9 de septiembre de 2011 - Managua, Nicaragua


FotoGilda Sánchez, Tania Díaz


Recientemente se ha observado un incremento sostenido en los precios de los alimentos como efecto de diferentes factores. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población que además de ser un derecho básico de las personas (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en 1974) es un factor fundamental de su desarrollo humano integral. Esta problemática retoma una importancia preponderante a la fecha, dado que la inseguridad alimentaria condiciona el cumplimiento del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, erradicar la pobreza extrema y el hambre en 2015.

Sin embargo, ya desde 1992 cuando se realizó la Conferencia Internacional de Nutrición (Roma 1992) y luego en 1996 la Cumbre Mundial de la Alimentación, Centroamérica había mostrado interés en el tema. A lo largo del tiempo, en Nicaragua se han desarrollado una serie de programas y proyectos de estado (con ayuda de agentes privados) que han venido a constituir una especie de política de seguridad alimentaria.

En busca de una Política de Seguridad Alimentaria consolidada



Una política se puede definir como el conjunto de acciones programadas que una institución o agente realiza en el proceso de asignación de recursos para la resolución de un determinado problema o el logro de un objetivo. En el caso de la política de seguridad alimentaria, se refiere al conjunto de acciones (incluyendo programas y proyectos) que el estado realiza para la resolución del problema de inseguridad alimentaria. Estas acciones además, son complementadas por organismos de cooperación y/o la sociedad civil.

Desde mediados de los años 90 el país ha hecho esfuerzos por orientar una política de seguridad alimentaria. Los primeros indicios de esta se refieren a la creación de la Comisión Nacional para la Nutrición en 1994, a la cual se le asignaba la función de realizar el “Plan Quinquenal de Acción para la Nutrición” y la cual formuló las primeras acciones del Programa de Nutrición Escolar. Luego en 1997 el gobierno de Nicaragua solicitó a la FAO el desarrollo del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA); esta solicitud llevó al inicio del PESA en su fase piloto a partir de 1999 hasta el final de 2004.

En este periodo se desarrollaron diferentes programas de apoyo alimentario con la cooperación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en conjunto con iniciativas de acceso a los alimentos mediante programas productivos ejecutados por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). También en el año 2000 se formuló una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN); creándose la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) y el Comité Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTESAN), a fin de que basadas en las información brindada por el Sistema de Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISSAN) aplicaran el Plan de Acción (2001); pero esto no se llevó a cabo.

En el 2001 se elaboró un proyecto de Ley que permitiera aplicar en el País los compromisos de la Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en Roma en 1996, pero no hubo grandes avances. No obstante, es hasta el 2009 que se aprueba la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y meses antes se diseña oficialmente la Política Sectorial de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH).

Promoviendo el trabajo coordinado



La actual Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria es concebida desde el enfoque de disponibilidad agregada -capacidad productiva y oferta suficiente para que todas las personas tengan alimentos disponibles- y facilitación del acceso a alimentos por parte de las familias; ya que se pretende lograr la seguridad alimentaria mediante servicios adecuados en la cadena de valor agroalimentaria de manera sostenible, eficiente y competitiva; incentivando la producción de alimentos y la productividad de esas actividades. A la vez, se promueve el acceso destinando estos servicios principalmente a las áreas más afectadas como es el sector rural a los pequeños y medianos productores. Respecto a la mejora en el consumo las acciones se dirigen a las mujeres.

Esta nueva Política se basa en principios rectores como: la garantía del derecho de todos los nicaragüenses de contar con una alimentación adecuada; soberanía alimentaria, entendida como el derecho a definir las propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos; precaución, en cuanto a la inocuidad de los alimentos consumidos por la población independientemente de su origen; respeto al saber hacer, las practicas locales de consumo y producción; sostenibilidad, tanto ambiental como económica; integralidad, considerando los cuatro pilares de la seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica); inclusión de todos los agentes sociales sin ningún tipo de discriminación; armonización y alineamiento con las demás acciones en el tema; corresponsabilidad de los actores.

