A las puertas de julio, cuando el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos certifican el progreso de Nicaragua en relación con los reclamos de los norteamericanos confiscados, las autoridades nacionales dieron un paso vital como muestra de buena fe: la elección de los primeros 100 árbitros y de los primeros doce jueces de la propiedad.

Sin embargo, dicho proceso de elección aún está incompleto, ya que faltan por escogerse 150 árbitros y 16 mediadores. Además, aún prevalece la confusión alrededor de un punto más trascendental: la fecha cuando se pondrán en marcha los Juzgados de la Propiedad, y cuáles serán las reglas que los regirán.

 

· Diplomáticos norteamericanos en Managua monitorean avance de solución y funcionamiento de arbitraje, mediación y juicios.

· El Waiver está a las puertas, y sería fatal para el país una certificación negativa de Estados Unidos

 

“Vamos a esperar, como todo el mundo”, expresó a El Observador Económico el Consejero Económico de la Embajada de los Estados Unidos, el Sr. Anthony Interlandi.

“Igual que los reclamantes, como los nicaragüenses o la gente del gobierno, a ver cómo funciona esto. No vamos a juzgar nada sin ver cómo es que va a funcionar”, agregó refiriéndose a los Tribunales de la Propiedad (TP).

La Ley sobre la Propiedad Reformada Urbana y Agraria, también conocida como Ley 278, fue aprobada hace más de dos años por las bancadas mayoritarias de la Asamblea Nacional –liberales y sandinistas– y publicada en La Gaceta del 16 de diciembre de 1997. Esta provocó grandes expectativas, ya que autorizó la permuta de propiedades y definió nuevos mecanismos de solución, entre ellos el arbitraje, la mediación, y, finalmente, los Tribunales de la Propiedad. Hoy, tras una larga agonía para los reclamantes, se ponen en marcha dichos mecanismos.

 

 

Aspectos Fundamentales de la ley 278

Arto. 1

La presente ley regula la tenencia, ejercicio, cargas y extinción del derecho adquirido sobre bienes en posesión del Estado, al amparo o mediante de: las Leyes 85 y 86 del 29 de marzo de 1990; la Ley 88 del 2 de abril de 1990; la Ley 209 del 30 de noviembre de 1995, y la Ley de Reforma Agraria y sus reformas; los contratos de venta o promesa de venta, arriendo o administración con opción de compra celebrados por la Corporación Nacional del Sector Público con los antiguos trabajadores de las empresas estatales, licenciados del Ejército, del Ministerio del Gobernación y desmovilizados de la Ex-Resistencia Nicaragüense. Regula los Asentamientos Humanos Espontáneos que se hayan consolidado hasta 1995. Regula el ejercicio de cualquier acción de los anteriores propietarios para reclamar la restitución del bien o el pago de la debida indemnización en su caso.

Arto. 31, inciso b

Si no fuere posible la devolución total de los bienes, el Estado indemnizará la parte de los mismos que no fuere devuelta, mediante Bonos de Pago por Indemnización...

Arto. 32

Como un equivalente a la restitución material de bien reclamante, el Poder Ejecutivo podrá permutar con el anterior propietario otro bien del Estado, de valores similares que en ningún caso tendrá mayor valor que el bien del reclamante... Asimismo, se podrán convenir otras formas de pago cuando fuere posible.

Arto. 37, primer párrafo

Cuando el Estado y sus Instituciones ocupen bienes que deban ser restituidos materialmente y la restitución le cause dificultades en su funcionamiento, se podrá subordinar su ejecución a la suscripción por un plazo prudencial de un contrato de arrendamiento.

Arto. 54

Si no hubiere acuerdo sobre la solución definitiva del asunto, pero alguna de las partes solicitaren someter el asunto a arbitramento, el Mediador lo hará constar en el acta que levantará, y remitirá todo lo actuado al Juez de la causa.

Arto. 55, primer párrafo

En el caso de acuerdo para someter el asunto a Arbitramento, el Juez de la causa, con noticia de las partes, ordenará la integración del Tribunal Arbitral, para la continuación del procedimiento. Esta resolución no admitirá recurso alguno...

Arto. 90

Contra las sentencias de las Salas de la Propiedad de los Tribunales de Apelaciones no habrá Recurso de Casación.

