7 de April de 2009 - Managua, Nicaragua


FotoJavier Casasnovas*

Seguramente todos los actores políticos, económicos y sociales de Nicaragua están de acuerdo en que el mayor problema del país es la pobreza. A partir de este consenso general es donde empiezan las discrepancias: ¿Qué se entiende por pobreza?, ¿Cuál ha sido la evolución de la pobreza a lo largo de los años?, ¿Cuáles son las políticas más adecuadas para reducir la pobreza?. Las respuestas a estas preguntas ya no son unánimes y viene bien hacer ciertas aclaraciones.

En primer lugar hay que definir qué se entiende por pobreza. Pobreza debería definirse como la carencia de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas de una persona, y que ésta pueda llevar una vida digna. Podemos hacer definiciones más amplias y complejas basadas en una visión multidimensional de la pobreza, pero eso hace que se confunda y desvíe en muchos casos la atención del problema principal, dando lugar a estrategias y políticas que se dispersan y que no terminan siendo un paradigma de eficiencia en la resolución del problema. Es como si para resolver un problema matemático, en vez de simplificar una ecuación la complicáramos más, llegaremos a cualquier resultado menos a la solución.

He observado también que hay cierta confusión entre la causa de la pobreza (la falta de renta) y sus consecuencias (falta de educación, salud, nutrición, vivienda, etc.). Es importante que a la hora de actuar, igual que lo haríamos con una enfermedad, seamos conscientes de que tratar la causa es mucho mas eficaz que tratar los síntomas, que si bien alivian, raramente sanan al enfermo.

Una vez propuesta una definición de pobreza que simplifique el tratamiento del problema llegamos a una segunda pregunta: ¿Qué nivel de recursos económicos son suficientes para considerarse fuera de la pobreza?, es decir, para que un ser humano o una unidad familiar cubran sus necesidades básicas.

Por otra parte, ¿Cuál es la renta mínima que podemos considerar razonable? Se ha acuñado un concepto generalmente aceptado de que vivir con más de dos dólares supone estar fuera de la miseria, este concepto no parece el más adecuado dado que dos dólares no tienen el mismo valor en términos de capacidad adquisitiva en el Congo o en Nicaragua, por poner un ejemplo. Un concepto de canasta básica que incluya no sólo alimentos, sino salud, educación, vivienda, gastos de luz y agua, sí parece que nos acerca más a lo que puede considerarse una renta digna.

Otra dificultad que se plantea a la hora de analizar el problema es la falta de estadísticas consistentes y generalmente aceptadas en las que se pueda ver en qué periodos y con qué políticas se ha reducido, o no, la pobreza. Sin este elemento el riesgo de seguir aplicando políticas incorrectas se multiplica.

Definida la pobreza, sabiendo qué parámetros se pueden utilizar para su medición y qué políticas son las más beneficiosas para darle una solución, quedaría establecer la estrategia a seguir para su reducción y en última instancia su eliminación. ¿En qué principios se debe basar una estrategia para que se alcance el resultado deseado? Como indica la extensa literatura sobre el tema, se requieren elementos como la apropiación por el país, una buena administración de los recursos y la alineación y armonización de los actores externos para que haya una buena ejecución de políticas, programas y proyectos.

Hay otros aspectos importantes y menos analizados, como que, siendo realistas, la reducción de la pobreza es un problema de largo plazo. Se debería, por tanto, crear un plan director a largo plazo que defina las etapas y las prioridades a seguir. Esta planificación plantea el problema de que existen períodos de gobierno de 5 años y al cambiar los gobiernos cambian las estrategias y las políticas. No se da tiempo, en muchos casos, a que se ejecuten los programas económicos y sociales, con el alto coste, la falta de estabilidad y predecibilidad que esto supone.

Un plan a largo plazo, entre 15 y 20 años, debería ser consensuado por los actores políticos, económicos y sociales. Con el compromiso de que la reducción de la pobreza se convierta en una cuestión de estado y quede fuera de controversias partidarias. Habría que llegar a acuerdos en las políticas económicas y sociales, pero más importante que hacer énfasis en uno u otro aspecto, resultaría el hecho de dar una continuidad en los trabajos, con la consiguiente credibilidad de la clase política ante los ciudadanos y terceros (donantes multilaterales, bilaterales y ONGs). Esto, además, redundaría en el aumento de los recursos asignados y un más eficiente uso de los mismos. Dada la importancia de los recursos aportados por los donantes a Nicaragua, más de un 50% del presupuesto del estado, las relaciones de los donantes deberían estar definidas en la estrategia general mediante mecanismos de trabajo acordados por todas las partes.

Dos políticas claves



Quedaría de esta manera definida una metodología de trabajo a la que habría que darle un contenido, básicamente con dos políticas que son claves en la reducción de la pobreza.

En primer lugar la política económica. Más que hacer énfasis en los aspectos macroeconómicos, que no son sino un requisito necesario pero no suficiente, y a veces contraproducente para paliar las crisis y fomentar el crecimiento económico, las políticas económicas deberían centrarse en la modernización del aparato productivo. Una estructura económica, como la nicaragüense, basada en la producción agrícola de bajo valor agregado y altos riesgos inherentes a la actividad (catástrofes naturales, sequías, plagas, etc.), y que además importa la gran mayoría de los productos manufacturados que consume su economía, no conseguirá alcanzar un superávit comercial que genere ahorro e inversión.

La modernización del sistema productivo, basado en las ventajas comparativas y competitivas de Nicaragua, no debería ser tan complicado si el sector privado está abierto a este cambio y el gobierno aplica políticas públicas que lo apoyen. Crear una agroindustria que incremente una producción más elaborada: conservas, derivados de la leche, alimentos congelados, por dar algunos ejemplos. Desarrollar el sector turístico o la promoción de las nuevas tecnologías, llevaría a que se alcancen niveles de desarrollo similares a los de ciertos países asiáticos. En los años 70 algunos organismos internacionales aconsejaban a Corea del Sur basar su economía en la agricultura, dado su gran potencial de desarrollo, sobre todo en arroz. Afortunadamente los coreanos impulsaron un crecimiento industrial y tecnológico apoyado por políticas públicas, y una cultura de anteponer el interés general al particular, que les permitió modernizar el país y entrar en el club de países desarrollados.

En segundo lugar tendríamos que asegurar que el beneficio de este crecimiento se reparte entre el conjunto de la población. Esto hace imprescindible una política fiscal redistributiva, basada en la imposición directa, que permita reducir la brecha social existente entre los más ricos y los más pobres, consolidando una clase media que es la base de toda sociedad desarrollada. Una señora de los países escandinavos con la que tuve el placer de coincidir en un curso en la Universidad de Columbia, me decía que ella no podía entender cómo en una ciudad como Nueva York hay personas durmiendo en la calle. En su país ella pagaba el 50% de su salario en impuestos, pero eso no ocurría. Un sistema fiscal que nos lleve a una cultura social como la nórdica, en que sus ciudadanos están orgullosos de pagar impuestos para que nadie se encuentre en la indigencia, es cuestión probablemente de una generación pero, quizás, si tomamos ese camino lo que no se pudo conseguir con una revolución se pueda conseguir con sentido común, trabajo y honestidad.

* El autor es Consultor internacional en asuntos económicos, comerciales y sector privado.

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