6 de julio de 2009 - Managua, Nicaragua


Foto

Un vistazo a tres décadas de políticas económicas, indicadores, cooperación externa y otros temas



Realizar un análisis sobre lo que ha acontecido en la política económica de Nicaragua, es sin lugar a duda fácil de identificar, porque los ciclos o hechos económicos se repiten en el tiempo, sin embargo, resulta muy complicado de realizar, porque no se cuenta con series estadísticas que permitan hacer un análisis más profundo sobre el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos.

La historia económica de Nicaragua nos muestra que independientemente del diseño de política económica y de la voluntad política que los gobernantes han tenido en los diferentes periodos de gobierno, se han presentado factores exógenos que han obstaculizado su desempeño y en otras ocasiones revertido los esfuerzos realizados. Lo anterior obedece a que la economía nicaragüense es altamente vulnerable frente a los factores climáticos y choques de políticas internacionales –entre otros--, dado que la mayor fuente de ingreso son las exportaciones de productos agropecuarios y porque además, ha dependido de un alto financiamiento externo.

Los ciclos económicos han validado la teoría sobre la diferencia entre crecimiento y desarrollo, al observarse que aún en los períodos en que la actividad económica ha registrado un buen dinamismo, éste no se ha reflejado en una mejora de los indicadores sociales. El rezago en los niveles de educación y salud se plasman en los niveles de pobreza, que son considerablemente de los más altos con respecto al resto de la región latinoamericana.

El Observador Económico, al arribar a su edición número 200, ha preparado un análisis sobre la evolución de los principales indicadores económicos y de las políticas que se han implementado en los últimas tres décadas. Para ello se tomaron las cifras oficiales que publica el Banco Central de Nicaragua, realizando ajustes en algunas de ellas debido a los cambios de año base.

2. Evolución de los principales indicadores económicos



La evolución de la economía nicaragüense se puede observar a través del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos, los cuales son el resultado de la aplicación de políticas restrictivas y/o expansivas, en un marco de economía centralizada, de libre mercado o mixta. A continuación presentamos la evolución económica de las últimas tres décadas, dividiéndola en períodos de cinco años para su mejor comparación.


Período 1979-1983



En este período, la actividad económica registró un descenso, al presentar una tasa de menos 20.7 por ciento en promedio, con una disminución del ingreso per cápita de 32.1%, a pesar de que estuvo incentivada por la inversión pública. El mayor gasto en inversión conllevó a un incremento en el gasto público de 56.6%, el cual fue financiado en un alto porcentaje por recursos externos. La tasa de inflación presentó una tasa superior en 26.8 puntos porcentuales con relación al promedio registrado en los cinco años precedentes.

Las exportaciones disminuyeron en 39.9 millones de dólares y las importaciones se incrementaron en 130.4 millones de dólares. La base monetaria fue expansiva en US$112.5 millones debido a las pérdidas cambiarias, que resultaron del diferencial cambiario entre las exportaciones e importaciones, lo que provocó pérdidas de Reservas Internacionales por un total de US$162.2 millones. La deuda externa fue el equivalente a 8.4 veces el monto exportado en mercancías fob. Lo anterior estuvo estrechamente vinculado a la inestabilidad política y a la economía asociada a la situación de guerra.

1984-1988



A pesar de los esfuerzos que se realizaron para reactivar la actividad económica, este período fue marcado de manera drástica. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue negativa, al registrar menos 2.2 por ciento y los precios a nivel interno se dispararon, al observarse una hiperinflación de 7,000% en promedio, tanto por factores económicos como por factores de incertidumbre.

Las finanzas públicas continuaron siendo deficitarias debido a la política expansiva del gasto que se incrementó en 49.9% en promedio, mientras los ingresos crecieron en 26.6%. El mayor gasto se efectuó en aumentos en la inversión, incrementos en los salarios de los trabajadores del Sector Público, subsidios a las Empresas del Sector Público y a las exportaciones. Lo anterior fue financiado con préstamos externos y recursos del Banco Central de Nicaragua. La base monetaria fuera expansiva en 119.6%.

La actividad comercial continuó desacelerándose, principalmente a consecuencia del embargo comercial de Estados Unidos, principal socio comercial. Las exportaciones fueron menores en 182.0 millones de dólares, representando el menor monto de todos los periodos de análisis. El tipo de cambio pasó de 9.64 córdobas por un dólar a 72.69 córdobas por un dólar, a nivel oficial. Sin embargo, debido a las restricciones para la compra de divisas se desarrollaron mercados de cambio paralelos, en los cuales el tipo de cambio correspondía a 2,280.50 córdobas por un dólar, en promedio para el período.