Arto. 91

Firme el fallo, la correspondiente Sala de la Propiedad librará a los interesados la ejecutoria de Ley, de conformidad con los Artos. 439 y 441 Pr.

Arto 92

En lo no previsto en la presente Ley se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil en vigencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el Embajador de Nicaragua en Washington, Dr. Francisco Aguirre Sacasa, estos primeros pasos son muy positivos. “Nos brindan una herramienta más para resolver un problema agudo que tiene años de estar creando fisuras en nuestra sociedad”, señaló a El Observador Económico, vía e-mail.

A su juicio, esto significa una vía alterna para solucionar el problema de la propiedad, además de recalcar que “sólo con gente honrada podrán ser creíbles”, por lo que habría que impugnar a todo aquel que no encaje en ese patrón.

En efecto, tras la elección de los primeros 100 árbitros de la propiedad y de los primeros doce jueces del mismo campo, entre propietarios y suplentes, la Corte Suprema de Justicia ha abierto un período de impugnación para oír quejas alrededor de electos que no cumplan con las cualidades judiciales, morales ni éticas. Entre éstos figuran personalidades de los gobiernos anterior y actual, directamente vinculadas al tema.

 

Anthony InterlandyLos jueces electos, propietarios y suplentes, corresponden a la Primera Sala de la Propiedad de Managua y la Segunda Sala de la Propiedad de León, las dos ciudades más importantes del país.

Discrepancias con las cifras

Alrededor del espinoso tema de la propiedad existe un conflicto con las cifras finales de resolución y de casos pendientes, pues cada institución lleva su propio recuento y los totales no concuerdan.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de su Oficina de Planificación, registra la existencia de 756 reclamos, de los cuales 365 (48%) son de Managua; el resto, mayoritariamente, provienen de León y Matagalpa.

Esa cifra, según la vicepresidenta de la CSJ, magistrada Yadira Centeno, es el resultado de un trabajo de campo realizado en todos los Juzgados, sin embargo, recordó que en su momento, el procurador Julio Centeno Gómez dijo que había 14 mil causas pendientes y “sólo presentó 125, que están incluidas dentro de los 756”.

En tanto, en la base de datos de la Embajada de Estados Unidos hay registrados 880 casos, “y aparte de estos reclamos hay gente que llega directamente al gobierno de Nicaragua para buscar la solución, e incluso lo resuelven, lo llevan a feliz término, sin siquiera consultarnos”, apuntó Martha Husted, encargada de la Oficina de la Propiedad de esa misión diplomática.

Martha HustedPor otra parte, la doctora Yamila Karim, Intendente de la Propiedad, declaró a La Prensa, semanas atrás, que el total de reclamantes asciende a un total de 6,751. Esto significa que la CSJ registra sólo el 11.19 por ciento del total del Ministerio de Hacienda.

Las cifras tampoco coinciden a la hora de puntualizar los casos resueltos, en los que una vez más, hay discordancia. Según el diario, las “estadísticas de la Intendencia de la Propiedad indican que a la fecha se han resuelto 3,181 casos de propiedades reclamadas por ciudadanos estadounidenses”.

El embajador Aguirre Sacasa, por su parte, señaló a esta publicación que “a finales de febrero de este año, el gobierno de Nicaragua había resuelto más de 2,800 casos de confiscados norteamericanos”.

Expectativas alrededor de los Tribunales

Aparte de las discrepancias con las cifras, hay fuertes expectativas en la sociedad, confiscados y gobierno norteamericano, sobre el funcionamiento futuro de las judicaturas de la propiedad.

A criterio de la diplomática Husted, los mecanismos y procedimientos que se utilizarán en los TP para ver los casos, “no quedan muy específicos”, y al consultársele si esto pudiese tomarse como una debilidad, los calificó de “peligros potenciales”.

“Yo creo que en cualquier lugar que se esté abriendo un nuevo tribunal que nunca se ha hecho antes, existe el peligro potencial que hemos mencionado”, recalcó Husted. No obstante, de manera general, ella y su colega Interlandi reconocieron que éste es un buen paso en la búsqueda de la solución del conflicto de la propiedad para confiscados en general, sin importar su país de procedencia.

