24 de Abril 2007 - Managua, Nicaragua

Prueba de texto q aumenta


FotoAdelmo Sandino

La problemática de la propiedad en Nicaragua ha sido sinónimo de muertos, tomas de tierras, incertidumbre entre inversionistas, protestas, juicios prolongados y regresión en la Reforma Agraria. Es sin lugar a dudas, uno de los problemas más complejos que enfrenta el país, desde hace más de una década.

En este análisis, que pretende ser una radiografía actualizada sobre la problemática, El Observador Económico busca acercarse a los orígenes del problema, a los avances en su solución y al impacto que está teniendo entre los inversionistas y en el mercado de la tierra en Nicaragua.

El problema de la tenencia de la tierra en Nicaragua se reduce a dos grandes tópicos: su estado de legalidad y su desigual distribución. El principal costo (aún no calculado en términos económicos) de estos dos componentes, es su impacto en el sector agropecuario, que ve afectada su capacidad debido a que el área real de explotación es mucho menor a la potencial y esto, a su vez, provoca menores montos posibles de producción como también de empleos.

Si tomamos en cuenta que las actividades agrícolas y pecuarias estuvieron entre las más dinámicas al segundo semestre del 2005 ( ), podemos justificar fácilmente que el sector primario del país sigue siendo un sector clave por ser el mayor generador de empleos y por representar más de la quinta parte del PIB real del país.

Inseguridad Jurídica



El primer gran problema de la tenencia de la tierra en Nicaragua, es la inseguridad jurídica de la propiedad. Esta situación, tal y como indica el actual Programa de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP), promovido por el Gobierno, redunda en un acceso limitado al crédito productivo, produce poca o nula inversión a largo plazo en el sector, incrementa la invasión de tierras como también el número de conflictos.

Asimismo, cuestiona la legitimidad de los títulos, mayores costos y tiempos para la legalización, ausencia de información para la planificación nacional y municipal, deterioro del medio ambiente, poca confianza en las instituciones y duplicidad de esfuerzos institucionales.

En el documento de Estrategia para el Desarrollo Agropecuario y Forestal de Nicaragua, se pueden apreciar los tipos de problemas de propiedad existentes en el país. El dato que más llama la atención, de la totalidad de la situación legal de la tenencia de la tierra, es que solamente un tercio de las propiedades poseen un título registrado y catastrado. Esto quiere decir sólo una tercera parte de las propiedades puede ser vendida, alquilada, regalada, heredada, cedida o donada.

Las otras dos propiedades, si se transan de cualquiera de las restantes maneras de posesión que aparecen en el cuadro, van a producir algún conflicto a terceros. Otras estimaciones apuntan que un 50 por ciento de los títulos de propiedad existentes en Nicaragua, aproximadamente, tiene algún tipo de duda sobre todo en el área rural.

El Gobierno actual en el documento “Marco de Políticas de Tierras” ( ) plantea que el problema de la inseguridad física y jurídica de la propiedad representa un alto riego para el mercado financiero y frena la inversión a largo plazo, tanto nacional como extranjera, al mismo tiempo que afecta el uso sostenible de los recursos naturales. Así, ha logrado identificar once grandes problemas sobre la tierra en Nicaragua todavía por resolver:

1. Marco legal e institucional débil y disperso
2. Poca articulación entre instituciones del sector productivo y de la propiedad antes o después de la regularización de áreas especificas
3. Trámites Legales Tardados y Costosos
4. Invasiones de tierra
5. Falta de Demarcación y Titulación de Tierras Indígenas
6. Falta de Inscripción y Demarcación de Áreas Protegidas
7. Distorsión en el mercado de Tierras
8. Irregularidad en Registro y Ausencia de Catastro
9. Legalización Inconclusa
10. Cambios en la vocación del suelo y uso inadecuado de los mismos
11. Demanda aumentada debido principalmente a duplicación de titulación de beneficiarios y otros aspectos relacionados

Para el Profesor Titular de Estructura Agraria y Economía Campesina del RUCFA, Orlando Cortez Hodgson, quien además fungió como asesor en la formulación del Marco de Políticas de Tierras, el origen de la problemática de la inseguridad de la tierra se debe a que hay sobre-posiciones de leyes.
“En cada período, ciclos de cada cuatro ó cinco años, aparecen nuevas leyes para tratar de resolver el problema que ha sido heredado de los anteriores gobiernos. Un ejemplo claro es que la Ley de Reforma Agraria sigue vigente y los títulos entregados no son validados como depósito de garantía de la propiedad. A esto hay que agregar que no existe un registro de los beneficiarios de la reforma agraria, ante lo cual grupos especulativos de tierras siguen reclamando propiedades de manera repetitiva. Es por eso que urge la presencia de un instituto especializado que construya registros, que cuantifique a quiénes se les ha dado, cuánto se le ha dado y porqué se le han dado propiedades”.

Para la Licenciada Dolores Roa, Presidenta de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Managua, “durante los años 80 se entregó la tierra a muchos campesinos, de manera colectiva o en formas de cooperativas, pero muy pocas de ellas al finalizar la década obtuvo un titulo definitivo de propiedad. El proceso tardío de entregar los títulos generó inseguridad e inestabilidad en las familias campesinas. Luego las cooperativas iniciaron su propio proceso de titulación supletoria con documentos que no tenían contenido de ley y eso generó conflictos”.