Las Reservas disminuyeron drásticamente al registrar una pérdida de US$493.1 millones. El mayor déficit comercial anudado con el alto porcentaje de financiamiento del déficit fiscal con recursos externos, dio como resultado un mayor endeudamiento externo. La deuda pública externa alcanzó 29.3 veces el total del monto de mercancías fob exportadas.

1989-1993



La economía continuó siendo recesiva, al registrar una tasa negativa de 13.4 por ciento, entre los factores que incidieron, se encuentran: la severa sequía que afectó a la producción en el año 1991. Los precios internos comenzaron a desacelerarse, aunque continuaron siendo extremadamente altos, al registrar una tasa promedio de 3,213%.

El déficit del Gobierno Central fue menor producto de medidas fiscales dirigidas a contraer el gasto público, al registrar una disminución de US$503.3 millones, principalmente en un menor gasto corriente, mediante la implementación del Programa Voluntario de Reconversión del Empleo, establecido a partir del año 1991.

A la vez, el gasto público se reestructuró, destinando un mayor gasto a salud y educación en lugar del gasto destinado a defensa. El mejoramiento de la disciplina fiscal estuvo acompañada de una contracción por 509 millones de dólares de la base monetaria. Las medidas aplicadas para mejorar la disciplina macroeconómica permitió un aumento de Reservas de 497.6 millones de dólares.

Las exportaciones continuaron disminuyendo, aunque en menor medida, por el deterioro de los precios internacionales de algunos de los principales productos exportables. Las importaciones fueron menores en 79.4 millones de dólares. La asistencia externa fue menor a consecuencia de los problemas de derechos de propiedad en el sector rural, que aún no se solucionaban. El saldo de deuda externa correspondía a 39 veces el valor exportado de mercancías fob.

1994-1998



La actividad económica dio signos de recuperación al presentar una tasa positiva de 14.9% en promedio para el período, no obstante, el PIB per cápita continuó registrando tasas negativas al presentar menos 19.3%. El dinamismo económico fue producto del repunte de los precios del café y la reactivación de otros sectores como la pesca. Así mismo, las actividades secundarias contribuyeron al buen desempeño económico, debido a la inversión privada en la industria manufacturera, construcción y minería.

La mayor actividad en los sectores anteriormente señalados permitieron la generación de empleos, la tasa de ocupados pasó de 82.2 que era a inicios del período a 86.8 al final. La inflación se desaceleró al registrar una tasa de 12.27% debido a la implementación de medidas acordadas en el Programa Económico suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las Reservas continuaron fortaleciéndose, al registrar aumentos por US$310.5 millones, hasta ubicarlas en posición positiva.

Las finanzas públicas continuaron el proceso de ordenamiento fiscal, los ingresos aumentaron en 1.9% con respecto al PIB y el gasto público creció en 0.6 puntos con relación al PIB, a pesar del mayor gasto por el proceso de elección presidencial y a los menores ingresos. En el año 1997, se impulsó una reforma tributaria que tuvo como objetivo ampliar la base gravable bajo el principio de neutralidad, de tal manera de no incidir negativamente en los factores de producción. La base monetaria se mantuvo constante con respecto a lo registrado en el período anterior.

Las exportaciones se recuperaron al aumentar 202.1 millones de dólares, el equivalente al 71% con respecto al período anterior, de igual manera las importaciones se incrementaron en 441.68 millones de dólares. Las mayores exportaciones se sustentaron en productos no tradicionales y a la venta de dos años de producción de oro. La deuda externa correspondió a 13 veces el monto exportado de mercancías, debido a que Nicaragua logró acuerdos de reestructuración y de reducción de deuda con sus acreedores bilaterales privados.

1999-2003



La actividad económica presentó un buen dinamismo, producto de una mayor ejecución en inversión pública, fortaleciendo el área social: salud y educación, principalmente en las actividades de reconstrucción post Mitch, al registrar una tasa de 23,7%. El desempeño económico fue flexible y resistente al comparar los choques externos e internos que impactaron la economía, tales como: reducción en los precios de los principales productos de exportación, los elevados precios del petróleo, el impacto negativo de las ondas tropicales que azotaron al país por la presencia de El Niño, La Niña y el Huracán Mitch y la crisis bancaria.

La actividad económica permitió la generación de nuevos puestos de trabajo en el sector agrícola, reduciéndose el desempleo abierto, el cual al inicio del período sumaba 10.7% con respecto a la PEA y finalizó en 7,8% en relación a la PEA. Por su parte, la inflación fue consecuente con la reducción del deslizamiento anual del córdoba, al pasar de 12% a 6%.