Además, Husted expresó la preocupación de parte de los funcionarios de su sede debido a que en el artículo 54 de la Ley 278, habla del arbitraje. Según ella, si ambas partes concuerdan en resolver el problema por esta vía está bien, pero “si por ejemplo obligaran a un ciudadano estadounidense a ir a arbitraje, nos preocuparía muchísimo, porque esto no se ve en otras partes”.

La magistrada Centeno, por su parte, explicó que “el arbitraje es una institución para solucionar el conflicto mediante el cual cualquier persona somete su juicio o la controversia que ha surgido con la otra persona, a la decisión de uno ó dos árbitros y éste resuelve de una forma definitiva”.

Agregó que “en caso de que no se pongan de acuerdo, va (el caso) para el juez, y si las partes no están de acuerdo con la resolución del juez, van a apelación y ahí el proceso muere porque no hay casación”. Es decir, la CSJ no intervendría.

Confiscados pesimistas

La Ley 278 especifica que los Tribunales de la Propiedad atenderán los casos incluidos dentro de las leyes 85, 86 y 88; por tanto, todas las personas nacionales y extranjeras con una confiscación pendiente de resolución, tendrían, a juicio de la magistrada Centeno, una gran ventaja al acudir a los TP: que ahí se resolverán las controversias “de una forma muchísimo más rápida”, debido a la utilización de la mediación y el arbitraje.

Sin embargo, el señor Germán Saborío Morales, que tiene en su haber unas diez confiscaciones pendientes de solución, señaló que una vez más se le está dando largas al asunto de la propiedad, y guarda sus recelos en cuanto a la agilidad que puedan tener los casos en los TP.

Una de las propiedades que reclama Saborío es la hacienda San Gabriel, que tiene una extensión de 24 mil manzanas y aproximadamente seis mil cabezas de ganado. Lo último que el reclamante supo sobre esta propiedad es que fue lotificada y entregada a ex miembros de la Resistencia Nicaragüense.

Para cada propiedad, asegura, ha conseguido cuanto documento le van solicitando en el proceso de resolución, pero nunca logra su objetivo. “Hasta le mandé un telegrama a la doctora Yamila Karim preguntándole qué me hace falta para que me devuelvan mis propiedades, pero ni siquiera me contestó”, dijo.

Bajo nivel de permutas

Ahora bien, entre el sinnúmero de situaciones que contempla la Ley 278, en su artículo 96, está la permuta. “Estamos abogando que empiecen las permutas”, aseveró el señor Interlandi, de la Embajada de Estados Unidos.

En tanto, su colega Husted recordó que desde 1997 viene escuchando a funcionarios del gobierno de Nicaragua, decir que con las permutas se resolverían los casos más difíciles.

“He visto muy pocas permutas. En tres años sólo han hecho cuatro permutas y ha sido difícil, nos ha costado un bigote hacerlas”, dijo. Y aunque, indica, estos trueques están instaurados por la ley de emisión de bonos desde marzo de 1999, “si estas leyes no se toman como una herramienta para resolver casos, entonces de qué sirve la ley”.

Además, a juicio de los diplomáticos norteamericanos, la permuta podría implementarse en los casos más importantes. Para ellos, existen algunas propiedades actualmente administradas por la Corporación Nacional del Pueblo (Cornap) que tienen prioridad, por ser los que llevan más tiempo esperando ser resueltos.

“En los casos de la Cornap, al iniciar el proceso teníamos como 32 casos aproximadamente, como la mitad se resolvió porque emitieron bonos; sin embargo, las fincas grandes cafetaleras y ganaderas son los recursos para que este país produzca, exporte y cree empleos”, dijo Husted.

Y es que, a juicio de Interlandi y Husted, los ocupantes de este tipo de propiedad sortean una serie de inconvenientes como no poder hacer de éste un terreno productivo, o no ser sujetos de crédito por no tener título como propietario.

“Con el dinero o con bonos, ellos pueden conseguir un pedacito de propiedad en el que por lo menos van a tener el título, con el cual van a conseguir un crédito”, opinó Interlandi.

