1 de mayo de 2007 - Managua, Nicaragua


FotoIvonne Acevedo / Arlen Cuadra

En las tres últimas décadas, Nicaragua ha avanzado notablemente en el acceso de la población al suministro de agua potable, sobre todo en el sector urbano. Sin embargo en el sector rural, seis de cada diez nicaragüenses siguen proveyéndose del vital líquido a través de fuentes no potables, entre ellas pozos y manantiales cada vez más secos.

Tres décadas atrás, de acuerdo a los resultados oficiales del Censo Nacional de Población de 1971, eñ 37.9% de la población nicaragüense se abastecía de agua potable proveniente de tubería conectada a la red pública o privada. Por tanto, el 62.1% de la población total del país conseguía el vital líquido, acarreándolo de pozos, ríos y otros.

El Censo Nacional de Población y Vivienda, del 2005, pone al descubierto una mejoría notable en cuanto al abastecimiento de agua potable, ya que 634% de la población total nicaragüense tiene acceso vía tubería dentro o fuera de la vivienda. Por tanto, a nivel nacional, tres de cada diez pobladores siguen extrayendo agua de los pozos, de los ríos, manantiales y otros. (Ver recuadro El agua en los censos nacionales)

Sin embargo, pese a esta mejoría en los indicadores nacionales de abastecimiento de agua potable, el Ing. Clemente Martínez, especialista en recursos hídricos del Centro Humboldt, califica de “crítica” la situación del recurso, dada una serie de factores como: la falta de un marco jurídico que respalde el uso adecuado de las cuencas de agua, el creciente deterioro ambiental, la ausencia de instituciones eficientes y sobre todo la falta de un manejo integrado del agua. Es decir, se necesita un reordenamiento del uso del recurso, así como del manejo de suelos, distribución de cuencas y tratamiento de desechos.

El lago Xolotlán, por ejemplo, está totalmente contaminado dado que ha sido utilizado como “servidero” de la capital, al descargarse anualmente aproximadamente 500 mil toneladas de desperdicios. Por otro lado, el lago Cocibolca o lago de Nicaragua, el más grande de Centroamérica, cada día está más contaminado debido a la deforestación, la descarga de desechos, el cultivo de peces de la variedad Tilapia, entre otros. Ambos poseen un potencial estratégico para el abastecimiento de agua y para fines económicos, pero la falta de conciencia y de medidas para evitar su contaminación, está deteriorando a todo vapor su valor ambiental y económico.

Las dificultades del servicio de agua



ENACAL tiene aproximadamente 580 mil usuarios, que podrían representar a unos tres millones de habitantes beneficiados. La mitad de ellos reciben el agua durante pocas horas al día y la otra mitad ni siquiera recibe el servicio de la empresa.

Para abordar la problemática del servicio de agua potable consultamos a la Directora Ejecutiva de la Liga de Defensa del Consumidor en Nicaragua, Lic. Maura Morales, que nos dijo que aproximadamente 40 barrios en la capital no reciben del todo este servicio. Uno de los casos que más resaltó fue el del Anexo de Villa Libertad, que desde hace cinco años no tiene agua potable de forma regular, pero que nunca les ha faltado el cobro.

“No es que no quieran pagar los consumidores, sino que no están dispuestos a pagar por un servicio que no están recibiendo”, explicó la Lic. Morales, luchadora social.

De igual manera, resaltó que la falta de agua potable es una violación a los derechos humanos, por lo tanto es un factor que genera otros problemas. “En el caso del Anexo de Villa Libertad, ENACAL envía una pipa de agua cada dos días y venden el líquido a C$ 20.00 el barril, además de los C$ 55 de cargo fijo de la factura. El agua no tiene la calidad para consumo humano, así que aquellas familias que no pueden comprar agua para beber, consumen el agua de la pipa. Además esta situación genera violencia entre los pobladores y las más afectadas son las mujeres, pues son las encargadas de llevar el agua para sus familias”, añadió.

El estado “legal” del agua



Actualmente está en discusión la Ley General de Aguas. El Ing. Martínez, del Centro Humboldt, expresó que ésta posee debilidades porque tiene un espíritu extractivo y no de conservación, pues se legalizarían todos los usos que se le dan al agua, brindando mayores concesiones sin un marco que permita el rescate de los cuerpos de agua.