El crecimiento del crédito a los sectores productivos, fue posible debido al crecimiento del ahorro interno. Los ingresos del Gobierno Central crecieron en 1.2 con respecto al PIB y el gasto público en 3.6% en relación al PIB, principalmente por el mayor flujo de recursos para reconstrucción post Mitch.

Las exportaciones aumentaron en 106 millones de dólares. No obstante, los términos de intercambio se deterioraron, profundizando las cotizaciones de los bienes primarios, la tendencia a la baja de los precios de nuestros principales productos de exportación, especialmente el café y otros productos, posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Las reservas internacionales aumentaron en 102 millones de dólares. Lo anterior fue positivo para promover la inversión privada, al reflejarse en un mayor flujo de Inversión Extranjera Directa, que en el año 2003 fue de US$187.5millones.

Durante los años 2000 y 2001, se registraron expansiones de liquidez debido a la crisis bancaria reflejada en la quiebra de dos bancos comerciales (INTERBANK y BANCAFE) y la cancelación parcial de depósitos en el BANIC por parte del público.

2004-2008



El PIB creció en 18.7 por ciento, en promedio. El desempeño positivo de este periodo fue producto del crecimiento de las exportaciones, la agroindustria, y al dinamismo en las áreas de comercio y de servicios, a pesar de los factores adversos que se presentaron, tales como: fenómeno climático “El Niño” y el Huracán Félix que afectaron la producción agrícola, evitando así un mejor aprovechamiento de los precios favorables de las materias primas. El ciclo electoral incidió en la desaceleración de la inversión privada y de la importación de bienes de capital, de igual manera afectaron la crisis energética y la crisis financiera a nivel internacional.

La inflación anual llegó a dos dígitos, 11.8%, reflejando los efectos de la oferta que se incrementaron los precios por aumento en los precios del petróleo y de algunos bienes agrícolas, que tienen un alto peso en los principales bienes de consumo, a pesar de que se atenuaron con el control de las tarifas en los servicios de agua potable y energía eléctrica, y subsidios al transporte colectivo. Al final del período, la implementación de una estrategia antitinflacionaria contribuyó al control de la inflación.

El nivel de déficit fiscal fue menor producto del incremento en 46.7% de lo ingresos del Gobierno Central (18.6% PIB) por las reformas tributarias efectuadas en año 2002 y en el 2003, permitiendo además ampliar la base de contribuyentes y hacer el sistema tributario más progresivo; y la sub ejecución del gasto de capital, lo que retrasó la reactivación de la infraestructura productiva. El buen desempeño de las finanzas públicas permitió la acumulación de recursos del gobierno en el BCN.

El sector exportador fue dinámico debido a los mayores volúmenes de producción y a la mejora en los términos de intercambio, al registrar las exportaciones 380 millones de dólares adicionales. Sin embargo, esto no fue suficiente para compensar el fuerte crecimiento de las importaciones, que registraron aumentos por 957.8 millones de dólares, principalmente por el incremento en el valor de la factura de petróleo.

Los efectos de la crisis comenzaron a evidenciarse en el último trimestre del año 2008, a través de una desaceleración de las exportaciones, en especial de zonas francas, e importaciones de bienes intermedios y de capital, que afectan a la producción futura.

En el año 2004, se alcanzó el punto de culminación de la Iniciativa HIPC, permitiendo la liberalización de recursos para canalizarlos hacia programas dirigidos a disminuir la pobreza. Adicionalmente se recibieron mayores flujos de capital, que a su vez permitieron fortalecer el nivel de reservas internacionales del Banco Central y mantener el régimen cambiario.

Las reservas registraron un aumento de 422.1 millones de dólares. Del total de alivio de deuda, uno de los montos más elevados correspondió al del FMI, que eximió un total de US$203.0 millones. Sin embargo, al finalizar el período, las fuentes de financiamiento se redujeron, en parte debido a las restricciones internacionales derivadas de la crisis financiera.

3. Principales políticas



La política económica de Nicaragua ha sido definida de acuerdo a los objetivos y metas establecidas en los diferentes Programas Económicos y Financieros, los cuales son una expresión de los lineamientos y planes del gobierno en turno. Sin embargo, independientemente del nombre y del enfoque, todos han tenido la finalidad de disminuir las vulnerabilidades y promover el desarrollo económico, con mayor equidad de la riqueza.

Las políticas: fiscal, monetaria, crediticia, cambiaria, externa etc, se han implementado mediante la aplicación de medidas de promoción, de subsidios, y de asistencia, entre otras, sin perder de vista la búsqueda de la estabilidad macroeconómica. Continuando con la división de periodos utilizada en el apartado de la evaluación económica, se presenta una descripción de las diferentes políticas aplicadas en forma quinquenal.