Ante la idea de las permutas, Saborío Morales se mostró anuente, siempre y cuando cumplan con varias condiciones, entre ellas, que la propiedad a recibir tenga el mismo valor de la confiscada. Pero, en verdad, su preferencia está por la devolución de su propiedad, siempre y cuando esté en buenas condiciones.

Por otra parte, a pesar de lo agotador que para él ha resultado luchar durante diez años por recuperar lo que era suyo en buena ley, negó rotundamente la aceptación de los Bonos de Pago por Indemnización, porque “no valen nada, por eso nadie los quiere aceptar”.

Respecto a los BPI, una salida viable podría ser la propuesta del diplomático Interlandi. “Una solución es alzar el precio de bonos en el mercado para que sean más aceptables a los reclamantes y a las otras instituciones”, dijo.

Recordó, al respecto, que se entrevistaron con una casa de inversiones neoyorquina, la que “no oficialmente” sugirió que el gobierno privatizara bienes del Estado como Enel o ENTEL, y hasta, en un futuro, se privatizaran bienes como la Cementera.

El Consejero Económico de la Embajada norteamericana estimó que ello resultaría beneficioso porque, en primer lugar, el gobierno pagaría la deuda a un precio relativamente barato, y por otro, el tenedor de bono recibiría un precio más alto en el mercado secundario.

Waiver, plazo fatal

Desde 1990 a la fecha, los gobiernos de Nicaragua vienen haciendo esfuerzos por indemnizar a los confiscados en la década de los 80, durante la Revolución Sandinista, pero éste es un problema que se agrava en dimensión año con año, con la incorporación de nuevos reclamos y de reclamantes.

El gobierno de Estados Unidos, el más beligerante en ese ámbito, monitorea año con año el avance del mismo, basándose en el reporte de su sede diplomática en Managua. El año Waiver inicia en agosto de cada año y finaliza en julio del año siguiente.

Con el otorgamiento del Waiver (condición de excepcionalidad), Estados Unidos puede colaborar con un gobierno, pese a que éste haya confiscado bienes a ciudadanos de ese país. Además de la ayuda bilateral, el Waiver es fundamental para tener acceso también a los créditos otorgados por los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, donde Estados Unidos tiene poder de veto. Por tanto, sin Waiver se cierran las principales llaves de la asistencia a Nicaragua.

“Debemos tener algo muy claro. Para la vasta mayoría de nuestros compatriotas, incluyendo a la mayoría de los confiscados, una suspensión de ayuda norteamericana sería un grave golpe con secuencias muy dañinas para un país que es el más dependiente de la ayuda no sólo en nuestro hemisferio, sino en el mundo entero. El tema es demasiado delicado para politizarlo”, aseveró el embajador Aguirre Sacasa.

En su opinión, hay una percepción positiva en el gobierno de Estados Unidos sobres los últimos pasos que se han dado sobre la propiedad. “Han causado una reacción positiva. Es bien sabido que el tema de la propiedad es de gran interés para el Congreso norteamericano”, afirmó.

En tanto, el señor Interlandi reiteró que el Waiver es un plazo clave. “Tenemos que dar informes desde acá, y la Administración norteamericana tiene que decidir y explicar al Congreso si se ha logrado progreso suficiente... Claro que la apertura de los tribunales será un gran paso adelante, absolutamente”, refirió.

Por su parte, la magistrada Centeno negó que hubiera presión de parte de Estados Unidos para la apertura de los Tribunales de la Propiedad, pero dio como un hecho que el Congreso de ese país está a la expectativa del rumbo que éstos llevan.

NACIONALIDAD Y NUMERO DE

BIENES EN RECLAMO

NACIONALIDAD

RECLAMANTES

TOTAL DE RECLAMADOS TOTAL BIENES
ALEMANES 13 43
CANADIENSES 3 7
COLOMBIANOS 1 11
COSTARRICENSES 3 2
DANESES 1 2
ESPAÑOLES 51 191
GUATEMALTECOS 1 2
HOLANDESES 1 5
HONDUREÑOS 2 3
MEXICANOS 20 41
NICARAGUENSES 5,028 10,840
U.S.A 1,572 5,315
VENEZOLANOS 2 9
TOTAL 6,698 16,471
     
BIENES RECLAMADOS
  RUSTICOS URBANOS
  7,850 8,621
  47.66% 52.34 %
     

 

 


 

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