31 de diciembre de 2007 - Managua, Nicaragua


FotoNatalia Michell e Ivonne Acevedo

Un análisis de los resultados del primer año de gobierno, basado en los datos oficiales de las instituciones del estado.

El traspaso de gobierno a principios del 2007 significó un cambio en el paradigma de pensamiento y un giro en la política social, económica y comercial de Nicaragua. El actual gobierno ha establecido, desde la campaña electoral, intenciones de mejorar las condiciones de vida y de bienestar de los nicaragüenses, principalmente de los sectores más pobres y vulnerables abandonados históricamente.

El 2007 ha sido el preludio del Gobierno del Presidente Ortega y para muchos este debut no muestra señales esperanzadoras. Los datos provistos por las autoridades y los informes presentados por las instituciones públicas intentan desesperadamente mostrar avances con respecto al año anterior, sin embargo, desde el 10 de enero pocas cosas han cambiado con relación a la calidad de vida de los habitantes.

Un año después del establecimiento del gobierno se realiza un análisis crítico sobre los resultados en la gestión de políticas públicas y si su ejecución se ha realizado bajo un marco de institucionalidad y de respeto al Estado de derecho.

Muchos de los resultados económicos durante el año son ajenos a la ejecución de políticas económicas, ya que incidieron factores externos a las instituciones que limitaron el cumplimiento de las metas propuestas. Asimismo, la ejecución de las políticas económicas muestra un retraso con respecto al tiempo previsto para la obtención de sus resultados por su condición de mediano y largo plazo, lo cual podría sesgar el análisis.

La Institucionalidad del Estado-Partido



El hermetismo gubernamental, los cambios de funcionarios, el temor a hablar y el monopolio informático son factores que influyen en la percepción nacional e internacional del gobierno.
La concentración de poder que ostenta la pareja presidencial deja entrever la débil institucionalidad del país. La institucionalidad son reglas claras, roles definidos de los actores y concertación entre cada uno de ellos.

Las entidades gubernamentales se están limitando a ejecutar sin refutación los mandatos del ejecutivo y no son gestores del cambio sino operarios de un plan de gobierno que no lleva un rumbo definido, mientras que la sociedad civil es un espectador más del devenir nacional.

En el contexto del actual gobierno el mecanismo más evidente de participación ciudadana han sido los Consejos de Poder Ciudadano (CPC). Esta participación ciudadana ha sido excluyente dado que el acceso a muchos de los programas del Estado requiere formar parte de ellos. Ejemplo de esto es la distribución de alimentos que realiza ENABAS y los microcréditos del Programa Usura Cero. Según datos de FIDEG, aproximadamente el 8% de la población total está organizada en algún tipo de institución lo que refleja la falta de incidencia de la sociedad civil en las decisiones que se tomen en el país.

Buscando el bienestar social



Los programas ejecutados por las instituciones del Estado están enfocados en garantizar los recursos necesarios para elevar la productividad de la mano de obra y la competitividad de los productos, incorporando elementos como equidad de género, asociatividad de los productores para el acceso a recursos, el manejo sostenible del medio ambiente, prioridad de las zonas rurales, entre otros.

El acceso a todos los servicios básicos que otorga el Estado se caracterizaron por el subsidio a sus precios, ya sea a las tasas de interés, a las tarifas de los servicios de agua potable y energía eléctrica y a los precios de la educación y salud. Sin embargo, los subsidios a los precios si bien son un mecanismo para que todos accedan al servicio, no aseguran que el mismo sea de calidad.

De acuerdo con los informes oficiales de los ministerios, los cuales no presentan datos históricos sino comparativos 2006 y 2007, durante este año se experimentó un incremento en todos los indicadores. En el caso de la Educación, las estadísticas oficiales presentan un incremento del 14.7% en la matrícula de preescolar, primaria y secundaria, la cual es adjudicada a la gratuidad del servicio, pero la retención y aprobación escolar diminuyeron en 1.88 y 0.88%, respectivamente. Sumado a estos indicadores, se presentó una disminución en la matrícula de carreras técnicas del 14% factor que incide el bajo nivel de tecnificación que caracteriza la mano de obra nicaragüense.

La política social del gobierno no puede limitarse a la gratuidad de estos servicios ya que para que la población pueda acceder a ellos existen otros costos de transacción, como transporte, tiempo y costo de oportunidad que está estrechamente ligado al nivel de ingresos y a la calidad de vida de cada hogar.