1979-1983



Durante el período 1979-1983, la política económica del país dio un giro con el proceso de transformación revolucionaria, de tal manera que el enfoque fue de una economía política plasmándose en un Programa de Reactivación y Emergencia en Beneficio del Pueblo. Este período fue de transición, al pasar de un sistema de economía de mercado a un sistema de planificación centralizada. Se estatificó el sector exterior y el sector financiero, con el objetivo de que el Estado pudiese apropiarse de las ganancias producidas por ambos sectores y reasignar los recursos a los sectores más necesitados.

La definición de metas sociales, como eje principal de la política económica, originó una política fiscal expansiva, con ambiciosos programas y proyectos de inversión pública que fueron creando las condiciones de las transformaciones estructurales, resultando en altos niveles de déficit fiscal. De tal manera que se conformó un Estado abultado en términos de su composición central, así como la creación de un aparato de empresas públicas, donde el 70 por ciento de la inversión del país fue estatal. A nivel sectorial, el 35 por ciento correspondió al sector productivo, 37 por ciento a infraestructura económica y el 28 por ciento al desarrollo de infraestructura social. La promoción al sector agroexportador se llevó a cabo mediante la aplicación de medidas fiscales y cambiaras.

Sin embargo, la promoción de la inversión estuvo contrarrestada por factores exógenos tanto internos como externos, tales como: lluvias torrenciales, sequía presentada en el año 1982, la crisis del Mercado Común Centroamericano, la segunda crisis de precios del petróleo de 1979 y la crisis financiera y de tasas de interés de 1982. Ante el impacto negativo de las políticas económicas sobre la producción, se introdujeron cambios en el sistema de precios, los cuales produjeron movimientos en la tasa de cambio por la vía de establecer impuestos a la compra de divisas para la importación.

1984-1988



La política de promoción de inversión registró variaciones en la composición sectorial. El 60 por ciento al sector productivo, el 28 por ciento a la infraestructura económica y 13 por ciento al sector social. No obstante, los niveles de inversión crearon presión sobre el balance financiero, dada la reducción de recursos externos. En el año 1985, la política económica se enfocó en liberar los precios, lo que provocó incrementos en la inflación, profundizándose en los años posteriores. El tipo de cambio oficial estuvo sobrevaluado, lo que estimuló el desarrollo de producciones ineficientes en el uso de los recursos externos.

Se estableció una política de control en la distribución de los principales bienes de consumo, la que originó el desarrollo de mercados negros de bienes y de divisas, impactando en el comportamiento de la inflación. Posteriormente, en 1987, la política fue liberar el comercio interior, eliminando las restricciones para la circulación interna de granos básicos por parte de los productores y comerciantes privados y se amplió la gama de productos cuyos precios no serían controlados. En el tema de las finanzas públicas, se estableció una ley de regulación de los salarios, permitiendo una indexación parcial de los mismos y se eliminaron los pagos en especie que habían sido introducidos para compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario real, a partir de 1982.

En el ámbito financiero, en 1986 se incluyó una nueva devaluación del Córdoba y se unificaron las tasas cambiarias para todas las operaciones de comercio exterior, con excepción del petróleo, cuyas importaciones continuaron efectuándose a una tasa preferencial. La política crediticia fue restrictiva y aumentaron las tasas de interés nominal, dada la menor producción. En 1987, debido al incremento de la brecha externa, se introdujeron nuevos impuestos a la utilización de divisas para la importación. Estas diferenciaban los productos de acuerdo a prioridades productivas, determinadas administrativamente.

A partir de 1988, el programa de ajuste y estabilización estableció medidas para mejorar la posición de los balances macroeconómicos.

1989-1993



La política económica estuvo definida en un nuevo estilo de desarrollo económico que se orientó a una economía de mercado. Se restablecieron las relaciones financieras con los organismos internacionales y se inició un proceso de reformas estructurales, principalmente en las áreas comercial, fiscal y financiera.

El Gobierno promovió un proceso de Concertación Económico Social, que derivó en acuerdos, en octubre de 1990, que permitieran la estabilidad económica que demandaba el país. Lo anterior permitió que se realizaran gestiones financieras ante los donantes, en las conferencias de Washington y París, durante 1990 y 1991, logrando obtener apoyo internacional para la cancelación de la mora con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La política fiscal fue restrictiva, pese a que durante los dos primeros años de este periodo, se ajustaron los salarios de la Administración Pública en aproximadamente 800%, lo que derivó en un incremento del déficit fiscal que fue financiado mediante crédito del Banco Central e inflación acelerada.

