9 de octubre de 2009 - Managua, Nicaragua


FotoRoberto Fonseca

Presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) hace un balance del Movimiento de No Pago

El actual Presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), Julio Flores, luce preocupado por el nivel de violencia y de indidencia nacional, que ha alcanzado el llamado Movimiento de No Pago, en sus primeros 18 meses de accionar político. Sus banderas, sus llamados y su negativa a reestructurar dedudas, trascienden la zona de Nueva Segovia.

En esta breve entrevista, celebrada en la sede central de la microfianciera Fondo para el Desarrollo Local (FDL), el Presidente de Asomif habla del efecto negativo del Movimiento al sector de las microfinanzas y las posibles soluciones a la vista.

Desde la óptica de Asomif, ¿qué persigue el Movimiento del No Pago?



El año pasado, después de las primeras protestas del Movimiento de No Pago, las instituciones de microfinanzas y un par de bancos, llegamos a un acuerdo con los líderes de ese movimiento para reestructurar las deudas a cerca de 1.500 productores, comerciantes y otros. En ese acuerdo se establecieron plazos de 4 a 5 años, reducción de tasas de interés, 6 meses de gracia para no pagar ninguna cuota, etc.

Sin embargo, no sé porqué razón los líderes de este movimiento cambiaron su discurso, porque cuando empezamos a reestructurar a los clientes, sólo se acercaron a las instituciones alrededor de 500 clientes. De estos 500 clientes que se reestructuraron en el Norte, menos del 5% está pagando la deuda, incluso con los compromisos ya reestructurados, con reducción de tasas de interés, con ampliación de plazos, con reducción de cuotas. Repito, menos del 5% está pagando.

Después empezaron a decirle a los clientes que no llegaran a las instituciones, que ellos iban a negociar otro paquete diferente, con la Ley de Moratoria, donde están pidiendo 20 años de plazo, 5 años de gracia sin pagar intereses y prácticamente no pagar las deudas. También dijeron que los iba a financiar Caruna, luego el Banco Produzcamos.

Con esos planteamientos se han trasladado a otras zonas del país, a organizar directivas en todos los municipios, con una clara intención de debilitar al Sistema Financiero. Hay una carta famosa que se filtró, en la cual el líder de este movimiento se dirige al responsable del CPC de San Juan de Río Coco, en donde le dice que apoye al movimiento, porque tiene la finalidad de acabar con las instituciones microfinancieras.

Vemos que el liderazgo de este movimiento lo que busca es destruir un sistema y no hay posibilidades de sustituirlo por otro. Nosotros, las microfinanzas, representamos una cartera de US$550 millones, colocados en más de 500 mil clientes a nivel nacional. Hay un tendido de servicios financieros de 300 oficinas en todos los municipios del país y, los casos que pasan a cobro judicial no sobrepasan el 1% de los clientes.

El gobierno nos hizo un llamado a que las instituciones redireccionáramos los créditos de las áreas de consumo y servicio hacia las áreas de consumo y servicios hacia la producción. Así que les enseñamos las cifras y pudieron verificar que el 50% de nuestra cartera estaba colocada en el sector agropecuario y que eso significaba US$120 millones en más de 105 mil clientes a esa fecha.

¿Qué salida avizoran ustedes?



Nosotros hemos reestructurado sus deudas a 25.000 clientes, pero para nosotros resulta imposible otorgar las condiciones propuestas en la Moratoria, ya que los proveedores de fondos nos han acortado los plazos a dos años y nos han subido las tasas cerca de 2%; antes pagábamos 9% y hoy pagamos 11%; antes nos daban a 4-5 años y hoy nos dan a 18 meses, nos han recortado los plazos.

La salida, entonces, es que vendamos la cartera de esa gente al Banco Produzcamos, estoy seguro que de parte nuestra está la disposición de vender esa cartera e incluso negociar con descuentos si es necesario para que se encuentre la salida apropiada. Estamos procurando plantearle esto al gobierno.

La otra alternativa es que se den cuenta que las instituciones están en la posibilidad de hacerles una reestructuración en función de la condición económica de cada cliente. No es lo mismo el propietario de una pequeña pulpería que debe 5 mil córdobas, que un productor ganadero que debe 300 mil córdobas. Por eso, nosotros insistimos en hacer trajes a la medida, caso a caso en función de su capacidad de pago, en función de su actividad económica.


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