Sin embargo, posee artículos (Arto. 152-153) referidos al servicio ambiental hidrológico, los cuales contemplan incentivos a aquellos que inviertan para reforestar zonas en áreas de recargas y así garantizar el mejor desempeño de las cuencas. Pero es necesario que todos, tanto las autoridades como la sociedad civil se den cuenta que el agua es un bien escaso, por lo que cada quien tiene que pagar de acuerdo al uso que se le dé.

La Ley de Aguas en el Arto. 4 solamente estipula que el servicio de agua potable no podrá ser objeto de privatización, pero no abarca al recurso como tal ni al servicio de alcantarillado, por lo que la población podría terminar pagando un monto mayor por el alcantarillado que por el servicio de agua potable, según el Ing. Martínez.

Privatización en Nicaragua: Un intento frustrado



En el año 2000, el FMI obligó a la privatización del agua en 16 países subdesarrollados. Entre éstos Angola, Benin, Guinea-Bissau, Honduras, Nicaragua, Nigeria y Panamá.
En el caso nicaragüense, el camino para la privatización del agua inició con los Programas de Ajuste Estructural (ESAF), concretamente con el ESAF II (1998-2001) pues éste estipulaba la promoción de la participación del sector privado en la provisión de servicios públicos. Las tarifas de agua potable y alcantarillado se ajustaron 1.5% mensual a partir de marzo de 1998, acorde con el ritmo mensual de deslizamiento del tipo de cambio oficial, hasta que alcancen el costo marginal de largo plazo.

El sector de abastecimiento de agua potable y saneamiento estaba en manos del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, INAA, pero en 1998 fue reformado. El resultado de este proceso fue la división de INAA, pasando a ser el ente regulador y fiscalizador de la prestación de los servicios y; se creó ENACAL, como la empresa estatal encargada del abastecimiento del servicio de agua potable, que manejaba el antiguo INAA. Para esta misma fecha se creó la Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

Según el Ing. Martínez, del Centro Humboldt, la estrategia de privatización fue segmentar a INAA en ENACAL y luego, fragmentar a ésta en empresas más pequeñas, territoriales, con la intención de vender las unidades de las ciudades que podrían generar más ingresos, como León, Chinandega, Matagalpa, Jinotega y Managua, sin incluir las áreas rurales.

En el 2002, bajo presiones del BID, la empresa ENACAL comenzó a hacer licitaciones en el exterior, pero la incansable lucha de la sociedad civil y de grupos opuestos a la privatización del agua potable y del alcantarillado, logró evitar la continuación y ejecución del proceso de privatización.

“Logramos ganarle la batalla a los organismos internacionales y a los gobiernos anteriores, al aliarnos con otras instituciones y con la sociedad civil”, dijo el experto del Centro Humboldt, uno de los ONG con más trayectoria de lucha en temas medio ambientales.

El Agua: ¿Valor ambiental vs. Valor económico?



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El agua posee un valor ambiental inherente a su condición de recurso natural. Este valor in situ significa que el agua ejerce una función de sostén de los ecosistemas y elemento indispensable para la vida. Por otro lado, el agua es un bien social y derecho humano por lo que tiene un valor subjetivo, sin embargo, posee un valor económico porque se utiliza para casi todas las actividades productivas (domésticas, industriales, agrícolas, energéticas, etc).

Los precios o tarifas del servicio de suministro se limitan a cubrir los costos de operación, distribución y mantenimiento de las redes, lo que conlleva a una sobreexplotación del recurso. Por esta razón la valoración económica del agua es necesaria para garantizar un sistema de abastecimiento integrado y eficiente para toda la población. (Ver gráfico 1)

Según la teoría subjetiva del valor, el valor de los bienes y servicios deriva de su utilidad para las personas y de su escasez relativa (relativa porque depende de las necesidades que se manifiestan en forma contrapuesta a las disponibilidades). Por lo tanto, si determinado recurso tiene una existencia cuantiosa y sobrepasa la demanda, su valor económico es bajo. Mientras, si este recurso es necesario para la satisfacción de las necesidades humanas y la demanda sobrepasa su disponibilidad, puede tener un valor económico elevado.