Posteriormente, las medidas fiscales fueron privatizar las empresas del sector público (alrededor de trescientas entidades públicas bajo la Corporación Nacional de Empresas Públicas), se creó un nuevo impuesto al consumo de bienes suntuarios, a las placas, a la tenencia vehicular, incremento en los timbres fiscales, a las importaciones; y recortes en los gastos corrientes y de capital.

La política monetaria estableció una nueva moneda que reemplazaría el Córdoba, bautizada como “Córdoba oro”, con una paridad de 1 a 1 con el dólar y de libre convertibilidad para el comercio internacional, pero no para el mercado de capitales. El Córdoba oro fue introducido lentamente y en cantidades limitadas durante 1990. No obstante, debido a los problemas estructurales de la economía, se devaluó rápidamente de C$5.00 por US$1.00 a C$6.00 por US$1.00, seguido por la adopción de un sistema pre-anunciado de deslizamiento moderado del tipo de cambio.

Las medidas cambiarias no se reflejaron en un aumento en el nivel de exportaciones, la cuales continuaron con los mismos problemas estructurales. Se utilizó parte de la ayuda externa en promover el uso de bienes de consumo para contener la inflación, el cual fue acompañado por el proceso de desgravación arancelaria y de apertura de mercados. Los aranceles pasaron en su gran mayoría de un rango de 4-253 por ciento a un rango de 10-40 por ciento. Se derogaron además algunos decretos que restringían el flujo de capitales y el libre comercio exterior y se promulgó una nueva Ley de Inversión Extranjera.

El sector financiero estableció medidas para permitir la operación de bancos privados y el establecimiento de la Superintendencia de Bancos, con lo cual siete bancos comerciales iniciaron operaciones.

1994-1998



La política monetaria estuvo dirigida a controlar la liquidez en torno a la estabilidad cambiaria y de los precios, para lo cual se aumentó el encaje legal y se realizaron operaciones de mercado abierto (CENl), a tasas de hasta el 25 por ciento de interés, disminuyendo a ll por ciento a mediados de 1997.

En materia cambiaria, se mantuvo la política de deslizamiento y de liberalización del comercio exterior, lo que permitió igualdad de condiciones a todos los agentes económicos para accesar al mercado y eliminar la distorsión en la compra de divisas.

En lo referente a política fiscal, se promovieron medidas que permitieran incrementar los niveles de tributación, a través de un sistema impositivo más simple de administrar con menos distorsiones; se ajustaron las tarifas en las empresas de servicio y se redujo el gasto público. La política salarial fue restrictiva y se llevó a cabo el Programa de Movilidad Laboral, con el objetivo de reducir el tamaño del Estado y disminuir el déficit fiscal. En 1997 se presentó una reforma tributaria que ocasionó una ampliación de la base exenta del impuesto sobre la renta, de 25 mil a 50 mil córdobas y una reducción de la tarifa progresiva.

La Asamblea Nacional aprobó la “Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria” con el objetivo de permitir los reclamos pendientes y acelerar el proceso de entrega de títulos de propiedad.

1999-2003



La política económica estuvo orientada al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF), las cuales continuaron dirigidas al saneamiento de las finanzas públicas, la apertura comercial y el manejo de una política monetaria consistente con el objetivo de estabilidad de precios internos y pagos externos.

A pesar de que la política fiscal fue expansiva, mediante la ampliación del programa de inversión pública para reconstruir las afectaciones efectuadas por el Huracán Mitch, no se registraron distorsiones inflacionarias, dado que fue financiado con recursos externos provenientes de donaciones y préstamos concesionales. Posteriormente se inició una reducción del gasto primario, protegiendo el gasto asignado a la reducción de la pobreza, y se llevaron a cabo dos reformas tributarias dirigidas a ampliar la base impositiva.

En 2001, la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) fue privatizada en un 40 por ciento y se aprobó la Ley de Supervisión de los Fondos de Pensiones.

La política crediticia fue cautelosa, luego que las autoridades de la Superintendencia intervinieron cuatro bancos insolventes, los cuales fueron vendidos a bancos domésticos sólidos. El Banco Central garantizó los depósitos y apoyó la liquidez de los bancos intervenidos, a la vez que emitía instrumentos de deuda a los bancos que disponían de mayor liquidez. Posteriormente, se inició en 2002 un plan de reducción de la deuda interna para los próximos años, para lo que fue necesario buscar fuentes alternativas de financiamiento, como la liquidación de los activos residuales de los bancos clausurados durante la crisis bancaria y la gestión de recursos adicionales de apoyo a la balanza de pagos.