Retorna el Dualismo Agrario



El segundo gran problema de la tenencia de la tierra en Nicaragua es su alto grado de concentración. Esto trae consigo secuelas profundas, al limitar el proceso de las actividades primarias, producir una mayor migración del campo a la ciudad, postergar el desarrollo del país y complicar los esfuerzos de las políticas contra la lucha de la pobreza, sobre todo la rural que se calcula en más del 60 por ciento de los habitantes rurales, según el Banco Mundial en “Nicaragua-Reporte de Pobreza, diciembre 2003.”
El último Censo Agropecuario publicado en 2001 revela, en comparación a su antecesor, que el indicador del nivel de concentración de la tierra ha mejorado modestamente en términos del índice de Gini ( ), ya que el mismo era de 0.79 en 1963 y actualmente es de 0.71, un número bastante cercano a la máxima desigualdad.

En términos absolutos, para esa misma fecha, 1,594 propietarios que representaban el 1 por ciento dentro del rango de 500 a más, poseían una superficie de 1,769,231 manzanas, es decir el 20 por ciento del total de superficie. En tanto que 65,978 propietarios, que son el 33 por ciento, poseían una superficie de 157,541, es decir, el 1.76 por ciento dentro del rango de los 0 a 5 manzanas de tierra (véase Tabla No. 2).

No obstante, hay que hacer la salvedad de que éste es sólo un indicador, puesto que la llamada concentración puede que contengan tierras no aptas para actividades agropecuarias y sea otro su potencial productivo, que sigue de todas formas concentrado.

La tabla No. 3, muestra de manera comparativa la evolución del grado de concentración de la tierra para dos diferentes sectores. En ella se aprecia que Nicaragua se perfila de nuevo a lo que se le ha llamado dualismo agrario, donde “hay menos personas con mucha tierra y muchas personas con poca tierra, [creando una forma primitiva de distribución de la tierra: minifundismo-latifundismo], lo cual provoca que campesinos que antes poseían propiedades ahora se conviertan en obreros agrícolas e incluso trabajadores de sus antiguas fincas”, comenta la Licenciada Roa.

Esta situación es preocupante si tomamos en cuenta que el acceso a la tierra y su explotación sostenible es hoy considera como una condición necesaria para disminuir la pobreza rural en el mundo en desarrollo. Por tal motivo, a inicios de marzo se llevó a cabo en Porto Alegre-Brasil, la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (véase el Cuadro No. 1) donde las estadísticas actuales, que se presentaron en las reuniones, plantearon un horizonte sombrío para el cumplimiento de las metas del milenio en el 2,015:

1. Según la ONU, unos 900 millones de personas viven en áreas rurales con menos de un dólar diario.

2. Hay 852 millones de personas padeciendo hambre en el mundo, tres cuartos de ellas en zonas rurales y dependiendo del acceso a la tierra y otros recursos naturales para sobrevivir. Entre el 30% y 40% de los habitantes en América Latina vive en zonas rurales y dependen de la tierra para su subsistencia, según la FAO

3. La mayoría de los 1.3 millones de víctimas del trabajo forzado en América Latina viven en regiones rurales, lo que hace aún más urgente la distribución de tierras en la región, según la OIT.

4. El objetivo de Naciones Unidas de reducir en la mitad el número de personas que pasan hambre, con las actuales tendencias, no será alcanzado en 2015 sino en 2150", según Jacques Diouf, secretario general de la (FAO).

Reforma agraria no está en agenda mundial



La II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo (CIRADR) contó con la representación de al menos 96 Estados miembros de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), representantes de más de 70 organizaciones campesinas y de la sociedad civil de todo el mundo.
La conferencia se basó principalmente en dos objetivos: colocar nuevamente la reforma agraria en la agenda mundial y debatir las políticas de distribución de tierra y de agua, de cara al compromiso que asumieron los países de la ONU de reducir a la mitad el número de pobres y de personas con hambre para 2015.

Los ejes del debate se centraron en cinco elementos: las políticas y experiencias que mejoraron el acceso de los más pobres a los recursos, la construcción de capacidades locales, nuevas oportunidades de desarrollo de las comunidades rurales, cómo combinar reforma agraria, justicia social y desarrollo sustentable y finalmente soberanía alimentaría.

Esta Segunda conferencia fue muy criticada por una simple razón: los gobiernos del mundo no le dan a estos temas mucha importancia ya que les tomó casi 30 años para volver a tomar este tema (La primera conferencia se llevó a cabo en Roma en 1979). Sólo 80 países de los 188 invitados por la FAO enviaron delegaciones a Porto Alegre y ni un sólo presidente estuvo presente.

Resultados en la declaración de la segunda CIRADR:



1. No se aprobó el plan de acción ni se encaminó la creación del comité internacional de observadores para acompañar su puesta en marcha, prometidos por el secretario general de la FAO en la inauguración de la conferencia, pero se "abrieron ventanas" para hacerlo en el futuro.

2. En la declaración, los gobiernos firmantes se comprometen a desarrollar mecanismos de diálogo y cooperación para reforzar los procesos de reforma agraria y desarrollo rural, a nivel nacional e internacional, y a establecer mecanismos de evaluación periódica sobre los progresos que se realizarán en estas materias.

3. Reiteran también su compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y reconocen también que la inseguridad alimentaria, el hambre y la pobreza rural son producidas generalmente por el desequilibrio en el proceso de desarrollo actual, que impide un acceso más amplio a la tierra, al agua y demás recursos naturales y otros bienes.

4. Los países firmantes de la declaración reafirman que un acceso y control más amplios, seguros y sostenibles sobre la tierra, el agua y demás recursos de los que dependen las poblaciones rurales son esenciales para la erradicación del hambre y la pobreza, lo que contribuye al desarrollo sostenible y debería ser parte integral de las políticas nacionales.