12 de May de 2009 - Managua, Nicaragua


FotoAída Mayorga R.

“Pase señora, ¿En qué podemos atenderle?…Claro que puede usted solicitarnos su gestión, que acá con gusto como funcionario vamos a darle una solución a su demanda”. Me sentí extraña y a la vez satisfecha, y me dije: “qué bueno que por fin los funcionarios públicos de mi país están cumpliendo su papel”. Desperté y volví a recordar que me tocaba ir donde el funcionario, que me atendió de mala manera, después de tres llegadas a su oficina y varias horas de espera, sin encontrar respuestas a mi petición. Puede ser esta última situación una realidad recurrente al realizar gestiones de todo tipo en las instituciones públicas.

Nicaragua, desde el año 2003, cuenta con la Ley 476, de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su respectivo reglamento, que fue aprobado en el siguiente año. ¿Qué cambios ha originado esta ley?, ¿Están los funcionarios y empleados mejorando la calidad del servicio y sus condiciones de empleos?, ¿Qué desafíos tienen las instancias responsables, para la implementación efectiva de la ley?

Según las generales de ley, artículos 2 y 7 respectivamente, “se entiende por servicio civil el conjunto de normas que regulan los derechos, deberes, faltas y procedimientos disciplinarios de los servidores públicos en su relación integral que mantienen con la administración del Estado”.

Y por carrera administrativa: la norma jurídica del sistema de méritos para el ingreso, estabilidad, capacitación, promoción, traslados y retiro de los servidores públicos de carrera”. Y según las categorías de servidores públicos, se entenderá como funcionarios públicos a: “toda persona natural que dirige la función pública por nombramiento para desarrollar carrera o por contratación temporal, que ocupan puestos de nivel de jerarquía correspondiente al servicio directivo”. Y por empleados públicos: son “todas las personas naturales que ejecutan y operativizan la función pública en virtud de una contratación indeterminada para desarrollar carrera o por contratación temporal”.

En el régimen de servicio civil se incluye a los funcionarios y empleados públicos de los cuatro poderes del Estado, de los entes autónomos y gobierno, de las administraciones municipales y los órganos de gobiernos de las regiones autónomas de la costa Caribe. Están exentos de este régimen los funcionarios elegidos de forma directa o indirecta por los poderes del Estado y de estas otras instancias y por el Presidente de la República. Las excepciones de la carrera administrativa son los empleados y funcionarios que son parte del servicio civil. Entre éstos están: los funcionarios y empleados transitorios, funcionarios y empleados de proyectos y funcionarios y empleados de confianza.

Las instancias rectoras



En el periodo (2004-2006) se estableció al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), a través de la DIGEFUP, como la instancia responsable del Sistema de Servicio Civil; integrando al Proyecto de Reforma del Servicio Civil a la DIGEFUP dentro del MHCP. El papel sería rectorar la implantación del Régimen de Servicio Civil y aplicar los sistemas de clasificación y de gestión de recursos humanos en las instituciones.

En la implantación del sistema, la DIGEFUP identificó la viabilidad de reformar el reglamento; generando consultas con organizaciones sindicales adscritas al CONPES. No se obtuvo datos sobre resultados de las consultas.

¿En qué se ha Avanzado?


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El Informe Nacional de Nicaragua (2006), presentado por la DIGEFUP a un foro regional realizado en Guatemala, presenta los principales logros para impulsar la modernización y la profesionalización de los empleados y funcionarios públicos en el país. Entre éstos se incluyen: el diseño del modelo de función pública, el sistema de clasificación de puestos, las metodologías de los sistemas de gestión de recursos humanos, automatización de la información del servicio civil (Sistema de Información del Servicio Civil, SISEC), transferencia tecnológica y técnicas al personal del DIGEFUP y a las instancias suscritas al modelo de restructuración, así como el diseño del anteproyecto de ley.

Ha estado también en revisión la estrategia de implantación del nuevo régimen, del modelo organizativo y funcional de los órganos del servicio civil y el modelo conceptual del sistema de Carrera, para dar validez y capacitar a las instancias de recursos humanos de las diversas instituciones para su implementación y seguimiento.

Datos de Procuraduría General de la República (PGR, 2007), ente que ejerce la representación legal y defensa de los intereses del Estado, señalan que en 34 instituciones de 63 instituciones del Estado se ha implantado el sistema de clasificación de puestos establecidos por la ley. Además, se han incorporado a la carrera administrativa, a esa fecha, un total de 7,244 empleados y funcionarios públicos. El Estado cuenta con 26 mil empleados y funcionarios.

Desafíos de las instituciones



Los medios de comunicación han mencionado el despido de funcionarios públicos y denuncias de varias instancias sobre la problemática, aunque parece ser una práctica de los gobiernos al llegar al poder, pero éstas se continúan a pesar de contar con la ley. Según la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, “en lo que va del gobierno actual, siete mil servidores públicos acreditados han sido despedidos en diversas instituciones”. En su opinión, la mayor parte por motivaciones de ideología política. A este respecto, se extienden los rumores y testimonios de personas que señalan que los nuevos empleados deben contar con avales políticos partidarios como requisito fundamental para trabajar en el Estado.

Contar con una ley y un reglamento de servicio civil y de carrera es ya un avance importante, en términos legales y de procedimientos. Esto permite metodologías nuevas para desarrollar un sistema de administración de recursos humanos eficiente y eficaz, que modernice las estructuras burocráticas y las profesionalice para adoptar el servicio público como una cultura de servidores públicos. Y ubica al país en un puesto relevante frente a los demás países latinoamericanos que como Nicaragua están retando la cultura política.

El gran desafío que tenemos es hacer efectiva la aplicación de la ley, e ir más allá de estos preceptos legales, y en la práctica mejorar la calidad y el servicio público. El brindar información oportuna y con eficiencia, que manda la Ley 621, de acceso a la información pública, y que exigen los artículos 5 y 35 respectivamente, por ejemplo, es una de las prácticas urgentes, como otras demandas que tiene la ciudadanía de los servidores públicos.


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