A inicios de 2001 se aprobó la ley de creación del sistema de garantía de depósitos (Fogade), mediante el cual se protegen los depósitos bancarios hasta por un monto equivalente a US$20 mil. Adicionalmente, se aprobaron nuevas normativas a fin de fortalecer la solvencia del sistema financiero, principalmente en la adecuación de capital y valuación y clasificación de activos.

2004-2008



La política económica fue una continuidad de las medidas implementadas en el periodo anterior, con la diferencia de que a partir del año 2007, ésta estuvo enfocada en mejorar los indicadores sociales, con el objetivo de reducir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de la población en general.

La inflación se mantuvo en un dígito por medio del ancla nominal del tipo de cambio pre anunciado, que evitó presiones inflacionarias adicionales a las provenientes de los precios internacionales del petróleo y de los alimentos, así como de las condiciones climáticas adversas. Se mantuvo estable la volatilidad de los precios en las decisiones de gasto, ahorro e inversión.

No obstante, en 2008, la continua alza del precio del barril de petróleo obligó al gobierno a promulgar e impulsar una Estrategia Anti-inflacionaria y de Defensa del Empleo, la cual estuvo dirigida a: reducción temporal de los aranceles, rehabilitación de caminos productivos y ampliación de la oferta de granos vía canalización de donaciones e inventarios de ENABAS, que permitieran amortiguar el alza en los precios de los alimentos.

Por su parte, la política fiscal se orientó a poder reducir el déficit del balance primario del sector público y mantener constante el balance fiscal después de donaciones. Se estableció una política de gratuidad para el sector salud y educación y se garantizo el financiamiento de aquellos programas dirigidos a disminuir pobreza, sin que esto conllevara a un incremento en el déficit fiscal. La política de endeudamiento público estableció un límite máximo de contratación de deuda externa e incorporación de elementos de concesionalidad. Sin embargo, a finales del año 2008, no se realizaron los desembolsos provenientes del Grupo de Apoyo Presupuestario, debido a vacíos y déficit en los temas de Gobernabilidad y Elecciones, lo que impidió que el gasto en inversión se ejecutara totalmente.

Las decisiones de política monetaria se enfocaron en preservar el valor de la moneda y el normal desenvolvimiento del sistema de pagos como principal aporte a la estabilidad macroeconómica. Se esterilizaron las perturbaciones nominales en la mesa de cambio, mecanismo que ayudó a preservar el equilibrio en el mercado cambiario, y la reducción de la deuda interna. Su objetivo consistió en redimir títulos del BCN que devengaban tasas de interés elevadas, con reservas que devengarían una tasa de interés mucho más baja en el exterior. La política cambiaria estuvo dirigida a mantener el deslizamiento cambiario en cinco por ciento anual, con el objetivo de mantener un margen aceptable de flexibilidad en los precios.

En lo referente al sector comercial, se aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) Nicaragua-China (Taiwán), entrando en vigencia en 2008; finalizaron las negociaciones con Panamá, estando pendiente su entrada en vigencia. Así mismo, se realizaron rondas de negociaciones del TLC entre los países centroamericanos y la Comunidad del Caribe (CARICOM) e inició la negociación centroamericana para lograr un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Se prevé que concluya en julio próximo.

Las autoridades del Banco Central impulsaron por su parte un proceso de recompra de deuda externa, que permitió mejorar la solvencia del país. Un logro en política económica para el país en este período fue la formalización del alivio de deuda previsto bajo las iniciativas HIPC y MDRI.

Recuadros:

Nicaragua: Iniciativa HIPC



La Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés) fue impulsada por Instituciones Financieras Internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en septiembre de 1996. El objetivo fue ayudar a los países pobres muy endeudados a reducir el saldo y servicio de la deuda externa a niveles sostenibles.

Los requisitos para ser elegible fueron: (i) ingreso per cápita menor de US$885. El PIB per cápita de Nicaragua en 2004 correspondía a US$785; (ii) resultados satisfactorios en la ejecución de programas apoyados por el FMI y el BM; (iii) deuda externa insostenible aún después de aplicar mecanismos tradicionales de alivio.

En 1994, Nicaragua alcanzó los niveles más altos con US$11,695 millones, equivalente a 25 años de exportaciones de bienes y servicios. En septiembre de 1999, fue elegible como país para alcanzar la Iniciativa HIPC, posterior al alcance satisfactorio de programas de ajustes económicos. Se establecen los términos de Nápoles: reducción del 67% en Valor Presente Neto (VPN) aplicada al servicio de la deuda externa.