Esta política y todas las acciones que de ella se desprendan han sido institucionalizadas, reguladas y operacionalizadas por La Ley 693: Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaría y Nutricional (segundo país en Centroamérica en tener una ley de este tipo después de Guatemala), pues esta pretende garantizar la coordinación de acciones y la unidad de esfuerzos entre las instituciones públicas en todos los niveles, con la participación de actores de la empresa privada, gremios y otras organizaciones de la sociedad, para instaurar a la alimentación como una política de Estado. Esto lo hace mediante la creación del Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Además, la Ley crea el Fondo Nacional de Emergencia de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (FONASSAN) de modo que en situaciones de emergencia alimentaria provocada por desastres naturales, crisis económicas o sociales el país esté en capacidad de satisfacer las necesidades básicas de alimentos de la población afectada. Este fondo se financia mediante una asignación de recursos de Hacienda y de donaciones especiales dirigidas a este sector.
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Acciones de la actual Política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional



Las políticas se han materializado en programas y proyectos que propician el acceso y la disponibilidad de alimentos a la población afectada. Ya sea mediante el acompañamiento técnico en el desarrollo productivo de sus economías familiares o territoriales, o a través de la facilitación de alimentos y suplementos en escuelas, centros de trabajo y de cuidado infantil.

Respecto al primer ámbito de acción se llevan a cabo distintos programas como PRORURAL Incluyente y el Programa de Apoyo a los micro y pequeños empresarios (PROMIPYME) que apoyan la producción primaria competitiva y sostenible con el medio ambiente. También se pretende que el funcionamiento del Banco de Fomento de la Producción (PRODUZCAMOS) facilite el acceso a financiamiento al igual que el programa Hambre Cero y Usura Cero capitalicen a familias pobres a través del otorgamiento de un bono productivo o de microcréditos (en el segundo caso) a las mujeres.

Respecto al segundo aspecto se han implementado programas de ayuda alimentaria directa, como son: El Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE) y los programas de atención a la familia y niñez en alto riesgo nutricional y educativo ejecutado por el ministerio de la familia (MIFAMILIA). A la vez, se ha propiciado el acceso a los alimentos de forma más barata a la población en general a través del fortalecimiento de ENABAS que provee granos básicos en puestos de distribución locales.

¿Existen señales de efectividad de esta Política?



Aunque se conoce la cantidad de beneficiados por los diferentes programas de seguridad alimentaria, no se cuenta con información precisa sobre el impacto de las acciones aplicadas como instrumentos de política. No obstante, se puede tener un acercamiento a la incidencia de esta política mediante el análisis de un caso representativo de la aplicación del Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE), que se desarrolla en 60 municipios clasificados como de muy alta y alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (1) y que en 2009 fue seleccionado por la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación (FAO) entre los cuatro mejores programas alimentarios del mundo.

Un buen ejemplo de la incidencia de este programa es la escuela primaria pública Modesto Bejarano (2). La distribución de los alimentos en este centro se realiza de la siguiente manera: “Se les da de comer (a todos los estudiantes) antes de las diez de la mañana para que de esta manera los niños estando bien alimentados puedan percibir mejor la clase. A las nueve y media comenzamos a servirles la comida a los niños de educación inicial, lo que permite que ellos quieran venir a la escuela. Al mediodía con el turno vespertino, les servimos el almuerzo, lo que los incentiva también a venir. Les decimos que no coman en su casa, y almuercen aquí donde les brindamos un plato grande, tal vez no en cantidad pero si en calidad, puesto que es nutritivo” (Lic. Marta Guevara, Directora del Centro).

En esta escuela el estado nutricional de los niños es monitoreado, con el apoyo del organismo Padre Fabreto que también brinda una ayuda alimentaria complementaria (carne de pollo o de soja). Según la profesora de educación inicial Lidyeth Gaitán García “hay una nutricionista que les hace el menú a los niños. Además, (los niños) son pesados en el segundo semestre y a final del año para ver los avances”. Ella también comenta que cuentan con “un comedor que permite que los padres de familia ayuden a la preparación de la comida y a lavar los platos”;también hay un huerto escolar. Estas tres actividades complementarias hacen más eficiente la aplicación del programa, ya que los niños reciben la alimentación en el centro de estudio y los padres se involucran en el proceso de mejora del bienestar de sus hijos.