Calcular el valor económico del agua es complejo y algunos especialistas han aplicado métodos estadísticos y econométricos para proporcionar estimaciones. El Observador Económico consultó con Rodrigo Pizarro, Director de Terram, un Organismo Ambiental de Chile, quien expresó que el tema del agua es de mucha importancia, pero que medir físicamente el recurso es complicado.

Según Pizarro, la valoración del agua se realiza a través de dos mecanismos: en primer lugar, a través de la medición de la renta del agua, en donde el agua en sí tendrá valor exclusivamente si existen problemas de escasez. El método más utilizado es el valor de mercado mediante el uso de transacciones, sí existen, o de precios hedónicos (precio hedónico de un bien es la suma de los precios de sus características o atributos) al identificar el diferencial de precio en el valor de la tierra con y sin el atributo del agua. En segundo lugar, es su uso no-consuntivo, es decir, valorar sus atributos para actividades económicas como el turismo. El método más usado es el de valoración contingente, pero resulta altamente costoso porque hay que realizar encuestas.

Un estudio de Raúl López Avendaño, elaborado en el año 2004 , presenta estimaciones del valor del agua cruda o agua en su fuente, para uso doméstico, agrícola, industrial y energético, siendo los resultados 0.16, 0.113, 0.097 y 0.65 C$/m3 respectivamente. Utilizó diferentes metodologías como estimación del excedente del consumidor final de agua y el método del cambio en el ingreso neto del productor. Dicho estudio menciona que para algunos sectores económicos, ENACAL no cuenta con un registro representativo del uso del agua, pues algunas empresas poseen pozos privados, de los cuales no se manejan datos concretos de los niveles de extracción.

De igual manera este estudio revela que el costo económico total del uso de este recurso no sólo está dado por las tarifas del servicio del agua potable, sino por cánones por la captación del agua, tratamiento de desechos, costos de protección y conservación de los recursos y costos de oportunidad.

Desde el punto de vista de la Lic. Morales, se necesita una campaña de concientización para que todos --como consumidores-- nos demos cuenta del verdadero valor del agua, retomando las iniciativas de otros países que han optado por “cosechar agua”, es decir, han implementado programas de reforestación para enfrentar la crisis que se avecina.

Expertos consideran que si la sobreexplotación del recurso no se detiene a finales de este siglo, el costo de un barril de agua podrá ser mayor que el de un barril de petróleo.

El agua en los censos nacionales 1971-2005



El Censo Nacional de Población, de 1971, reveló que apenas el 38.7% de las viviendas totales del país tenían servicio de agua potable, conectado al servicio público, privado, o a través de una tubería dentro de la vivienda o afuera de ella. A su vez, este servicio cubría al 37.9% de la población total de Nicaragua.

En el sector urbano, estos resultados mejoraban notablemente, ya que el abastecimiento de agua potable cubría al 72.7% de las viviendas y al 72.8% de la población ubicada en las ciudades.

Sin embargo, en el sector rural, el abastecimiento de agua potable –conectado a la red pública o privada—sólo cubría al 5.9% de las viviendas y al 5.7% de la población. Mientras tanto, 43.4% de la población se abastecía acarreando agua desde un pozo y 47.5% trayéndola de un manantial o río. Ambas opciones, de agua sin tratamiento adecuado, suman 90.9 por ciento.

Mejoría en Censo 2005



En los resultados del Censo Nacional de Población y de Vivienda del 2005, dados a conocer el año pasado por INEC, se refleja una mejoría en la cobertura del agua potable, sin embargo, ésta sigue siendo desigual, revelando un abismo entre el sector urbano y rural.

Según los primeros resultados oficiales de este Censo, el abastecimiento de agua potable cubre al 63.9% de las viviendas totales del país y al 63.4% de la población total nacional.

En el sector urbano nacional, los indicadores mejoran un poco respecto a tres décadas atrás, al alcanzar el abastecimiento de agua potable al 87.7% de las viviendas y al 88.3% de la población total.

Mientras en el sector rural, el Censo Nacional de Población 2005 refiere que el abastecimiento de agua potable cubre al 32.3% de las viviendas y al 31.8% de la población total. Las opciones mayoritarias, por tanto, siguen siendo fuentes de agua no seguras, como pozos (30.8%) y ríos (29.3%). Ambas opciones suman 60.1 por ciento. Por tanto, en la medida que se secan estas fuentes de agua, sufren de sed las comunidades rurales.


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