En diciembre 2000, alcanza el punto de decisión y con ello el país entra en la segunda etapa, para lo cual debe cumplir los Términos de Colonia: reducción del 90% en VPN aplicada al servicio. En enero de 2004, el país alcanza el Punto de Culminación, dado el buen desempeño del Programa Trienal de Reducción de Pobreza y Crecimiento Económico (PRGF, por sus siglas en inglés) acordado con el FMI y de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza (ERCERP).

El alivio de deuda externa totalizó alrededor de US$5,119 millones en términos de VPN. Además, produjo beneficios tales como: (i) sostenibilidad de la deuda externa; (ii) sostenibilidad del servicio de la deuda externa; (iii) financiamiento para programas de reducción de pobreza; (iv) mejora en el clima de inversión.

Cronología de la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)



En 1946, Nicaragua ingresó al grupo de países que forman parte del FMI. En 1994, la oficina del representante residente inició operaciones. A partir del año 1991, el país ha utilizado en cuatro ocasiones los recursos del FMI para respaldar programas económicos y financieros.

En 1991, el Gobierno de Nicaragua efectuó un acuerdo de derecho de giro (stand by arrangement en inglés) con el FMI para un período de 18 meses. El Programa de Estabilización Económica y Ajuste Estructural presentó entre sus principales objetivos reducir la inflación y fortalecer la balanza de pagos.

En 1994, se inicia un programa integral de mediano plazo (tres años) cuyos objetivos fueron: establecer las bases para un crecimiento sostenido, continuar reduciendo la inflación, y fortalecer las reservas del Banco Central. Solamente se cumplió un año de programa.

En 1997, el Gobierno solicita al FMI un nuevo acuerdo bajo el esquema de Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF por sus siglas en inglés), para un período de tres años. El objetivo principal fue combatir la pobreza y reducir el desempleo. El programa fue aprobado por el directorio del FMI en marzo de 1998, ese mismo año el Gobierno solicitó un aumento en el financiamiento.

En el año 2001, las autoridades se comprometieron a ejecutar un programa interino con el fin de mejorar el comportamiento fiscal y fortalecer el sistema financiero, para facilitar la transición con el Gobierno que tomó posesión en el año 2002 (Enrique Bolaños).

En 2002, el Gobierno remitió el Memorando de Políticas Económicas y Financieras y suscribió el Programa denominado “Programa de Reducción de la Pobreza y Crecimiento (PRGF, por sus siglas en inglés)”. El objetivo principal fue reanudar el crecimiento económico rápido y sostenido en un contexto de baja inflación, junto con una reducción sustancial de la pobreza. El cumplimiento satisfactorio de este programa contribuyó a que el país alcanzara el Punto de Culminación de la Iniciativa HIPC, en el año 2004. El acuerdo finalizó en 2006 con la onceava revisión y fue catalogado como un programa exitoso en su cumplimiento.

En 2007, se remitió un Memorando de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) con el objetivo de crear condiciones para una reducción de la pobreza y un crecimiento económico, en un contexto de estabilidad macroeconómica, sostenibilidad de las finanzas públicas y de las cuentas externas. El directorio del FMI lo aprobó posteriormente.

Apoyo financiero truncado



El Acuerdo Conjunto de Financiamiento (ACF) fue suscrito por el Gobierno de Nicaragua y el Grupo de Apoyo Presupuestario (BSG por sus siglas en inglés), en 2005, para proporcionar recursos de libre disponibilidad en apoyo a la gestión presupuestaria, en el marco de contribuir a la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP).

El compromiso del Gobierno ha sido el cumplimiento de condicionalidades, en temas como: estabilidad macroeconómica, administración de las finanzas públicas, desarrollo productivo y rural, bienestar social y gobernabilidad. Las actividades e indicadores se han agrupado en cinco Matrices de Evaluación del Desempeño (PAM por sus siglas en inglés).

El grupo de organismos y países que conforman el BSG está compuesto por: Banco Mundial, Comisión Europea, y los gobiernos de Suecia, Noruega, Finlandia, Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos y Suiza. Recientemente, el BID y Canadá se incorporaron como observadores.

El ACF se rige por los siguientes principios fundamentales: compromiso con el derecho internacional y la previsión de conflictos, respeto por los derechos humanos, principios democráticos incluidos elecciones libres y justas, estado de derecho, independencia del Poder Judicial, procesos democráticos libres y transparentes, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, políticas macroeconómicas sólidas y compromiso con la reducción con la pobreza.

En el año 2008, el ACF suspendió los desembolsos presupuestados al Gobierno de Nicaragua.

