24 de Abril 2007 - Managua, Nicaragua

Prueba de texto q aumenta


FotoNatalia Michell

¿Hasta donde debe llegar la regulación del Estado para no interferir en el buen funcionamiento del mercado? La intervención a Tropigas por parte del INE ejemplifica la necesidad de la regulación del Estado cuando se trata de bienes primordiales para el consumidor y cuando son mercados propensos a estructurarse como monopolios u oligopolios.

El gas licuado de petróleo (GLP) es un bien relevante en el gasto de los hogares, razón por la cual sus tarifas son reguladas por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) mediante el sistema precio paridad de importación. En la comercialización de este proudcto intervienen cuatro empresas, donde Tropigas representa el 64% del mercado, gracias a la infraestructura que tiene en todo el país y su trayectoria en este rubro.

Historia de la intervención



Desde agosto, Tropigas venía demandando al INE una revisión de precios del GLP por el deterioro en 100% de los mismos por la inflación e incrementos en los salarios mínimos. INE notificó a la empresa que evaluarían el caso, ya que ninguna otra empresa del sector había demandado incrementos de precios.
Sin embargo, sorpresivamente el 19 de septiembre el ente regulador recibió una carta donde Tropigas expresaba que existía agotamiento en sus inventarios y que las negociaciones con sus suplidores eran insostenibles con la estructura actual de precios, situación que provocaría un inevitable desabastecimiento en los próximos días a menos que se actualizarán los precios.

La acción inmediata del INE fue autorizar a la competencia a llenar cilindros de la marca Tropigas. Asimismo, planteó soluciones a la empresa como préstamos puentes y la importación de gas para ser embasado por Tropigas; sin embargo, la empresa insistía que el problema eran los precios. Al no llegar a un arreglo, el 24 de septiembre, por petición del INE, el Presidente de la República, Daniel Ortega, decreta un estado de emergencia económica para intervenir la empresa.

Ante la negativa de la empresa de mostrar sus planes de adquisición e informes financieros, la Junta Interventora importó de forma inmediata el faltante, coordinó entregas de gas a los departamentos desabastecidos, orientó restablecer los canales de suministro de gas a los ejecutivos de Tropigas y; ordenó el despliegue de inspectores para constatar la normalización de las operaciones.

Cinco días después de la intervención del INE, las autoridades de ese ente regulador aseguran que se logró restablecer el orden, alcanzando la empresa inventarios para cubrir 6.2 días. A partir del 13 de octubre los inventarios se han mantenido al 85% de su capacidad, según los interventores.
A pesar que en un principio Tropigas se negó a otorgar información financiera al INE para evaluar la capacidad de la empresa para suministrar el gas, la petición de la Asamblea Nacional de colaborar con los informes permitiendo al INE tener posesión de los mismos hasta el 10 de octubre.

Luego que la Junta Interventora estudió el caso y la información, concluyó que Tropigas nunca estuvo incapacitada para garantizar el suministro de gas, ya que durante la intervención se encontró inventarios para 2.7 días, contrario a lo que expresaba la carta.

Asimismo, se constató que tenían contratos de suministro de gas hasta diciembre del 2008 con dos de sus proveedores, a pesar que la carta expresaba que estaban en negociaciones. También a menos de una semana de la intervención, la empresa normalizó sin ningún problema la importación de gas con sus suplidores. Además, aunque existen altos grados de endeudamiento en relación al patrimonio y activos totales, sus estados financieros reflejaban utilidades.

Dada esta situación, la Junta Interventora solicitó a la Asamblea Nacional ratificar el decreto de emergencia y respaldar la actuación del INE en defensa de los intereses y estabilidad de la nación. Sin embargo, pidieron que el plazo de la intervención se redujera al día siguiente de su ratificación, dado que no se justifica el gasto de recursos y tiempo, estando la empresa en capacidad de operar.

Lecciones del caso



La intervención a Tropigas, refieren las autoridades del INE, está amparada por la legislación y justificada, ya que un desabastecimiento de gas por parte de esta empresa afirman que afectaría a 1.5 millones de nicaragüenses, ocasionaría incrementos de precios por especulación y; daños ambientales por sustitución por leña.

Sin embargo, la intervención que realizó el INE ha sido criticada por la precipitación de la misma, sin antes recurrir a otros mecanismos legales, como por ejemplo, haber realizado una inspección a la empresa o pedir información financiera a la misma. No hay que olvidar que una intervención, además del gasto de recursos y tiempo que significa para el Estado, crea un malestar entre los inversionistas que dificulta el clima de negocios. No obstante, Tropigas propuso soluciones a la empresa antes de decidir intervenirla y todas ellas fueron rechazadas.

Asimismo, no era la primera vez que Tropigas presentaba este tipo de comportamientos, ya que en el año 2006 la empresa fue protagonista de dos crisis de suministro (tanto en Nicaragua como en El Salvador), así como de incumplimientos en los pesos de los cilindros de GLP que establece la ley.
Por otro lado, muchos relacionan el término intervención al de expropiación de un bien, sin embargo, José David Castillo, Director del INE, asegura que en ningún momento fue esa la intención y que los directivos de la empresa siempre mantuvieron el control sobre los bienes de la misma.

Por tanto, añade Castillo, Tropigas siempre estuvo en capacidad de operar, pero ante la negativa de la misma de evidenciarlo con información interna de la empresa, al INE no le quedó más que intervenirla.

Lo más llamativo de este caso, insiste Castillo, es el abuso de poder de la empresa gracias a que posee más del 50% de cuota en el mercado, situación que argumentan la necesidad que el Estado establezca reglas a las empresas para operar, dependiendo de las características de cada sector. Para Castillo, Tropigas quiso forzar un incremento de precio en medio de una crisis de abastecimiento aprovechándose de su posición en el mercado.

Asimismo, para Alejandro Aguilar, catedrático de la UCA, el comportamiento de Tropigas incumple con la Ley de Suministro de Hidrocarburos, ya que la misma prohíbe la escasez ficticia para fijar artificialmente los precios. Dentro de la misma ley, también incumple con la normativa de poseer al menos 10 días de inventario. Por último, el arto. 269 del Código Penal establece que aquel que provoque una situación de escasez en el mercado, con el propósito de obtener un beneficio económico, se le impondrá la pena de 600 a 1000 días de multas, de 3 a 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer profesión.

Recuadro
Intervención amparada por ley



•Aunque la Constitución Política reconoce los principios de una economía de mercado, también reconoce la libre competencia y los derechos de los consumidores.
•La Constitución Política y la Ley de Emergencia señalan que el Presidente podrá suspender derechos y garantías decretando un Estado de Emergencia.
•El sector energético y de hidrocarburos son los únicos que en sus legislaciones contemplan la intervención del Estado cuando se presenten situaciones de emergencia.
•La Ley de Suministro de Hidrocarburos establece que al decretarse el estado de emergencia por el Ejecutivo, podrá intervenir temporal y directamente cualquier eslabón de la cadena de suministro de hidrocarburo.

Recuadro
Magnitudes del desabastecimiento (22 al 27 de septiembre)



•40% de desabastecimiento a nivel nacional.
•100% de desabastecimiento en Rivas y Jinotepe por 3 y 2 días, respectivamente.
•72% de desabastecimiento en Estelí por 5 días.
•52% de desabastecimiento en Matagalpa por 2 días.
•Managua y Granada también afectados.

Fuente: INE