría corrigiendo el desequilibrio que se pretende solventar y los balances continuarían siendo insostenibles”.

El argumento esgrimido por el Gobierno podría parecer, a primera vista, irrebatible.

El problema es aceptar como verdadera la lógica del Gobierno, que una vez más aleja de sus prioridades la atención de lo que algunos llaman la deuda social, para priorizar, por sobre todas las cosas, la deuda pública, cuyos principales beneficiarios son los sectores que concentran en sus manos la mayor parte de la riqueza del país.

Se trata de una cuestión de liderazgo, para reunir a las partes y proponer políticas que permitan atender las urgentes necesidades de inversión social que tiene el país. El Gobierno tiene la primera responsabilidad en ese terreno como administrador de los recursos del Estado y responsable de las políticas económicas que rigen el destino de la nación.

No se pretende con ello desconocer los compromisos de deuda interna adquiridos, pero simplemente no se puede renunciar de antemano a la necesaria revisión de los plazos y montos a pagar, cuyo costo social lo están pagando quienes menos tienen y más necesitan.

La escasa validez de los supuestos que esgrimen los voceros del Gobierno para justificar sus políticas económicas, reflejadas en las asignaciones del Presupuesto de la República para el 2005, resta fuerza a sus argumentos. Todavía están a tiempo de recapacitar y asumir su responsabilidad como gobernantes. La otra opción es mantener sus políticas actuales y pecar por omisión.

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