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Leyes para los mercados
Perfeccionando la competencia

Ana Victoria Portocarrero

victoria@elobservadoreconomico.com
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Hasta antes de la inserción de la Cervecería Río en Nicaragua, laCervecería Nacional constituía un monopolio en la producción de cerveza en el país. A pocos meses de haberse roto ese monopolio, el consumidor de cerveza ya cuenta con una mayor variedad de productos. La Cervecería Nacional, ha introducido nuevas marcas, más publicidad, y en general un mejor servicio y producto al cliente; gracias en buena parte a la presencia de la competencia.

Igualmente sucedió con la telefonía móvil, cuyo servicio estuvo por
varios años en manos de una sola empresa, Bellsouth. Geográficamente, la mayor parte del país no tenía acceso al servicio, las tarifas eran muy altas en comparación con el resto de Centroamérica, y los celulares tenían también precios muy elevados. A raíz de la inserción de dos nuevas empresas al mercado, la cobertura se extendió notablemente, los precios tanto de los teléfonos como del tiempo aire ha disminuido, y se han ampliado los servicios para el usuario.

Por otro lado se encuentra el sector bancario, cuya cantidad de participantes ha venido creciendo desde 1990. En la actualidad, una persona tiene la libertad de elegir entre varias opciones para depositar su dinero o pedir un préstamo. Las tasas de interés son similares en todos los bancos, ya que las mismas las determina el mercado. De esta manera, los servicios a los usuarios se vuelven una de las herramientas para competir, teniendo que diversificarlos y ofrecer cada vez más al consumidor.

Los anteriores son ejemplos de lo que un consumidor gana cuando el
mercado deja de estar monopolizado, para pasar a estar en manos de varios competidores. Sin embargo, la gran mayoría de los bienes y servicios más importantes para los nicaragüenses aún se encuentran en condiciones que no son las más adecuadas para garantizar una libre competencia y, por ende, una mayor libertad económica para las personas.

Bienes públicos, como la energía eléctrica y la telefonía fija, pasaron de ser monopolios estatales a monopolios privados. El propósito inicial, que consistía en abrir el mercado para que el mismo estuviera en manos de varios competidores y el usuario se viera beneficiado, no se logró. Las barreras de entrada para otros competidores son muy grandes. De tal forma que, en la actualidad se está muy lejos de una competencia medianamente interesante. Los usuarios han sido quienes se llevan la peor parte, puesto que las quejas sobre los servicios y los precios son innumerables.

Por otra parte, mercados en expansión como el que se mencionó
anteriormente, de la telefonía móvil, están dando señales de quedar nuevamente en manos de una sola empresa. ¿Cómo se puede garantizar una mayor competencia en los mercados?

La regulación, una herramienta fundamental
La experiencia en Nicaragua ha determinado que no basta con abrir el mercado, o restarle atribuciones al Estado, que la oferta de un bien o servicio se desarrolle competitivamente. Desde antes del siglo pasado, ya algunos países del mundo se encontraban diseñando la legislación pertinente para que sus mercados pudiesen ser regulados a fin de lograr una competencia más eficiente y de esta manera defender a los consumidores y empresarios pequeños.

En Estados Unidos, alrededor de 1890, se originó el tema de la competencia, con la adopción de la Ley Sherman, junto con la Ley Clayton y la Ley de la Comisión Federal de Comercio. La Ley Sherman consistía en una amplia carta de libertades económicas, dirigidas a garantizar una competencia libre en el comercio.

Julio César Bendaña, a cargo de la Dirección General de Competencia y Transparencia de los Mercados (DGCTM), en su libro “Libre Competencia, Un Tema Novedoso en Debate”, afirma que al derecho de la competencia se le puede atribuir el mérito de ser un medio que contribuye a la búsqueda de la justicia social, que propugna por la dispersión del poder económico y distribución de las oportunidades económicas. Señala que los instrumentos y dispositivos legales que emanan de este derecho, coadyuvan a la par de otros instrumentos jurídicos políticos y sociales a evitar la concentración excesiva de la riqueza, posibilitando una distribución más equitativa de la misma.