Este programa ha sido altamente efectivo en disminuir la deserción escolar y aumentar el rendimiento académico. Al respecto la Lic. Marta Guevara, Directora del Centro comenta:“creo que hemos logrado los objetivos del programa implementado. La deserción escolar es casi nula, con un porcentaje de 8% que es considerado bajo”.De igual modo, la profesora Lydieth Gaitán García afirma que: “se ha notado como esto (la aplicación del PINE) ha motivado a los niños a asistir a clases y se ha visto una mejora en el rendimiento académico”.

Así mismo, Elizabeth del Socorro Chávez madre de familia que apoya el comedor escolar, asegura que el rendimiento académico de sus hijos ha mejorado al ser beneficiados con el PINE. Refiriéndose a su hijo Álvaro Reyes que tiene 12 años y cursa tercer grado, doña Elizabeth comenta:“ahora le toma más interés al estudio, antes decía que le dolía el estomago, que se había gastado el dinero de la comida, a veces me decía que tenía hambre y que no podía hacer la tarea o que le daba mareos o se quedaba dormido. Pero ahora que tiene una mejor alimentación esto no ocurre”.
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Esto se debe a que ha mejorado la seguridad alimentaria de los niños. Ahora ellos tienen acceso y disponibilidad de una mejor comida, pues la alimentación que reciben en la escuela es más nutritiva que la que podrían obtener por sus propios medios. Por ejemplo el niño Álvaro Reyes “antes del programa a veces venia desayunado, comía pan y café con leche (ahora) aquí (en la escuela) a pesar de que él ya venga desayunado, come aquí a la hora que les sirven” (Elizabeth del Socorro Chávez, madre de familia).

El impacto general del PINE en esta escuela puede resumirse en las palabras de la maestra de educación inicial, Lydieth Gaitán García:“todos (los niños) han cambiado con el programa, porque antes no había este beneficio. Nunca se había tenido un plato completo de comida que beneficiara al niño en sus necesidades alimenticias y en su atención en clases, antes había una especie de merienda escolar, de galletas con leche”.

Este programa de seguridad alimentaria y nutricional ha sido efectivo y ha tenido mayor incidencia en el bienestar de los niños cuando es apoyado por otros organismos de cooperación al desarrollo que brindan beneficios complementarios. La nueva Política impone un reto de coordinación y efectividad de las acciones interinstitucionales y de los diversos actores. Además, para que las acciones de la Política sean efectivas se debe insertar a la población afectada en el proceso de cambio de su realidad, esto puede lograrse mediante el uso de las herramientas que la Ley 693 le facilita de modo que las iniciativas se formulen desde las comunidades. También es importante que se presenten datos de impacto de los demás programas que contempla la actual Política de Seguridad Alimentaria para poder reorientar o ampliar las acciones en dependencia de sus resultados.

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Notas:


(1) Los departamentos y regiones autónomas con alta y muy alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria son: Nueva Segovia, Madriz, Estelí, León, Chinandega, Boaco, Chontales, Matagalpa, Jinotega, Managua y las Regiones Autónomas del Atlántico norte y sur (RAAN y RAAS).
(2) Esta escuela fue fundada aproximadamente en 1978 y se ubica en Managua en el Barrio Acahualinca (con un nivel de vulnerabilidad alimentaria alto). Atiende a 646 niños del barrio en las modalidades de educación inicial, primaria y extra edad (educación básica para niños mayores de 12 años), en turno matutino y vespertino y cuenta con 21 docentes.

Informantes clave:


-Lic. Martha Guevara, Directora del Colegio público Modesto Bejarano desde 2008.
-Lydieth Gaitán García, docente de educación inicial (pre escolar). Tiene 17 años de trabajar en el centro.
-Elizabeth del Socorro Chávez, madre de dos niños que estudian en la escuela. Ella apoya en la elaboración de los alimentos para todos los estudiantes.


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