24 de Abril 2007 - Managua, Nicaragua

Prueba de texto q aumenta


César Moya

Del 17 al 22 de septiembre de este año, algunos medios de comunicación de Costa Rica, México y Nicaragua, entre los que se encontraba “El Observador Económico”, realizamos una gira de trabajo a la Región Autónoma del Atlántico Norte- RAAN- coordinada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (Word Widlife Fund- WWF-), organización independiente de conservación, que cuenta con una red mundial que trabaja en 100 países y en la cual cooperan 5 millones de personas.

A continuación las reflexiones del viaje.

Bosque, desforestación y frontera agrícola



Para quienes habitamos la zona del Pacífico de nuestro país, el bosque es algo que no conocemos a plenitud y que solamente lo relacionamos con su potencial de recursos naturales o cuando celebramos el Día del árbol o la Semana del Medio Ambiente, únicas fechas en que a nuestros jóvenes se les da conocer parte de la biodiversidad de nuestro país, lo que dificulta la instauración de una verdadera educación y cultura ambientalista-conservacionista.

En el caso de las comunidades indígenas, el bosque ha sido un elemento de vida, existiendo una interacción que se ha mantenido por generaciones. Esta relación ha fomentado el respeto y conservación a la naturaleza, por lo que no se puede argumentar que los pueblos indígenas y étnicos no utilizan racionalmente los recursos naturales. En muchos casos, no se puede decir lo mismo de las trasnacionales y de los grupos de poder político y económico, que han explotado indiscriminadamente los recursos naturales para su beneficio personal, sin considerar el desarrollo socioeconómico de la Costa del Caribe, donde actualmente se encuentran 12 de los 25 municipios más pobre de Nicaragua.

En Managua, por ejemplo, el crecimiento demográfico y la prioridad al establecimiento de negocio por sobre la protección y conservación de las áreas verdes, ha provocado la desaparición de muchas de éstas, situación que se observa en el costado norte del Barrio Villa Venezuela, en el Distrito Seis, en los alrededores de los mercados Roberto Huembes, Periférico e Israel Lewites, entre otras.

En mayor escala, con estragos más negativos y sin políticas de Estado que la detenga, avanza la frontera agrícola, la que se hace más visible cuando sobrevolamos de Managua hacia la RAAN, donde se concentra el 60% de los bosques de nuestro país y observamos la desaparición de nuestra vegetación, la erosión de nuestros suelos y; el bajo caudal de nuestros ríos. Todo esto confirma que en los últimos 50 años, en nuestro país ha desaparecido el 60% de la masa boscosa, que la deforestación avanza a un ritmo anual de 70,000 a 120,000 hectáreas y; que el 50% de la madera exportada proviene del problema crónico de la tala ilegal.

La frontera agrícola, en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, es generalmente fomentada por personas de otras regiones del país, y en muchos casos por dirigentes políticos o grupos económicos que promueven como negocio las tomas de tierras, para luego comprarlas a bajo precio e implementar la agricultura y ganadería, a costa de la desaparición del bosque.

Este avance de la frontera agrícola se ve beneficiado ante la falta de demarcación, titulación y registro de las tierras comunales de los pueblos indígenas, que contempla la ley 445: Ley de régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, aprobada el 13 de Diciembre del 2002.

Ley de Veda y la Autonomía de la Costa Atlántica



El Decreto de Emergencia Económica, emitido por el Poder Ejecutivo el 3 de mayo del 2006 y que comprende las Regiones Autónomas Caribeñas, así como Nueva Segovia y Río San Juan y, posteriormente, la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley No. 587: “Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización de recurso forestal”, reflejan las dificultades que enfrenta el Estado de Nicaragua por proteger el medio ambiente.

Aunque se cuenta con normativas legales, su aplicación no es efectiva, primero por no asignar a las instituciones protectoras del medio ambiente y sistema forestal la suficiente cantidad de recursos humanos y presupuestarios que se requieren para salvaguardar nuestros recursos naturales. Segundo, y más importante aún, por no involucrar en dichas decisiones a estos pueblos indígenas ni a sus autoridades, violando sus derechos, como lo demuestra la misma promulgación de la Ley de Veda y lo confirma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31 de Agosto del 2001, que condenó al Estado de Nicaragua a pagar 80,000 dólares a la comunidad indígena sumo de Awas Tingni, por dar a la empresa Solcarsa una concesión forestal de 61 mil hectáreas propiedad de dicha comunidad. Pago que a la fecha no se ha hecho efectivo.

