30 de July de 2008 - Managua, Nicaragua


FotoAdelmo Sandino

El escándalo que ha sobrellevado la emisión y pago de bonos bancarios, mejor conocidos como Certificados Negociables de Inversión (CENI´s) y cuyos orígenes se remontan a las quiebras bancarias del 2000-2001, experimentó su mayor repunte el 7 de julio, fecha en que la Fiscalía acusó oficialmente a 39 personas, por tres cargos: delito contra la economía nacional, fraude y tráfico de influencia.
Entre los acusados hay altos ex funcionarios públicos, de instituciones claves como el Banco Central de Nicaragua, del Ministerio de Hacienda y de la Superintedencia de Bancos, entre otros. Asimismo, miembros de juntas liquidadoras y administradoras de los bancos quebrados.

Meses antes, en marzo de este año, la Fiscalía General de la República ordenó el secuestro de los CENI´s y la suspensión del programa de pago del servicio de la deuda, que durante todo 2008 sumaría más de 936 millones de córdobas, siendo los principales afectados dos instituciones bancarias: Banco de la Producción (Banpro) y Banco Centroamericano (Bancentro).

Nueva renegociación



Contradictoriamente, tres meses después de disputas jurídicas entre funcionarios públicos del Banco Central y de la Fiscalía General de la República, sobre atribuciones para ejecutar o no el pago de esta considerable deuda interna, el Presidente del Banco Central y los ejecutivos del Banpro culminaron una renegociación favorable para ambas partes.

Las partes llegaron a un acuerdo que consistió en renegociar la deuda (más de US$175 millones), aumentando su plazo (20 años) y reduciendo intereses (5% para primeros 30 pagos y 5,25% para últimos diez pagos), liberándose así recursos que se destinarían a la lucha contra la pobreza.

Renegociar esta deuda interna, que significó un enorme peso en el erario público, aproximadamente un tercio del gasto todos los últimos cinco años, era un asunto de urgencia para contar con recursos propios de país en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, la utilización de los métodos de presión de parte del Gobierno para tratar este delicado tema, que incluso se reviste de altas dosis de política, ha evidenciado una vez más la frágil institucionalidad del país y de las instancias de justicia, generándose un clima de incertidumbre que no sólo afecta al sistema financiero nacional sino a la economía en su conjunto.

Mayor riesgo país


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El riesgo país es un indicador utilizado a nivel internacional para medir los niveles de riesgo en el que un país incurre, ya sea de solvencia (pago de deudas), de devaluación (ataques especulativos a la moneda) y del sistema bancario (crisis).

A falta de datos recientes generados por instituciones nacionales, existen clasificadora de riesgo a nivel internacional que monitorean la evolución de los riesgos en la mayoría de los países, tales como Standar & Poor, Moody´s e Institutional Investors.

Cifras de esta última clasificadora -- Institutional Investors-- muestran que en los dos últimos años, el riesgo país en Nicaragua se ha elevado, aunque ligeramente, retrocediendo en el ranking de clasificación global (de un total de 174 países) para marzo del 2008. En comparación con sus homólogos de Centroamérica, en Nicaragua se vive en un ambiente de mayor riesgo, aunque no hay que descartar que las condiciones económicas que pasa el país --al igual que en el resto de países de la región-- tiene peso en estos resultados.

En este ambiente, y desde el punto de vista financiero, el actuar del gobierno respecto a los CENI´s no abona en generar un clima estable a la inversión. Al incumplirse las reglas del juego o contratos, se podría estar minando el desarrollo del mercado de capitales en el país, al desincentivar la atracción de inversiones financieras e impidiendo dotar al sistema de recursos que se inviertan en la economía.

Sistema Financiero estable



A pesar de que el riesgo de una crisis en el sistema bancario se ha visto disminuida en los últimos años, principalmente por el fortalecimiento de las normas prudenciales de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y el establecimiento del Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE), la puesta en duda del pago de bonos bancarios y la continua amenaza de sus suspensión definitiva, además de restar credibilidad al BCN y al Gobierno de honrar sus deudas con los privados y de afectar el mercado de bonos y las operaciones de mercado abierto, tan fundamentales para controlar los excesos de liquidez, tienen el potencial de generar preocupación en el sistema financiero.

Dicha preocupación se podrían materializar en una reducción de su actividad de intermediación, depositando mayores recursos en el exterior o manteniéndolos sobre encajados en el BCN. A mayo, según datos de la SIBOIF, los depósitos en instituciones financieras en el exterior se han más que duplicado, pasando de US$ 87.6 millones en el 2007 a US$ 190 millones en 2008.

Para alivio del país, de los ahorrantes e inversionistas, los indicadores del sistema financieros no dan señales que pongan en riesgo la salud del sistema. Por ejemplo, en el primer trimestre del 2008 la adecuación de capital, crítico para que los bancos mantengan una cartera de crédito con riesgo razonable, fue de 13,8 % (15,2% en 2007), lo cual esta por encima del estándar internacional del 10%.

A mayo los depósitos siguieron creciendo a un ritmo del 19 por ciento anual y el crédito continuó con un crecimiento para el mismo periodo del 31.4%. El diferencial entre el promedio de las tasas de interés activas y pasivas a mayo del 2008 fue de 6 puntos porcentuales, mostrando una reducción de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo anterior. Este diferencial corresponde a los parámetros de la banca centroamericana.

Independencia del BCN es clave



Las presiones económicas que se ciernen sobre la economía nicaragüense no son nada despreciables. Una combinación letal de altos precios del petróleo y de los alimentos a nivel internacional, ha provocado que la inflación se convierta de nuevo en el tema más importante de la agenda económica nacional, por sus altos costos sociales, económicos y políticos.

En estas circunstancias se pone a prueba la eficacia de la política monetaria para combatir la inflación. En ese sentido, su lucha efectiva está directamente vinculada a la credibilidad de la que goce la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, que en última instancia le otorga el grado de independencia política y económica de la que posea.

Sin embargo es bien sabido que en Nicaragua muchas decisiones de interés de la autoridad monetaria están sujetas a los vaivenes del ciclo político, los cuales se han visto severamente afectados con las restricciones temporales interpuestas por otras instancias de gobierno en el pago de los bonos bancarios.

La independencia jurídica del BCN es indispensable para generar confianza en los agentes económicos, acerca de las acciones que emprenderá la institución sobre todo cuando se trata de luchar con la inflación y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos del país.

Tal como expresó recientemente el subgobernador del Banco de México, Roberto del Cueto: “La mejor contribución que puede ofrecer la política monetaria es mantener la estabilidad de los precios… resulta provechoso que las decisiones de política monetaria se aislaran de presiones políticas de corto plazo”.


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