Banco Mundial: Un donante concesional



El Banco Mundial (BM) es uno de los principales organismos financieros para Nicaragua. Los préstamos que el BM ha efectuado han sido altamente concesionarios y han estado dirigidos a la Reducción a la Pobreza.

La cooperación del BM se enmarca en una Estrategia de Asistencia de País (CAS por siglas en inglés) que establece los niveles y áreas de financiamiento y la asistencia técnica.

Desde el año 2002, el BM ha ejecutado en Nicaragua un nuevo instrumento de asistencia en apoyo a la lucha contra la pobreza, denominado DPL (Development Policy Lending) o apoyo presupuestario. Este nuevo enfoque se concentra en la ejecución de un grupo de reformas o acciones de políticas contenidas en la estrategia de lucha contra la pobreza del país, que son consideradas claves para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza.

El crédito programático de ajuste estructural (PSAC por siglas en inglés) tuvo como objetivo ejecutar medidas para atraer inversión, fortalecer la regulación del sistema financiero, mejorar la cobertura y calidad de la educación primaria, así como los servicios de salud y de agua y saneamiento. Igualmente apoyó el fortalecimiento de los sistemas de planificación y administración del sector público y reformas del servicio civil.

Finalmente, el crédito de apoyo a la reducción de la pobreza (PRSC por sus siglas en inglés). Con este crédito se iniciaron una nueva serie de DPL que incluyeron PRSC-I y el PRSC-II. Los PRSC han contado con el co-financiamiento de la KfW, la agencia de Cooperación de Alemania.

Los desembolsos han estado condicionados principalmente con el cumplimiento de indicadores sociales, los que se han establecido y dado seguimiento en una matriz de condicionalidades interinstitucional.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)



El Gobierno ha suscrito acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales se han definidos en el marco de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP) en tres líneas estratégicas prioritarias: Desarrollo económico, Gobernabilidad y Productividad. El BID ha destinado recursos para apoyo de la balanza de pago.

El BID cuenta con cuatro instrumentos financieros para apoyar la estrategia de país: préstamos, donaciones, garantías e inversiones. De estos cuatro, el sector público recibe acceso a préstamos y donaciones; las garantías e inversiones son operaciones que se desarrollan con el sector privado. Nicaragua por ser un país HIPC, sólo puede tener acceso a recursos provenientes del Fondo de Operaciones Especiales (FOE), los que se contratan en términos altamente concesionales.

TLC despuntan al finalizar década de los 90



En la década de los 90, Nicaragua inició un proceso de apertura comercial que permitió la liberalización de los mercados, la libre convertibilidad de la moneda por divisas extranjeras, un mayor proceso de desgravación arancelaria, entre otras cosas. Lo anterior permitió una mayor promoción de las exportaciones, con un incremento de los productos nacionales en los mercados internacionales.

Nicaragua, mediante negociaciones con otros países, ha logrado garantizar cuotas de inserción de los principales productos de exportación firmando “Tratados de Libre Comercio (TLC)”. A continuación los TLC que se han suscrito:

- El TLC con México fue el primero suscrito por Nicaragua y entró en vigencia el primero de julio de 1998.
- El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, se encuentra vigente desde el año 2002.
A- partir del primero de abril de 2006, está vigente el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). Ha sido el Acuerdo Comercial de mayor alcance suscrito por Nicaragua hasta la fecha y el más importante por su envergadura. Establece las tasas arancelarias que se aplicarán sobre los productos durante un período de tiempo, hasta llegar a una tasa igual a “cero”.

En el año 2004 despuntaron reuniones para negociar el Tratado con Taiwán, posteriormente se envió a la Asamblea Nacional en julio de 2006, pero fue aprobado el 13 diciembre de ese mismo año. Entró en vigencia en enero del año 2008.

También concluyeron las negociaciones con Panamá, quedando pendiente su ratificación para su entrada en vigencia.

Actualmente se encuentra en negociaciones un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, a nivel regional. Se han realizado seis rondas de negociaciones y es posible que se efectúen dos rondas adicionales para poder concretar el tratado. Se prevé que las negociaciones regionales podrían cerrar en julio 2009.

mostrar comentarios [1]

Arriba     Imprimir     Enviar a un amigo     Comentar

Comentarios

Comentar
Nombre: *
Email: *
Comentarios: *
Verificación: *





 

  Blogs | El Observador (ver más)
Ante la cotidiana realidad de ser pobres
Gilda Charlotte Sánchez Padilla
Doble Motivo para Celebrar!!!
Juan Ignacio Martínez
¿Centellas de luz al final del túnel?
Alejandro Martínez Cuenca, PhD



Lo más escrito


Lo más leido Lo más comentado Lo más enviado