La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de febrero de 1997, establece en su artículo 12 numeral 2, referente al derecho a la protección del medio ambiente, “que los pueblos indígenas tienen derecho a ser informados de medidas que puedan afectar su medio ambiente, incluyendo información que asegure su efectiva participación en acciones y decisiones de políticas que puedan afectarlo”.

Esta Ley de Veda ha venido a obstruir el desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas que están usufructuando el bosque dentro del marco jurídico del estado y con políticas de conservación y manejo forestal responsable, sufriendo pérdidas económicas que deberían ser solventadas por el Gobierno de Nicaragua, por daños y perjuicios ocasionados a estos pueblos indígenas.

Al final, el despale no se detendrá, porque las empresas madereras que no cumplen con las normativas reguladoras y conservacionistas de nuestra legislación ambiental, recurrirán a sus “padrinos” para violar impunemente las leyes.

La presente Ley de Veda prohíbe:

1- El corte, aprovechamiento y comercialización de los árboles de caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo por el período de 10 años.
2- El establecimiento o la utilización de aserríos fijos o móviles no autorizados por INAFOR.
3- La exportación de madera de rollo, timbre y aserrada de cualquier especie de madera que provenga de bosques naturales.
4- El transporte y comercialización del tipo de árboles de caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo.

Las comunidades indígenas se oponen a dicha ley. En primer lugar por el derecho milenario que tienen sobre estas tierras, derecho reconocido por los tratados internacionales entre Nicaragua e Inglaterra (Tratado de Managua de 1860 y Tratado Harrison- Altamirano de 1905). En segundo lugar porque se viola nuestra Constitución Política (artos 5, 89, 90, 107, 180 y 181), la Ley de Autonomía (Arto 8 y 23 inciso uno) y la ley 445 (Artos 29,30 y subsiguientes). En tercer lugar, porque con la veda los bosques no son cuidados y sus suelos pueden ser utilizados para otras cosas, pudiendo ser presa más fácil de los incendios y de las plagas. En cuarto lugar, porque la deforestación es un problema de vieja data que el gobierno y los demás poderes del Estado no han podido contener porque en dicho negocio maderero se dice que están involucrados políticos y funcionarios públicos. En quinto lugar porque esta ley atenta contra el derecho a la vida y bienestar de los pueblos indígenas.

Una alternativa para los bosques indígenas



Durante nuestro recorrido en el municipio de Rosita realizamos dos visitas: por un lado, a la cooperativa Agroforestal Kiwatingni, (Cookiwatingi) ubicada en Layasiksa , donde se encuentra el campamento de aserradero forestal, observando vía aérea las 4,500 hectáreas de este bosque. Por otro lado, a la empresa maderera PRADA S.A. a la cual dicha comunidad le otorgó en concesión 4,950 hectáreas, bosque al que nos adentramos casi 2 mil metros, comprobando en estos lugares el respeto a la legislación ambiental y forestal vigente.

Cabe destacar que inicialmente PRADA S.A. no se ajustaba a los parámetros de manejo forestal responsable, pero a partir de la concesión forestal que les dio Layasiksa, existe entre ésta, la comunidad y los técnicos del Fondo Mundial para la Naturaleza un objetivo común: Proteger y Conservar el Bosque, aplicando un Plan de Manejo Forestal Responsable, lográndose que esta empresa esté certificada por la organización internacional Consejo de Manejo Forestal (FSC)- Forest Stewardship Council.

El Plan de Manejo Forestal consiste en utilizar el bosque de manera racional y responsable, aprovechando los árboles que no crecerán más, dejando desarrollar a aquellos que no han alcanzado su máximo desarrollo, así como aquellos árboles más viejos que sirven como semillas para reproducir la especie; armonizando de esta forma el buen uso o aprovechamiento del bosque con las actividades productivas.