Los países americanos que ya cuentan con legislación en el tema de competencia son: Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Brasil, Jamaica, Panamá, Perú y Venezuela. Por otro
lado, Bahamas, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Trinidad y Tobago, son países que se encuentran discutiendo la promulgación de una ley.

¿Cuál ha sido el proceso en Nicaragua?
Aunque en las Constituciones anteriores se había mencionado la prohibición por parte del Estado de Nicaragua hacia las conductas monopólicas, no es sino en La Constitución de 1974, donde se lee: “Se prohíben los monopolios en interés privado y toda clase de acaparamientos industriales y comerciales. Asimismo se prohíbe el otorgamiento de concesiones que signifiquen la constitución de monopolios sobre las riquezas naturales del Estado. Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora; solo en exclusivo interés nacional puede la ley establecer monopolios y estancos a favor del Estado o los municipios”.

Ciertamente la realidad está muy lejos de ser la que se imaginaron los legisladores en aquel momento. En materia legal, el avance desde el enunciado constitucional ha sido muy limitado.

Entre algunos de los pasos que ha dado Nicaragua para la consolidación de instituciones para el funcionamiento de una economía de mercado se encuentra la creación de agencias estatales encargadas de regular sectores claves de la economía y servicios públicos tales como telecomunicaciones, energía y aguas. Por otro lado, se creó desde (AVERIGUAR) en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), la DGCTM como unidad administrativa técnica especializada, a cargo de la promoción de la competencia en los mercados, y la regulación de los derechos económicos.

Sin embargo, Ignacio De León señala en el documento “Desarrollo Institucional de una Política de Competencia de Nicaragua”, que aunque se ha recurrido a adopción de leyes sectoriales que contienen ciertas disposiciones o regulaciones específicas en materia de competencia en mercados especializados, las mismas no garantizan la efectividad de la libre competencia en los sectores representados, ya que carecen de un marco legal del cual asirse. Aún existen múltiples debilidades en lo referente a la tipificación de conductas antimonopólicas), al establecimiento de las sanciones, entre otros aspectos.

Por otro lado, aunque la DGCTM es la entidad supervisora de los problemas de regulación del mercado y, particularmente, de la competencia, carece de las facultades necesarias para poder decidir la asignación de los derechos en el mercado. Es decir, que aún no tiene la capacidad para poder ejercer una política de regulación. Esto conlleva a que exista un problema de indefinición de competencias en las autoridades de regulación sectorial, según De León.

A las puertas de un TLC
En Nicaragua son los foros de negociación de tratados internacionales de comercio los que han determinado la obligación que tiene el país de cumplir con las disposiciones legales y normativas que se establezcan en materia de competencia. El problema, en este sentido, es que la legislación se diseña de acuerdo a los Tratados y no viceversa, como debiera ocurrir si se trata de respetar los derechos económicos de los ciudadanos.

De aprobarse el TLC entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el mismo estaría entrando en vigencia en los próximos dos años. Sin embargo, la Ley de Promoción de Competencia de Nicaragua, que desde el año 2000 se encuentra en estado de anteproyecto, no avanza.

En este sentido, Bendaña opina que “la tendencia a la armonización internacional del concepto de libre competencia económica, no representa en sí mismo ninguna desventaja. En cambio, el resistirnos en estos momentos a adoptar nuestra propia legislación y a fundar nuestra propia agencia o autoridad de competencia para dar inicio a un proceso de desarrollo institucional, mientras adoptamos otros instrumentos jurídicos de carácter internacional, sí constituye una amenaza real y una desventaja para nuestra economía, al no poder valernos de los mecanismos que se derivan de dichos instrumentos y así poder corregir o evitar, en alguna medida, los efectos adversos que eventualmente se deriven de las prácticas monopólicas de las empresas extranjeras y nacionales”.

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