30 de enero de 2008 - Managua, Nicaragua


FotoNatalia Michell

La ausencia de un banco de desarrollo estatal, por casi una década, obligó a la Asamblea Nacional a aprobar la Ley del Banco de Fomento, bautizado como “Produzcamos”, en noviembre del 2007. Sin embargo, ¿está este banco preparado para satisfacer las demandas de créditos de miles de pequeños y medianos productores, sin incurrir en los errores que en el pasado realizó el Estado con el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo (Banades)? Para responder esta pregunta, se explica a continuación, las particularidades de la ley.
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La iniciativa de un banco de fomento nace por la demanda insatisfecha de créditos al sector productivo, sobre todo a micro, pequeños y medianos productores, situación que resulta de la concentración de créditos al consumo, debido a los altos costos de otorgar créditos productivos porque la cartera de clientes es dispersa y en zonas de difícil acceso. Asimismo, la banca formal exige garantías que sólo los grandes productores pueden conceder.

Por otro lado, aunque han existido esfuerzos del Estado por financiar los sectores productivos a través de instancias como el Fondo de Crédito Rural, el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y; el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), entre otros, los recursos administrados no han sido manejados eficientemente por la poca coordinación entre las instituciones y los largos trámites burocráticos que establecen.

Esto ha ocasionado que los micro, pequeños y medianos productores sean atendidos por las microfinancieras, entidades que prestan a tasas de interés del 30% aproximadamente, debido a los altos costos que incurren.

Sin embargo, el pasado 7 de noviembre se logró aprobar la Ley Creadora del Banco de Fomento, ley discutida desde la administración del Ing. Bolaños. La entidad tendrá como nombre Produzcamos y se espera que inicie operaciones en Managua en junio del presente año. Su objetivo principal será administrar los recursos estatales y de la comunidad internacional, destinados al otorgamiento de créditos al sector agrícola.

Capital y operaciones



El capital inicial estará conformado por partidas presupuestarias que sumarán C$ 187 millones, desembolsándose C$37 millones en el 2008 y C$50 millones a partir del 2009 hasta el 2011.

Asimismo, conformarán su capital inicial con fondos líquidos y activos de instituciones estatales que manejan carteras de créditos al sector productivo, incluyendo los recursos provenientes de cooperación internacional, entre los que se encuentran: IDR, INTA, MAGFOR, INPYME y el FCR. Este último estará bajo la administración del Banco y sus operaciones serán contabilizadas de manera separada.

El capital del banco podrá aumentar mediante la participación del sector privado, con un aporte mínimo del 10%. Si el banco incurriese en pérdidas, éstas serán cubiertas en el siguiente orden: Reservas de Capital Constituidas, Capital Donado y Capital Autorizado.

Las operaciones activas estarán dirigidas al otorgamiento de créditos al sector productivo, incluyendo pequeña industria, acompañados de asistencia técnica y a tasas de interés menores a las del mercado, pero rentables para la institución. Las garantías exigidas serán establecidas por el Consejo Directivo. A pesar que operará como banco de primer piso, puede que al inicio lo haga como de segundo piso, utilizando intermediarios financieros para que el crédito llegue a todas las regiones del país.

Entres las operaciones pasivas estarán contratar préstamos con organismos financieros, emitir papel comercial, bonos, cédulas y otros títulos valores, constituir fideicomisos con sus propios recursos para su propia administración o la de terceros y actuar como fideicomisario para la administración de recursos.

Buscando eficiencia estatal



La quiebra del Banades en Nicaragua, así como del Banco Popular y del antiguo Banco Nicaragüense de Comercio (Banic), pone en duda la efectividad de los bancos estatales, situación que determinó la inclusión de medidas que aseguraran la correcta operatividad del Banco.

Una de las principales críticas a los bancos estatales es entregar créditos políticos. Este es uno de los puntos que más se discutió en el plenario legislativo, debido a que la Junta Directiva del banco estaba conformada por tres representantes directos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, existían tres representantes de organizaciones de micro, pequeño y mediano productor y un representante de la Costa Caribe, equilibrando 3 contra 4 a favor del sector privado. Finalmente, los opositores lograron un representante de entidades no estatales, accionistas del Banco.

Otra medida para contribuir a la democratización del crédito fue la prohibición de su acceso a empleados de la institución y familiares de los mismos. También se estableció un límite máximo de crédito del 10% del capital a individuales o a grupos. Asimismo, la preocupación en torno a que se entreguen créditos a grandes productores, ha generado una discusión para decidir sobre los techos máximos crediticios, proponiéndose que sean de 5 mil dólares o de 10 mil dólares para los pequeños y 20 mil para los medianos.

La rentabilidad constituye otra limitante de los bancos estatales, debido a que operan con tasas de interés bajas, a pesar de los costos que significa otorgar créditos al sector productivo. El Banco de Fomento aún no ha establecido las tasas con las que va a operar, pronunciándose únicamente en que serán establecidas por el Consejo Directivo a precios menores que las del mercado, teniendo en cuenta la rentabilidad económica y social de sus operaciones.

Para disminuir los costos de los créditos, se podrían tomar medidas que minoricen sus riesgos, como optar por seguros agrícolas u otorgar créditos a grupos solidarios, necesitando solo de un gestor para solicitar el crédito y permitiendo garantías colectivas.

Debido a las quiebras bancarias estatales en el pasado, afectando así a los ahorrantes, se decidió que el Banco “Produzcamos” no capte recursos del público, por lo menos al inicio de sus operaciones. Con esta medida se evita competir con el sistema financiero en la captación de recursos escasos y el aumento en las tasas de interés.

Sin embargo, si en un futuro el banco confirma un uso prudente de los recursos, esa prohibición podría reevaluarse, evitando que los productores capten recursos del Estado y los depositen en bancos privados.

En aras de lograr el fortalecimiento institucional, el banco elaborarará un informe anual sobre sus operaciones a la Asamblea Nacional, y por su parte, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, Siboif, realizará una revisión anual de los activos en riesgo.

Manejará “Usura Cero”



Uno de los programas de créditos que manejará Produzcamos será Usura Cero, creado el 3 de agosto del año pasado, mediante el Decreto Presidencial 75–2007. Este se enfoca en distribuir microcréditos entre pequeñas empresarias a una tasa de interés del 4%, interés que no podrá ser capitalizado, y cuya dirección corresponde al MIFIC.

Su presupuesto durante este año fue de C$41,862,982 con lo que se estima atender a 7,600 socias. En el presupuesto del 2008 el programa recibirá C$97 millones, más del doble de los recursos asignados en el primer año de operaciones.

Cada crédito tendrá un monto de C$5,300 y se otorgará por medio de pagarés a la orden o documento público y, garantizado por fianza solidaria. Las solicitudes podrán realizarse en las ventanillas de los Centros de Salud y su período de aceptación será de diez días máximo, según las autoridades.

El programa estará integrado por un consejo conformado por el Ministro del MIFIC, el Procurador Especial de Participación Ciudadana, el Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y; el Secretario Adjunto del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES).

Actualmente, se estima oficialmente que el programa ha entregado 500 créditos en el municipio de Managua, sumando C$2,455,850, de los cuales el 88% correspondió a socias de 74 barrios y el resto a socias de los mercados. Estos créditos se han otorgado bajo la modalidad de grupos solidarios de seis mujeres, conformando en total 92 grupos.


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