En la comunidad indígena de Las Crucetas, ubicada en el Municipio de Prinzapolka, se encuentra la Compañía Exportadora de Pino, Sociedad Anónima- CEPISA –se realizan operaciones de aprovechamiento de la madera de pino proveniente del Plan General de Manejo (PGM) sobre un área de 11,200 hectáreas.

A pesar de la diferencia de razón social (cooperativa y sociedad anónima) se constató el gran esfuerzo que se hace por mantener las fuentes de empleos para estas comunidades, dado el total abandono que padecen los pobladores, quienes conocen más de cerca la solidaridad de los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, que las políticas públicas y reales planes de desarrollo que debe de impulsar un Estado eficiente y responsable.

Con respecto a todo el proceso productivo que se desarrolla en la Cooperativa Agroforestal Kiwatingni y en la Compañía Exportadora de Pino, Sociedad Anónima (CEPISA), observamos la participación de los jóvenes y el rol de importancia que tienen en la dirección y desarrollo de esta actividad económica, lo que se traduce en el valor agregado más importante de este trabajo forestal, dado que se está contribuyendo a la formación de recursos humanos autóctonos de esas comunidades de la RAAN.

Toda esta convivencia colectiva nos permitió intercambiar experiencias con las autoridades y pobladores de estas comunidades, verificando todo el proceso productivo de la explotación razonable de la madera, que se lleva a cabo con el apoyo de los técnicos forestales del Fondo Mundial de la Naturaleza, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la legislación ambiental vigente.

Los avances cuantitativos y cualitativos obtenidos en las empresas comunitarias en Layasiksa y las Crucetas, se debe a la implementación de los modelos de manejo y comercio forestal responsable, promovido por WWF, lográndose que las propias comunidades dirijan el proceso de manejo y aprovechamiento de los bosques, fortaleciendo los niveles de organización comunal, capacitación técnica, nivel de vida y participación en el proceso de comercialización. que con la certificación forestal incrementaron el precio de la madera de rollo de seis a setenta dólares el metro cúbico.

Debilidades de las empresas comunitarias



Dichas empresas comunitarias presentan problemas y debilidades, que con el apoyo del Gobierno, la Asamblea Nacional, los Consejo Regionales Autónomos y del Sistema Financiero, éstas pueden superar.

En el caso de Layasiksa, la comunidad, por carecer de sus propios equipos y maquinarias, tiene que arrendarlos para poder extraer y aserrar la madera, lo que significa mayores costos de producción y menores ganancias. Así mismo requiere crear y acondicionar su propio aserradero para alcanzar mayor productividad.

Por otro parte, en las Crucetas, dicha comunidad cuenta con su propio aserradero, producto del apoyo del Banco Mundial, teniendo dificultades en la extracción de la madera del bosque a la comunidad y de ésta a la ribera del río (a 1,800 metros de distancia), trabajo que lo realizan los propios trabajadores con el apoyo de bueyes, por lo que requieren equipos y maquinarias que agilicen el trabajo productivo.

Asimismo, ambas comunidades no han sido demarcadas ni tituladas, conforme lo establece la Ley 445.

Ante el CAFTA y con la necesidad de desarrollar la industria forestal nacional, se requiere que estas comunidades indígenas sean dotadas de financiamiento, dado que el pie tablar de la madera certificada tiene un precio de setenta centavos dólar (US 0.70), cotizándose en el mercado internacional a cuatrocientos dólares (US $400.00) el metro cúbico, cuando ésta se entrega aserrada, lo que contribuiría a combatir los niveles de pobreza de dichas regiones

Esta es una de las tantas problemáticas que enfrentará el Presidente Daniel Ortega, electo el pasado 5 de Noviembre, quien tiene a su favor que el FSLN fue quién concretó y promovió la Ley de Autonomía y puede desarrollar en conjunto con las otras fuerzas políticas y de la sociedad civil, una estrategia o plan integracionista entre las Regiones Autónomas y el resto del país, para que el derecho ambiental y la defensa de nuestros bosques y recursos naturales sea una tarea de todos y todas.