Otro programa emprendido por el actual gobierno es “Hambre Cero”, cuyo componente más destacado ha sido el Bono Productivo Alimentario, beneficiándose hasta la fecha a 5, 481 familias de una meta de 15,000 anual para un total de 75,00 familias en 5 años. Sin embargo, el 48% de la población es pobre lo que exige medidas más profundas que requieren la construcción de una política social coherente y holística que vaya más allá de un spot de campaña.

Con los nuevos proyectos de la cooperación se han programado inversiones para mejorar la infraestructura económica y social. Dentro de estos se han concertado proyectos en energías renovables y otros áreas específicas pero no han presentado avances sustanciales, además que la débil estructura productiva y ejecutiva del país pone en duda el cumplimiento de los mismos.

Del empleo y otras variables


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Uno de los datos más relevantes y que el Ministerio de Trabajo presenta como una cifra más, es el costo de la canasta básica, que ha experimentado un incremento del 158% con respecto a Diciembre del 2005 y de 136% con respecto a Diciembre del 2006 debido a una reestructuración que se realizó casi a finales del año. El salario mínimo promedio vigente es de C$ 1,401.5 producto de un incremento del 18% en el primer semestre del año.

El incremento en los precios de los principales alimentos como frijol, arroz, entre otros, es el ejemplo más evidente de la pérdida del poder adquisitivo de la población y del detrimento de la calidad de vida. El alto costo de la canasta básica afecta a los asalariados, principalmente a aquellos hogares de escasos ingresos y a los cuentapropistas.

La dinámica del mercado laboral de Nicaragua es el reflejo de la precariedad de los empleos y el alto nivel de informalidad, por tanto, es necesaria una política laboral no solo para disminuir el desempleo, catalizador de muchos males que padecen los nicaragüenses, sino para incorporar al mercado formal a todos aquellos que sobreviven mediante actividades no reconocidas por el mercado.

Según los datos provistos por el INSS el incremento a septiembre del 2007 del número de asegurados fue del 2.1% en comparación con el 39% que se experimentó en el 2006. Esta situación deja entrever, que a pesar que la política social del gobierno se enfoca a proteger al consumidor por medio de subsidios a los servicios básicos, no existe correspondencia con la generación de empleos de calidad que busquen el aumento del poder adquisitivo.

2008: camino sin definición


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El 2008 podría ser inestable económicamente por la continuidad en las alzas del precio del petróleo y la desaceleración de EEUU, principal sociocomercial de Nicaragua e importante suministrador de remesas.

Lo programas del Estado deben destinarse a la reactivación, diversificación y competitividad de los sectores productivos, enfocándose en aquellas actividades que contengan ventajas comparativas y encadenándolas de forma vertical y horizontal para generar valor agregado y de esta manera aprovechar los procesos de apertura comercial.

Asimismo, se deben de incluir componentes como calificación de la mano de obra, acceso a financiamiento, desarrollo en los procesos productivos y tecnológicos, visión empresarial, desarrollo sostenible, asociatividad, equidad de género, entre otros.

El reto del gobierno debe enfocarse en lograr la articulación y el desarrollo holístico de las políticas del Estado. A pesar que hay esfuerzos en los programas del gobierno para disminuir la pobreza, éstos se quedan muy cortos ante los problemas estructurales que aquejan al país.

La institucionalidad en los órganos del Estado es clave para lograr la eficiente ejecución de las políticas públicas y la mejora de las expectativas de los agentes económicos para desencadenar la inversión. La divulgación de la información debe ser objetiva, transparente e inclusiva, es decir, que llegue a la mayoría de la población para que esta participe en la toma de decisiones.

Se debe realizar una reforma tributaria que apunte hacia un sistema progresivo y que elimine muchas de las exoneraciones a la actividad económica, acompañado de una eficiente recaudación por parte de la institución para aumentar la base tributaria.

Sobre este gobierno no sólo recaen las esperanzas de un 38% de la población, sino las expectativas y el deseo de todo el pueblo nicaragüense de observar cambios que se traduzcan en mejorías en la forma de vida. Hasta el momento no hay señales claras sobre el verdadero compromiso del gobierno, únicamente se observan incongruencias entre lo que se dice y se hace, y una estrategia influida más por intereses políticos que por el verdadero deseo de incentivar el desarrollo socioeconómico del país.

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